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Conozca a los 17 agentes DINA-CNI que cometieron crímenes y que gozan de millonarias pensiones por invalidez y además están sanos

05/08/2017 |

Por Mario López M.

Escándalo es lo menos que se puede decir de las millonarias jubilaciones que reciben un puñado de militares que han sido procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, las que se han visto incrementadas por presunta invalidez. Algunos aún se encuentran encarcelados. Hasta el hijo del dictador goza de estos beneficios.

No son enfermos. Por el contrario, ellos mismos se han encargado de así reconocerlo, hasta por escrito. Estos uniformados reciben pensiones incrementadas cuyo origen está en supuestas inutilidades producidas por estrés postraumáticos, enfermedades "profesionales", muchas generadas durante el ejercicio de crueles torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de personas.

No son los únicos. Un grupo de represores asociados a la DINA y a la CNI, órganos que fueron la mano armada de la dictadura cívico-militar, aún sin tener algún grado de invalidez, obtienen millonarias pensiones que más bien parecen un premio a sus fechorías. Sume a ellos a otra elite de militares en retiro que gozan de opulentas jubilaciones a pesar de encontrarse procesados por graves delitos de corrupción, fraudes que han alcanzado a sus propias instituciones armadas, como por ejemplo el milicogate.

Los prontuarios hablan por sí solos, lo mismo las groseras cifras.  A modo de ejemplo, según información de Capredena solo entre 2006 y 2016 se acogieron a retiro 38 uniformados involucrados en ilícitos, los que hoy reciben pensiones de esa institución por un monto de más de $1.200 millones anuales. Más de la mitad de ellos (20) pertenecieron a la DINA o a la CNI. ¿Sus jubilaciones? En promedio alcanzan $2,5 millones. Son aquellos sujetos a la llamada incapacidad de segunda clase y fueron así catalogados por comisiones de Salud de las propias FF.AA.

Billones en juego

Otro dato a tener en consideración: entre 2011 y 2015 los pagos por concepto de pensiones para tres mil noventa oficiales en retiro ascendieron a 3,8 billones de pesos, o sea, tres coma ocho millones de millones de pesos. Ello consta al analizar las actas de la comisión investigadora de la Cámara sobre las irregularidades en las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, que operó en su oportunidad.

De lo que se repartió en 2015, de novecientos once mil millones de pesos por concepto de pensiones el 94 por ciento de ese monto corresponde a aporte fiscal, mientras que el restante seis son las cotizaciones de los propios uniformados. Muy distante de lo que ocurre con los civiles.

Los "inútiles de segunda clase"

1.- Jorge Vargas Bories jubiló tras acreditar una "sicosis maniaco depresiva". Se trata del  teniente y empleado civil de Ejército (r) imputado como coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso. Esas personas fueron acribilladas en el interior de un inmueble al que fueron llevadas encontrándose maniatadas y prisioneras de los servicios de seguridad.

Las informaciones difundidas en aquel entonces daban cuenta de un presunto enfrentamiento. Años más tarde se acreditó que se trató de una ejecución masiva en la que doce izquierdistas fueron asesinados entre el 15 y el 16 de junio de 1987 en la llamada Operación Albania.

2.- Emilio Neira Donoso es un oficial de Ejército (r) que integró la Central Nacional de Informaciones (CNI). Condenado por la segunda sala de la Corte Suprema el 28 de agosto de 2007 como autor del homicidio calificado de Recaredo Valenzuela Pohorecky y de José Valenzuela Levi, ambos en el marco de la denominada Operación Albania, debió cumplir pena en Punta Peuco quedando en libertad el 1 de julio de 2015.

La sentencia establece que Valenzuela Pohorecky fue "cargado" con una granada y una pistola para aparentar que se encontraba fuertemente armado y que los partícipes recibieron, el 15 de junio de 1987, la orden de "neutralizarlo", es decir, eliminarlo. Lo esperaban para emboscarlo y, sin aviso previo, lo acribillaron por la espalda. También es responsable por el crimen de Valenzuela Levi; fue el jefe del operativo quien impartió la orden de disparar a matar.

