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La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) solicitó al gobierno de asegurar la continuidad y el fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, iniciativa clave para esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil militar.
El programa fue creado en 2023 por la administración del expresidente Gabriel Boric, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Su objetivo es determinar el paradero de 1.469 personas desaparecidas, reconstruir las circunstancias de sus casos y garantizar el acceso a información para sus familiares.
Preocupación por cambios recientes
La preocupación de la CCHDH surge tras la decisión del gobierno del presidente José Antonio Kast de desvincular, el pasado 31 de marzo, a tres profesionales que ocupaban cargos estratégicos dentro del plan: dos abogadas y una socióloga.
En un comunicado, la organización destacó la trayectoria de las funcionarias y advirtió que estas decisiones podrían debilitar el funcionamiento del programa. En ese sentido, exigió que no existan restricciones operativas ni modificaciones que comprometan su continuidad.
Alertas sobre retrocesos en derechos humanos
La comisión también manifestó su preocupación por lo que considera señales de una “orientación regresiva” en políticas relacionadas con derechos humanos en el país.
Entre los ejemplos mencionados, se encuentra el intento de indultar a personas condenadas por graves violaciones durante el estallido social de 2019, que dejó más de 3.700 víctimas, muchas de ellas con secuelas graves como trauma ocular.
Asimismo, criticó iniciativas como el proyecto que busca otorgar prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad, y el retiro desde la Contraloría del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029.
Exigencias al Estado
Frente a este escenario, la CCHDH rechazó cualquier medida que pueda implicar impunidad y solicitó mayor transparencia en las decisiones que afectan a los equipos encargados del Plan Nacional de Búsqueda.
Finalmente, la organización reiteró la necesidad de que el Estado chileno cumpla plenamente con sus obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, principios fundamentales para consolidar una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.
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