Argentina. Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo

 By Resumen Latinoamericano  abril, 2025

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Por Luciana Bertoia. Resumen Latinoamericano, 29 de Abril de 2025.

El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.

Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py. Alfredo Astiz ya pidió que le asignen una celda individual.

El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.

El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.

Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 –que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.

Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.

El TOF 2 –que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo– recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.

Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.

Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.

“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.

“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas”, afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz.

Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. “Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”, resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

Una cárcel VIP

La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse. 

“Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato”, dice la abogada Myriam Bregman.

En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.

Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.

Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).

El plan de impunidad

Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación –durante la campaña– que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un “plenario” de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.

Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un “excelente colaborador”.

En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos  de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.

Fuente: Página 12

By Resumen Latinoamericano on 29 abril, 2025

Oficialismo acusa a Fiscalía de "denegación de justicia" en casos de DDHH durante estallido social

 Constanza Carrillo Silva

Foto: Archivo Redes Sociales.

Periodista de Prensa en BioBioChile 

A través de una declaración pública, partidos oficialistas manifestaron preocupación y una “enérgica condena” ante “la evidente denegación de justicia que representa la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas en las que se investigaban violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social de 2019.

Se trata de un comunicado firmado por la Federación Regionalista Verde Social, Partido Acción Humanista, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido Radical, Partido Socialista y el Partido Comunista.

Según señalan, conocieron una carta enviada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales -que integran entidades como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)- al fiscal nacional, Ángel Valencia.

“Esta decisión del Ministerio Público constituye un acto flagrante de denegación de justicia, manifestando una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil” por agentes del Estado”, dice la misiva.

En tanto, la respuesta de la jefa de gabinete del jefe del Ministerio Público indica: “Esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.

Declaración de partidos oficialistas

Conocido lo anterior, las colectividades antes mencionadas señalaron que “esta situación constituye una grave afrenta a los principios del Estado de Derecho y a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República de Chile y en los pactos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, representando una grave denegación de justicia, más allá de que se encuentre o no amparada por una facultad legal”. 

“La denegación de justicia socava la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Permite que la impunidad se instale, enviando un mensaje peligroso de permisividad ante posibles abusos y generando un clima de indefensión para las víctimas”, complementan.

Agregando “la denegación de justicia puede manifestarse de diversas formas. En este caso concreto, se aprecia en la inefectividad de los recursos legales, falta de rigurosa diligencia e imposición de la impunidad lo que significa concretamente no investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos, dejando a las víctimas sin reparación”.

Acto seguido, apuntan que “la denegación de justicia en el marco de los Pactos Internacionales de Derechos humanos se refiere a la falta de acceso efectivo a recursos judiciales para la protección de los derechos humanos reconocidos en dichos tratados (…) el sentido de los Pactos Internacionales es asegurar que los Estados adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a recursos judiciales efectivos y a una reparación adecuada”.

Por lo que, sostienen que “es digno de ser consignado que las violaciones de derechos humanos en Chile durante el estallido social iniciado en octubre de 2019 habían sido denunciadas por diversas entidades internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En general, coincidían en llamar al Estado chileno para investigar, sancionar a los responsables y adoptar medidas para prevenir futuras violaciones”.

Finalmente, hicieron un llamado al Ministerio Público. “Que, en el ejercicio de sus facultades legales, revierta esta medida y cumpla con la obligación de lograr verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social”, concluyen.

Registros de un estallido: Gobierno de Piñera gastó más de 4 millones de dólares en material represivo que no fue testeado

 El Ciudadano tuvo acceso a los contratos de compraventa de munición no letal y disuasivos químicos, adquiridos por Carabineros de Chile; gasto que alcanzó un monto total de 4 millones de dólares en dos meses. Sin embargo, en los antecedentes de control de calidad se revela que dichos elementos de represión policial no contaron pruebas de funcionamiento ni testeos de calidad, lo que para expertos en el tema es una grave negligencia. 

El Ciudadano.com

Josefa Barraza 

Por Josefa Barraza Díaz y Raimundo Gallardo Egaña

El 23 de octubre de 2019, el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, envió un oficio al Ministerio del Interior liderado por en ese entonces por Andrés Chadwick, explicándole que, debido a la contingencia del país y el despliegue del personal policial, se han visto en la necesidad de dotar a dichos funcionarios de elementos que les permita controlar el orden público, provocando «una demanda exponencial de pertrechos y en lo particular de disuasivos químicos, originando que los niveles de existencia se encuentren actualmente quiebre de stock».

