
El gobierno de Maduro dio 72 horas para que el personal de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH abandone el país. La medida se produjo luego de las denuncias del organismo por recientes desapariciones forzadas. La oficina internacional se instaló en 2019 bajo el mandato de Bachelet.
El gobierno de Nicolás Maduro suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país. Los acusa de inmiscuirse en asuntos internos luego de denunciar la desaparición forzada de la activista de oposición, Rocío San Miguel.
Un total de 13 funcionarios instalados en Caracas desde 2019, luego de la visita al país de Michelle Bachelet cuando ostentaba el cargo de Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas, debieron suspender sus actividades tras ser conminados por el gobierno de Maduro a abanonar el país en una máximo de 72 horas. “Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano”, afirmó el canciller de Venezuela, Yvan Gien, en rueda de prensa.
Gien señaló que la comisión ha cumplido “un papel impropio” que “lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente confabulan en contra del país”.
En un comunicado oficial, el gobierno de Maduro calificó además a la oficina de actitud colonialista.
La detención de Rocío San Miguel
Cuándo se instaló la Oficina del Alto Comisionado
En septiembre del año 2019, la Oficina -bajo el mandato de Michelle Bachelet- firmó un acuerdo de cooperación técnica que permitió la instalación de funcionarios de ese organismo en el país.
En octubre de 2023 el gobierno venezolano amenazó con romper el vínculo después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendiera por otro año el trabajo de la Misión Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela, lo que fue calificado por el gobierno de Maduro como un “acto hostil e injerencista” en sus asuntos internos.
En ese momento expertos en derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que esto sucediera porque cerraría un canal directo para elevar denuncias contra la violación de las garantías fundamentales de la población venezolana.
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