MUNDO
La de suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela encendió las alarmas de los defensores de DDHH en el país, quienes aseguran que las víctimas de abusos quedaron desprotegidas y que la ausencia de asistencia técnica afectará gravemente a la población.
Este 15 de febrero el canciller de Yván Gil anunció que los representantes del organismo tienen 72 horas para irse del territorio nacional. Tras la noticia, ONG recordaron que se trata de la salida de la principal entidad de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos.
Las labores de la Oficina estaban enfocadas en evitar que se repitiesen violaciones o ataques contra los venezolanos mediante el establecimiento de alertas tempranas, reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores y concienciar y aumentar la visibilidad de los casos, indica el sitio web de Naciones Unidas.
“Hay dos situaciones: primero, los casos que ellos (la Oficina) ya estaban conociendo y trabajando y que ahora obviamente no van a poder continuar, porque no van a seguir en el país. Por otro lado, las víctimas que, al día de hoy, quieren hacer denuncias y que ya no lo van a poder hacer. Entonces allí se les priva a esas víctimas de una instancia de protección que antes tenían”, explicó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, a Efecto Cocuyo.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir que instancias internacionales informen y se pronuncien sobre lo que ocurre en Venezuela en un contexto de progresivo cierre al espacio cívico y violaciones a los derechos de libertad de expresión y asociación.
La Oficina ha emitido dos informes públicos (2017 y 2018) basados en el mandato global de la Alta Comisionada en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General.
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