Según sus propios dichos, esa operación le causó una incapacidad de segunda clase, lo que le permite percibir dos millones 605 mil 979 pesos como pensión de invalidez. En la actualidad trabaja en una empresa.

3.- Krantz Bauer Donoso es un coronel (r) que se desempeñó a cargo de una brigada represiva, la Unidad Antiterrorista (UAT), y cuya chapa era Óscar Hernández Santa María. También forma parte de los favorecidos por las pensiones de invalidez. La causal esgrimida fue "TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierda y hemorragia subaracnoide".

Fue integrante de la CNI, miembro de la Brigada Plomo, jefe de las Brigadas Azul y Verde de esa organización criminal. Fue involucrado a los crímenes de José Carrasco y Paulina Aguirre Tobar. Tambiénlo estuvo en la desaparición de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. De "destacada" participación en la Operación Albania.

4.- César Acuña Luengo recibe pensión por "psicosis afectiva". Usaba la chapa de Cristián Correa Solar o "el paco Correa" y era integrante de la División de Seguridad de la CNI. Está condenado a tres años de presidio menor en su grado medio por su participación en el Caso Albania, conocida como la Masacre de Corpus Christi.

Es empleado civil de Ejército (r) y se le relaciona con los acribillamientos de varios de los prisioneros de la Operación Albania, asesinados en el suelo, lo que más tarde permitiría demostrar que no se trató de un enfrentamiento.

5.- Pedro Fernández Dittus es el capitán (r) culpado por quemar vivos a dos jóvenes durante una jornada de protesta contra Pinochet, Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, donde solo la última logró sobrevivir a las graves quemaduras. Goza de una pensión de invalidez posguerra.

En el caso "Quemados" se acreditó que Rojas y Quintana fueron rociados con bencina y luego les prendieron fuego. Fernández Dittus estaba a cargo de la unidad y ordenó -de acuerdo con la causa-, que los cuerpos vivos y aún humeantes fueran cubiertos con frazadas y subidos a un vehículo de la patrulla. Luego serían abandonados, agonizantes, en una acequia en el sector rural de Quilicura. Efectivos policiales los encontraron y trasladaron de urgencia a la Posta Central.

6.- Jaime Torres Gacitúa. Este oficial de ejército (r) fue integrante de la CNI y se vanagloria de haber sido "Asesor de seguridad" de Pinochet. También formó parte del Servicio Secreto del DINE. El 11 de agosto de 2015 la Corte Suprema lo condenó por su participación en el caso de Eugenio Berríos, el ex químico de la DINA que en 1991 huyó a Uruguay donde fue secuestrado y posteriormente asesinado para que no hablara.

Recibió diez años y un día de presidio. Huyó y se mantuvo prófugo por largo tiempo y respecto de varias causas en que se le imputa participación. Fue apresado y recluido, y está en Punta Peuco. Recibe una pensión de 1 un millón 647 mil 687 pesos por invalidez de segunda clase.

7.- Rubén Agustín Fiedler Alvarado es un oficial (r) de la DINA, condenado por el homicidio calificado del jefe de la V Región del MIR, Alejandro Delfin Villalobos Díaz. Lo asesinó a quemarropa de un disparo a la cabeza, según la sentencia de la Suprema.

Fiedler no pudo guardar para sí su "hazaña" y estando asignado al "Regimiento Maipo se unió al trabajo de la DINA y le reconoció a un compañero de armas que él había capturado a Villalobos Díaz, con una participación tan relevante que le significó un premio", sostiene la sentencia.

Igualmente aparece condenado a cinco años y un día de prisión por la muerte de Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Sonia Ríos Pacheco, Carlos Rioseco Espinoza, Abel Vilches Figueroa y Elías Villar Guijón, detenidos en Viña del Mar y trasladados a Villa Grimaldi, donde desaparecieron. Por tan "heroicas acciones", goza de una pensión de invalidez de 1 millón 340 mil pesos mensuales. Participó de cursos en la Escuela de las Américas en enero de 1969.

