Las obligaciones de Chile sobre los crímenes de la dictadura no pueden ser
limitadas ni conducidas por la Comisión mixta
Por medio de la prensa y de una nota en la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores, hemos tomado conocimiento del desarrollo de la XI sesión de la Comisión
Como fue determinado por las partes, las sesiones de la Comisión son reservadas y sus
actas secretas. Sólo a partir de la X sesión celebrada en Chile el 17 de noviembre 2022
se cambia esta disposición para hacer actas públicas, por lo cual hasta la fecha y
habiendo transcurrido ya más de 5 años desde la constitución de esta instancia, las
víctimas y la opinión pública no han podido acceder a información precisa sobre los
temas tratados y acuerdos adoptados. Esta condición contraviene abiertamente los
estándares de derechos humanos emanados de instrumentos internacionales, que se
refieren a la participación de las víctimas en procesos de decisión e implementación
de medidas de reparación. La Resolución 60/147 de la Asamblea General ONU (2005)
señala que es un derecho de las víctimas el “Acceso a información pertinente sobre las
violaciones y los mecanismos de reparación”, mientras la Resolución 3/2019 de la
CIDH indica explícitamente “Los Estados tienen la obligación de garantizar que las
víctimas y comunidades locales puedan participar en todas las etapas de las políticas
públicas de memoria y que puedan impulsar y gestionar iniciativas autónomas de
memoria”.
El Estado chileno tiene la responsabilidad de reparar las masivas y sistemáticas
violaciones a los DDHH cometidas por la dictadura civil-militar con colaboración de la
Colonia Dignidad, y no puede ni debe supeditar el cumplimiento de esta obligación a
los intereses, condiciones y limitaciones impuestas por un Estado extranjero.
Resulta inaudito que se continúen efectuando propuestas sobre la Colonia Dignidad en
ausencia de las agrupaciones y organizaciones que por 50 años han luchado por
verdad, justicia, reparación y memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en el enclave alemán. La nota publicada por MINREL el 19 de abril, informa sobre lo
tratado en esta última sesión y habla de la constitución de “una persona jurídica de
derecho privado sin fines de lucro, que tenga por misión principal desarrollar las
acciones necesarias para el establecimiento de un sitio de memoria y centro de
documentación”, algo que sólo es posible porque en el año 2016 la Asociación por la
Memoria y los DDHH Colonia Dignidad en conjunto con agrupaciones de memoria y
DDHH, obtuvo la declaratoria de Monumento Nacional para el predio y para la
documentación incautada desde allí por los procesos judiciales que conducidos por los
jueces Juan Guzmán y Jorge Zepeda, ante este último, la Asociación realizó gestiones
para que dicha documentación fuera trasladada el año 2017 al Archivo Nacional.
Todas ellas son gestiones que se hicieron sin la participación ni interés de Alemania,
quien sólo cuando no pudo ignorar el escándalo provocado por el estreno de la
película “Colonia” en 2016 y las exigencias de su parlamento, reconoció que era
necesario buscar formas de abordar ese vergonzoso capítulo de su historia reciente.
Se señala además que una persona jurídica se encargará del establecimiento de un
sitio de memoria y centro de documentación, asegurando “la participación de todos
los grupos de víctimas y de las asociaciones de la sociedad civil interesadas”, cuando
aún no existe certeza de que dicha entidad tendrá la tuición del espacio físico del
Monumento Nacional. Y que adicionalmente ésta se ocupará también de “formular
propuestas para las personas que actualmente viven en el lugar”, pero no es
procedente abordar problemáticas de distinto alcance y carácter, como las
obligaciones del Estado chileno frente a crímenes de lesa humanidad perpetrados por
sus agentes, junto a otras de distinta gravedad, por medio de una misma figura
institucional. Así mismo, la documentación conservada en el Archivo Nacional debe
ser sometida al tratamiento que dicha institución nacional determine, y no es posible
aceptar observaciones ni condicionamientos por parte alemana con la excusa de
“aportar a la investigación de los crímenes”. A la fecha Alemania no ha contribuido con
los procesos judiciales llevados adelante en Chile, por el contrario, sólo ha dado
refugio a jerarcas de la Colonia cómplices de los crímenes allí cometidos, o
sentenciados por la justicia chilena, como ocurre con Hartmut Hopp, Reinhard Döring
y otros.
En este escenario, donde continúa el secreto y la intromisión de un estado extranjero
en el cumplimiento de las obligaciones del Estado chileno para con las víctimas de la
dictadura, no existen garantías para confiar en tardías promesas de participación en
instancias derivadas de una comisión que no es la llamada a abordar ni resolver sobre
dichas obligaciones, por lo cual exigimos al gobierno la conformación de una mesa de
trabajo para avanzar en verdad, justicia, reparación y memoria, por los crímenes de
lesa humanidad cometidos por la dictadura en la Colonia Dignidad, dando
cumplimiento a los estándares que el derecho internacional de los derechos humanos
establece en la materia.
Santiago, 24 de abril 2023
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