«Se solicita por su intermedio, tenga a bien elevar el presente requerimiento al Ministerio de Defensa, con la finalidad de que se evalué la factibilidad de proporcionar a Carabineros las siguientes especies: Cartucho 37 mm (CS) 5.000 unidades, granada CS 5.000 unidades, líquido CS 1.000 litros, polvo CS (kg) 1.000, y aerosol OC 1.000 unidades», se lee en oficio, en el que Rozas insiste que es de suma importancia contar con esos «pertrechos», para continuar enfrentando la contingencia actual en el país, lo que debe ser coordinado mediante el jefe del Departamento de Armamento y Munición de Carabineros, Marcelo Lepín.

Sin embargo, ¿qué ocurrió con este encargo? 

El 25 de octubre de 2019, el director de Logística de Carabineros, Jean Camus, firmó un contrato de compraventa con la empresa TEC HARSEIM SPA -representante en Chile de CONDOR S/A Industria Química, empresa brasilera-, el que se realizó a través de trato directo, con el objetivo de adquirir material disuasivo químico y munición no letal, consistente en 50.444 unidades de cartuchos CS calibre 37, 1.455 unidades de granadas CS, y 3.750 unidades de granadas de humo.

«El precio de la compraventa que por este acto se materializa, por la adquisición de material disuasivo químico y munición no letal, asciende a un valor total de 804.422 dólares (…) Las especies deberán ser entregadas a personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, las que serán trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile», detalla el contrato, al que este medio tuvo acceso.

Sin embargo, en el ítem de Control de Calidad, se expresa que la institución (Carabineros) debido a la contingencia, previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos, solo realizará pruebas de inspección visual, con la finalidad de verificar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos. Dicha inspección visual «será realizada por personal especializado de la institución que se constituirá en la fábrica» para ejecutar tal procedimiento.

Pero, este no fue el único contrato suscrito entre Carabineros y TEC HARSEIM SPA, puesto que, el 20 de noviembre de 2019, el director de Logística, general Humberto Riffo, firmó un contrato de compraventa con TEC HARSEIM SPA, el que una vez más fue por trato directo -y no por propuesta pública-, y el que tuvo como fin obtener los siguientes disuasivos químicos: 2.079 granada de gas lacrimógeno de alta emisión, 10.000 proyectil de gas lacrimógeno de largo alcance 37/38mm, 200 proyectil de carga lacrimógena triple cal. 37/38mm, y 81 spray lacrimógeno.

Dicho contrato tuvo el valor de 170.243 dólares, mientras que las especies debían ser entregadas al personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, las que -al igual que el primer contrato- serían trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile. Pero, nuevamente en el ítem de Control de Calidad, se enfatizó que la institución (Carabineros) debido a la contingencia que había en el país, solo se realizarán pruebas de inspección visual; confirmando que no hubo un testeo físico de los elementos de represión policial.

El 29 de noviembre de 2019, Carabineros de Chile firmó un tercer contrato de compraventa, esta vez con la Importadora y Comercial Mir & Cruz Spa -también representante de CONDOR S/A Industria Química-, el que se gestó mediante trato directo, y que tuvo como objetivo la adquisición de disuasivos químicos y elementos de protección del personal policial. 

En el detalle del documento, se menciona la compra de 10.000 unidades de proyectil de largo alcance lacrimógeno cal. 37/38, 80.000 unidades de proyectil de largo alcance lacrimógeno cal. 37/40, 20.000 unidades de proyectil de carga lacrimógena cal. 37/38, 10.000 proyectiles de carga lacrimógena triple cal. 37/40, 15.000 granadas lacrimógenas triple Hyper, y 7.200 granadas lacrimógenas larga emisión.

Todo lo anterior avaluado en 3.418.200 dólares, siendo su entrega dividida en dos fechas, las que se ejecutarían por el personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, y trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile. No obstante, una vez más, el Control de Calidad de los productos sería mediante una inspección visual y no pruebas de funcionamiento.