8.- Patricio Ferrer Ducaud fue condenado en 2013 a quince años de cárcel efectiva por los homicidios calificados de 14 personas ocurridos 19 de octubre de 1973 en la Quebrada El Way de Antofagasta. Es "El episodio Antofagasta" del caso Caravana de la Muerte. Por esos hechos se le asignó la pena de quince años de prisión, que cumple en Punta Peuco. "Se ha declarado ‘orgulloso' de haber cumplido con su deber militar".

Fue parte del grupo que retiró a los 14 prisioneros políticos desde la cárcel de esa ciudad y después de vendarlos y subirlos a un camión y los condujeron hacia el interior de la Pampa, donde los masacraron, tal como reconoce en sus declaraciones el general (r) Gonzalo Santelices: "Los formamos en línea frente a los camiones, que tenían las luces encendidas. Vi que estaba Fernández Larios. Enseguida se sintieron miles de disparos". Luego recogieron los cadáveres mutilados y los cargaron en los mismos camiones. Su ficha de ingreso da cuenta de que se encuentra "física y mentalmente sano", algo muy distinto a la invalidez que reclama y por la que percibe mensualmente la suma de 2 millones 161 mil 406 pesos.

Jubilados, forrados y felices

No son los únicos que gozan de suculentas pensiones, aunque no sean "incapacitados de segunda clase". Hay otros "jubilados" que viven a cuerpo rey como consecuencia de sus "gracias" profesionales: matar, torturar o hacer desaparecer personas.

9.- Roberto Ampuero Alarcón, coronel (r) que se encuentra procesado como coautor del secuestro y homicidio calificado del conscripto y militante del PC Miguel Nash, militar que se opuso a reprimir después del golpe de Estado y fue acribillado por la espalda. Su cuerpo aún no aparece. Además, en enero de 2009, el entonces ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Joaquín Billard, lo sometió a proceso por los secuestros calificados de Juan Jiménez Vidal y Nolberto Cañas Cañas.

El uniformado confesó haber disparado contra presos políticos maniatados en Pisagua. Entre el 29 de septiembre de 1973 y junio de 1974, allí fueron ejecutadas 26 personas, detenidas en ese Campo de Prisioneros. Su pensión es de 2,6 millones de pesos.

10.- Gabriel Guerrero Reeve. Este ex oficial también se encuentra condenado a quince años y6 un díapor el caso Pisagua, en particular por once de los crímenes: el de secuestro calificado de Miguel Nash Sáez, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal, y el homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón, Luis Lizardi Lizardi, Julio Cabezas Gacitúa, Julio Córdova Croxato, Mario Morris Barrios, Humberto Lizardi Flores y Juan Valencia Hinojosa, prisioneros políticos ingresados al centro de detención de Pisagua en septiembre y octubre de 1973.

No fueron fusilamientos. Hacían correr a los prisioneros y les disparaban por la espalda. Así lo confesó el ex gendarme Francisco Zamora, quien situó a Guerrero entre los oficiales a cargo de las ejecuciones. Por tales actos percibe 2,6 millones de pesos como pensión.

11.- Carlos Durán Low es un coronel (r) y ex agente de la CNI condenado a diez años y un día por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979 en la ciudad de Santiago. En ese entonces comandaba la Unidad Antisubversiva de la División Metropolitana de la CNI.

Al profesor de 32 años al momento de su ejecución, se le certificó: "En el Hospital de la Penitenciaría el médico que examina a la víctima lo ve y comprueba la gravedad de sus lesiones, por lo que ordena de inmediato una interconsulta con la Asistencia Pública, que Gendarmería cumple trasladándole a dicho Servicio de Urgencia para que sea examinado e intervenido, pero pese a los esfuerzos médicos se produce en ese lugar su deceso el día 21 de agosto de 1979, a las 06:50 horas a consecuencia del avanzado deterioro de su salud provocado durante su encierro", consigna la sentencia. Durán Low recibe de pensión 2,5 millones de pesos.

