PAÍSFoto: AgenciaUNOLa cifra fue entregada luego de un emplazamiento de la senadora Campillai, quien pidió aclarar los criterios del Ejecutivo. El ministro Fernando Rabat evitó fijar una postura política y recalcó que los indultos serán evaluados caso a caso, conforme a la legislación vigente.
Con números sobre la mesa, pero sin definiciones de fondo. Así llegó este martes el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde confirmó que actualmente existen 28 solicitudes de indulto pendientes, en medio de la creciente presión política por el eventual uso de esta facultad por parte del Presidente José Antonio Kast.
La cifra no es menor: según detalló el propio secretario de Estado, unas 20 solicitudes datan de antes del 11 de marzo de 2026, mientras que las ocho restantes corresponden a casos más recientes.
“Hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes, existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y de las posteriores que serían aproximadamente 8, hay distintas materias no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social. Eso es lo que le puedo contestar”, sentenció Rabat.
Pero más allá del desglose, Rabat optó por una línea cauta: cada caso se evaluará “uno a uno”, ajustado a la legislación vigente, sin adelantar criterios políticos ni compromisos concretos.
El tema lo instaló con fuerza la presidenta de la comisión, la senadora Fabiola Campillai, quien no solo pidió cifras, sino que tensionó el debate de fondo: si otorgar indultos a agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos —tanto en dictadura como en el estallido— puede terminar configurando impunidad y contravenir estándares internacionales.
Campillai fue más allá. En un tono directo, emplazó al ministro a transmitir un mensaje claro a La Moneda: que el Ejecutivo escuche también a las víctimas. “Estamos hablando de una revictimización evidente”, advirtió, exigiendo que el Presidente reciba a familiares de afectados tanto del estallido social como de la dictadura.
Rabat, sin embargo, esquivó el fondo del cuestionamiento. Reiteró que la facultad de indulto existe y que su aplicación depende exclusivamente del análisis de cada expediente. Sin juicios de valor.
La sesión —a la que también asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira— no solo giró en torno a los indultos. El ministro expuso las prioridades legislativas de su cartera para el período, en una instancia solicitada por la propia Campillai tras asumir la presidencia de la comisión. Sobre la mesa también estuvieron temas sensibles como políticas migratorias con enfoque en grupos vulnerables.
En paralelo, participaron representantes de organizaciones de derechos humanos, como Alicia Lira (AFEP), Gaby Rivera (AFDD) y Nelson Aramburu, del Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos, reforzando el peso simbólico de una sesión marcada por la memoria, la justicia y las señales políticas.
Conmutación de penas: “Vamos a esperar su tramitación legislativa”
Donde sí hubo una definición —aunque por omisión— fue en el proyecto de conmutación de penas que se tramita en el Congreso y que podría beneficiar a condenados por crímenes de la dictadura recluidos en Punta Peuco. El ministro fue tajante en la forma, pero no en el fondo: el Gobierno no tiene postura por ahora. ¿La razón? El volumen de indicaciones. “Vamos a esperar su tramitación legislativa”, zanjó.
Así, entre cifras, cautelas y silencios estratégicos, el Ejecutivo deja abierto un flanco delicado: el uso del indulto en casos de derechos humanos, un terreno donde cada decisión pesa —y donde, por ahora, el Gobierno prefiere no pisar en falso.
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