Finalmente, el 16 de diciembre de 2019, el jefe del Departamento de Armamento y Municiones, coronel Marcelo Lepín, firmó contrato de compraventa por trato directo con la Sociedad Comercial Millenium Limitada, por la adquisición de 20.000 cartuchos calibre 12 antidisturbios tres gomas, por el monto de 10.400 dólares. Sin embargo, en el ítem de Control de Calidad, a pesar de que se informa que la inspección de los artefactos sería visual, Carabineros se reservó el derecho de «realizar pruebas de funcionamiento, para verificar la calidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos».

Es importante precisar, que el gobierno de Sebastián Piñera gastó 4.403.265 de dólares en municiones y disuasivos químicos en solo dos meses, los que según el dólar de la época (promedio de $769), son equivalentes a $3.386.110.785 (pesos chilenos); y los que tampoco enfrentaron por procesos de pruebas de calidad y funcionamiento. Además, lo anterior confirma que mientras aumentaban las cifras de heridos y/o víctimas de trauma ocular, Carabineros de Chile siguió comprando elementos de represión policial.

Según el registro de «Relación de vuelos efectuados para transportar material policial» -los que fueron ejecutados a través de tres aeronaves de la FACH-, entre el 25 de octubre de 2019 y el 30 de diciembre de ese mismo año, la Fuerza Aérea en conjunto con Carabineros realizó 12 viajes en total -ida y vuelta-, desde Santiago a Río de Janeiro, en donde se transportaron 230.209 productos de represión.

No obstante, el 21 de noviembre de 2019, los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Hernán Larraín (Justicia y Derechos Humanos), enviaron un oficio a María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en el que informaron que, debido a la contingencia, Carabineros debió utilizar escopetas antidisturbios con munición letal consistente en perdigones, los que al parecer tendría «fallas». 

«Dicha munición habría sido obtenida por Carabineros de Chile mediante contratos de adquisición suscritos con la empresa TEC Harseim, y que actualmente cuenta con estudios realizados por el Departamento de Energía Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), dan cuenta de posibles incongruencias en la información entregada por el proveedor sobre su composición, nos dirigimos a usted a fin de solicitar (…) el Consejo pueda proceder a recabar toda la información del caso (…) a fin de evaluar eventuales perjuicios para el Fisco u organismos del Estado (…) resulta fundamental indagar si una eventual composición alterada de dicha munición, podría contribuir, como producto defectuoso, en el resultado de posibles lesiones o en su gravedad», se lee en el oficio al que este medio tuvo acceso.

Tras estos hallazgos, el profesor en Ciencias Forenses de Chaminade University of Honolulu y exfuncionario del Labocar, Carlos Gutiérrez, enfatizó en la importancia de realizar pruebas de calidad y funcionamiento a material químico disuasivo, especialmente como método de protección tanto para el personal policial que lo manipula como para quienes lo reciben.

-Siempre las cosas que llegan, especialmente si son adquiridas con dinero de todos los chilenos, deben ser revisadas para saber la calidad en que llegaron. Se hizo con el COVID, por ejemplo, cuando llegaron las vacunas. El Instituto de Salud Pública (ISP) tomaba algunas muestras aleatorias y esa es la forma de hacerlo (…) En este caso se debería haber hecho lo mismo. Una situación de emergencia es una situación de vida a muerte, por supuesto, pero en el caso de manifestaciones cuando la ciudadanía se manifiesta, a favor o en contra, no es una situación de emergencia, es una situación de control de orden público, entonces, se tiene que tener ese control y revisión de los elementos. La no verificación de calidad puede afectar al funcionario que está manipulando ese elemento, y a la población civil-, explicó Gutiérrez.

Por su parte, Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, comentó que cada vez que un organismo policial busca adoptar nuevos tipos de armas, municiones o equipo conexo, debe examinar primero si estos cumplen con la finalidad que se busca, cuáles son los daños que puede generar su uso y qué restricciones se deben implementar para limitar sus alcances negativos.

-En el caso de esta compra que se efectúa con premura existen dos problemas: 1) que se consideraba que las escopetas y los agentes químicos eran inocuos o “no letales”, cuando la evidencia muestra lo contrario; y 2) que no bastaba con efectuar una inspección ocular para determinar si los pertrechos policiales estaban en buen estado de conservación y funcionamiento. Estos errores debiesen ser corregidos con medidas como: 1) prohibición de empleo de escopetas para dispersión de manifestantes; 2) limitación de concentraciones de agentes químicos; 3) adopción de procedimientos para la adopción y regulación interna de nuevos tipos de armas, munición y equipo conexo; 4) implementación de mecanismos de medición y supervisión de desempeño en el uso de la fuerza y de armas de fuego; y 5) establecimiento de responsabilidades en la cadena de mando involucrada-, sostuvo Soto.

Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, durante el estallido social se utilizó la escopeta antidisturbios en manifestaciones de manera generalizada e indiscriminada, aunque existieran informes previos de Carabineros que mostraban que era un arma no adecuada para ser utilizada hacía muchedumbres, y que podía tener graves efectos para la integridad de las personas. Por lo que, para Bustos es grave que se haya adquirido y utilizado armas menos letales en el estallido, sin los testeos necesarios, precisando en que debería ser investigado tanto en el plano administrativo como penal.

Además, el querellante en el caso que tuvo al expresidente Sebastián Piñera en calidad de imputado, el abogado Miguel Yáñez, opinó que ese gasto de 4 millones de dólares evidencia la política y la dinámica del gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social, de violar los DDHH, «porque teniendo en cuenta que en noviembre del 2019 ya se conocía la grave vulneración de los DDHH a manifestantes, con ese conocimiento, se compra más medios represivos, armas, armamentos para la policía que ya estaba violando DDHH, por lo tanto, eso es una prueba más de la idea y de la organización que propone Sebastián Piñera para violar de manera sistemática los DDHH durante el estallido social».

**Antes del cierre de esta investigación es importante precisar que, la empresa brasilera CONDOR S/A Industria Química, es reconocida a nivel latinoamericano por su venta de elementos para la represión policial. Carlos Erane de Aguiar, además de ser CEO de CONDOR, posee una vasta trayectoria relacionada al mundo político y empresarial, puesto que, fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, siendo constantemente relacionado a la gestión del expresidente de Brasil (lo que ha sido investigado por diversos medios de investigación).

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Candidatos oficialistas inscriben primarias presidenciales con un mensaje: “Unidad para Chile”

 

PAÍSCrédito: Agencia Uno

30 abril, 2025

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los candidatos oficialistas formalizaron el pacto “Unidad para Chile” ante el Servel, destacando un proyecto común para enfrentar las presidenciales y evitar “una regresión conservadora”. Carolina Tohá lidera respaldada por el PS, mientras Jeannette Jara consolida apoyos clave.

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Resumen

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Los cuatro candidatos oficialistas —Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS)— formalizaron su participación en las primarias presidenciales al inscribir el pacto “Unidad para Chile” ante el Servicio Electoral (Servel).

Previo al trámite, los aspirantes se reunieron en la sede del Frente Amplio junto a las directivas de los partidos de Gobierno, desde donde se trasladaron juntos al Servel como señal de cohesión política.

En la ceremonia, los candidatos suscribieron una declaración política destacando la importancia de un proyecto común para enfrentar las elecciones presidenciales y evitar “una regresión conservadora”.

En el texto, según indicó el diario La Tercera, afirmaron representar un “proyecto de avance social alineado con los intereses de Chile y sus regiones”, buscando construir un país “más seguro, próspero, igualitario y ambientalmente respetuoso”. Además, resaltaron la importancia de la unidad para “ofrecer un camino para que los chilenos y chilenas vivan mejor”, y cuestionaron la propuesta de la derecha, a la que acusaron de ofrecer menos derechos y libertades, junto con falta de gobernabilidad.

En su declaración conjunta, subrayaron: “Este proceso nos permite fortalecer nuestro diálogo con la sociedad para así encarnar una respuesta a sus anhelos y necesidades. De esta forma saldremos fortalecidos del proceso y trabajaremos unidos para ganar la Presidencia de la República”.

El acto de inscripción estuvo marcado por tensiones previas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, declinó su candidatura presidencial y anunció el respaldo del PS a Carolina Tohá, al igual que el Partido Radical y el Partido Liberal. Por su parte, Jeannette Jara consolidó el apoyo de Acción Humanista.

En tanto, el abanderado presidencial de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, decidió no sumarse a las primarias, a pesar de los llamados públicos y privados para que se integrara al pacto oficialista.

Durante la inscripción, se definió el orden en la papeleta para las primarias del próximo 29 de junio: Gonzalo Winter ocupará el número 1, seguido por Jeannette Jara con el 2, Carolina Tohá con el 3 y Jaime Mulet con el 4.