12.- Pedro Collado Martí, es un capitán (r) condenado a diez años y un día como coautor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza. Era parte del equipo de torturadores de Iquique y Pisagua autodenominado La Sonora Palacios. Todo el equipo -según testigos- se encargaba de detener, interrogar, torturar e incluso ajusticiar.

Era por entonces (1973) encargado de la inteligencia militar en Iquique. Estuvo muchos años prófugo de la justicia. Inventaron la supuesta fuga de Millar y Marín. Sus cuerpos hasta hoy se encuentran desaparecidos. Percibe una jubilación de 2,6 millones de pesos mensuales.

13.- Julio Cerda Carrasco era al momento del golpe capitán de Ejército. Está condenado a cinco años y un día como cómplice de los secuestros calificados de cinco integrantes del FPMR, en septiembre de 1987. Era parte de la oficialidad de la Escuela de Infantería de San Bernardo, de la cual dependía el campo de Prisioneros de Cerro Chena. Desde ahí desaparecieron y fueron ejecutadas innumerables personas detenidas tras el golpe.

Le cupo parte en la represión que se aplicó en Paine, donde se registran más de 70 personas desaparecidas o ejecutadas. También estuvo a cargo de la compañía de seguridad del cuartel general de la DINA (Belgrano). Allí tenía mando sobre la unidad encargada de la seguridad y la guardia. Su pensión alcanza los 3,1 millones de pesos.

14.- Jorge Smith Gumucio, es un oficial de Ejército acusado en calidad de autor por el secuestro y posterior crimen del cantautor Víctor Jara y del ex director de Gendarmería Littré Quiroga. Se entregó voluntariamente en 2013 en una unidad militar.

Víctor Jara y Littré Quiroga fueron asesinados y según autopsias registran, al menos, 44 impactos de bala y 23 impactos de bala, respectivamente, todas calibre 9,23 milímetros. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en los días posteriores, junto a los cadáveres de otras tres personas, en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano. Smith percibe una jubilación de 2,6 millones de pesos mensuales.

15.- Alejandro Forero Álvarez. Es médico y se desempeñó como comandante de Escuadrilla en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa en el Comando Conjunto supervisando -de acuerdo con las denuncias- las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda y requerido en el caso de Víctor Vega.

Habría participado como médico en la tortura de Manuel Guerrero Ceballos, en su primera detención, en 1976. Este fue posteriormente degollado junto con José Manuel Parada y Santiago Nattino, el 29 de marzo de 1985. Ha sido objeto de reiteradas funas en contra de la impunidad. Recibe 2,5 millones de pesos de pensión.

16.- Julio Castañer González, procesado por su presunta responsabilidad en la muerte de Rodrigo Rojas Denegri y por las graves quemaduras sufridas por Carmen Gloria Quintana en el llamado caso Quemados. La denuncia de otro conscripto, Fernando Guzmán, lo sindica como el autor material del atentado en contra de los jóvenes detenidos.

"¿Querís que te queme, conchetumadre, por andar haciendo hueás?", habría amenazado encendedor en mano a los detenidos por una patrulla militar en el marco de una protesta en contra de la dictadura. "Él gozaba viendo eso, haciendo sufrir al prójimo", dijo a su respecto Guzmán. Castañer recibe 2,8 millones de pesos de pensión, mensualmente.

17.- Osvaldo Andrés Magaña Bau es teniente coronel y fue sometido a proceso por el secuestro calificado de 36 campesinos en Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973. Entonces teniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo, comandó la patrulla que ejecutó los asesinatos, según el procesamiento. A él se le imputa el primer grupo que corresponde a 14 ejecutados en la cuesta Chada, el 3 de octubre de 1973.

