La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) que lidera la mainistra Mara Sedini a realizar un sumario administrativo para determinar responsabilidades de funcionarios públicos, tras las publicaciones que aludían a un supuesto “Estado en quiebra”.

La decisión se da luego de diversas denuncias presentadas por parlamentarios y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, además de particulares, quienes cuestionaron el contenido de mensajes asociados a la campaña #PlanChileSaleAdelante.

Cuestionamientos por probidad y prescindencia política

Según el dictamen N° D254/2026, las presentaciones apuntaron a que las expresiones utilizadas por autoridades del Ejecutivo —como “Estado en quiebra” o “Estado endeudado o quebrado”— podrían contravenir principios de probidad administrativa y prescindencia política.

La Contraloría recordó que los funcionarios públicos deben actuar conforme a la Constitución y la ley, respetando normas como la Ley N° 18.575, que regula las bases de la Administración del Estado. Esta establece, entre otros puntos, la prohibición de realizar actividades políticas en el ejercicio del cargo.

Asimismo, el organismo enfatizó que las redes sociales institucionales son un bien público, por lo que su uso debe limitarse a difundir información directamente vinculada a las funciones del servicio.

En su respuesta a Contraloría, la Segegob reconoció que la expresión utilizada “puede no haberse ajustado cabalmente al estándar de moderación y mesura” exigido a las autoridades.

Además, admitió que el uso de dichos términos podría haber generado confusión en la ciudadanía, por lo que informó la eliminación de la publicación cuestionada y comprometió ajustar futuras comunicaciones.

Falta de sustento técnico en las publicaciones

El órgano contralor señaló que, si bien el ministerio expuso antecedentes sobre endeudamiento y medidas fiscales —como ajustes al gasto o cambios en el MEPCO—, no acompañó evidencia suficiente que respaldara técnica y fácticamente las expresiones utilizadas.

Esto impidió verificar que los mensajes cumplieran con los estándares de veracidad, oportunidad y precisión que exige la normativa vigente.

En su conclusión, la Contraloría ordenó a la repartición:

Instruir un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.
Remitir el acto que inicia el sumario en un plazo de 5 días hábiles.
Informar oportunamente los resultados a través del sistema SIAD.
Además, mandató adoptar medidas para evitar futuras publicaciones con “elementos imprecisos que puedan generar confusión”.

El dictamen fue firmado por la contralora general, Dorothy Pérez Gutiérrez, quien reiteró que toda comunicación institucional debe ajustarse a los principios de legalidad, probidad y transparencia.