Al menos 17 de las personas secuestradas y ejecutadas siguen desaparecidas. La ministra a cargo sometió a proceso solo a Magaña por homicidio calificado y secuestro agravado, ya que distinguió entre la responsabilidad de un oficial y la de los conscriptos que actuaron bajo sus órdenes y a quienes se habría juramentado para ocultar los hechos. Recibe 2,6 millones de pesos desde que se acogió a retiro.

Casos "especiales"

18.- Augusto Pinochet Hiriart. El hijo homónimo del dictador no está procesado por delitos de lesa humanidad, menos condenado. Según sus propios dichos, sufrió un accidente en la Escuela Militar - esguince y una torcedura- hace cerca de 40 años. "En el Ejército estuve hasta el 79. Me mandaron a Estados Unidos, me operaron y quedé bien, bien para el uso civil, pero no para el militar", explicó. Desde esa fecha percibe cerca de un millón de pesos por concepto jubilación y casi medio millón por invalidez de segunda clase.

"Yo salí inválido, me costó años volver a caminar, volver a funcionar, años. Ahora estoy caminando gracias a que me operaron de nuevo, me hicieron otras intervenciones y esto todo. Todavía tengo problemas (...) Me han chequeado varías veces, y de hecho me han operado varias veces, ahora yo pendo de un hilo y cualquier día puedo amanecer hasta ahí no más". Sin embargo, se sostiene que la "lesión" que incluso lo hace renguear en oportunidades, correspondería a una herida de bala producto de una situación de violencia intrafamiliar.

19.- Patricio Franjola Buigley. Se trata de un general de Brigada de la FACh que jubiló en 2012. Hoy recibe 6,8 millones de pesos mensuales. El también abogado y académico se desempeñó como asesor jurídico del acuerdo de rotación al que pertenece Chile ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 2002 en Montreal. Canadá.

La  causal de retiro fue "Inutilidad II clase", la que según la Dirección de Presupuesto de la Fuerza Aérea se refiere a accidentes o enfermedades que imposibiliten la continuidad en el servicio y que además dejen al afectado en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en el mundo privado. No se encuentra ni procesado ni condenado por delitos de lesa humanidad. El monto percibido como la invalidez no deja de llamar la atención para un profesional que denota salud.

Y las otras "perlas"

Si usted cree que ellos, quienes han sido procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, son los únicos que figuran en este listado, aguarde que existen otros ex oficiales que han sido procesados, esta vez por graves delitos de fraude y corrupción al interior de las FFAA, y que gozan de importantes jubilazos.

20.- Florencio Dublé Pizarro, general (r) procesado como cómplice en el llamado caso "Mirage". También fue denunciado por aplicar torturas en el AGA de la FACh tras 1973. Recibe 3,1 millones de pesos de pensión.

21.- Clovis Montero Barra, coronel (r) actualmente procesado por fraude fiscal reiterado y falsedad documental en el caso denominado "Milicogate". Se le sindica como uno de los principales responsables del millonario desfalco. Su pensión alcanza a 2,5 millones de pesos mensuales.

22.- Jorge Frez Ramírez. También involucrado en el caso "Milicogate", el coronel (r) se encuentra procesado por falsedad de facturas, habiendo recibido dinero por la tramitación y agilización de documentos que fueron base para el fraude al Ejército. Recibe 2,9 millones de pesos mensuales.

23.- Jesús Sáez Luna. Se trata del capitán de Fragata (r) a quien le fueran incautados en 2012 cerca de 150 kilos de cocaína y pasta base en su casa en Valparaíso. El fiscal de Valparaíso, Alejandro Ivelic, dijo que "es el imputado de mayor categoría que hemos logrado capturar, porque el sujeto era un verdadero capo de la mafia".

También reveló que su captura fue muy difícil, pues para despistar a la policía utilizaba las técnicas que aprendió en los cursos de inteligencia naval e inteligencia de guerra, que tomó cuando era funcionario activo de la Armada. Recibe 2,1 millones de pesos de pensión mensual.