Imagen: Sandro Baeza/The Clinic
En el Consejo Regional de la Región Metropolitana hay al menos dos integrantes que a su vez tienen cargos en municipalidades y que han votado proyectos sobre ellas. Uno de ellos es Pedro Pablo Herreros, quien es asesor de la alcaldesa de Colina. "No hay impedimento, estoy a honorarios y la ley me ampara. No se puede tener cargo directivo en una Municipalidad", asegura. Francisco Leturia, expresidente del Consejo Para la Transparencia, no está de acuerdo y cree que debería estar prohibido tener cargos en municipios si alguien es parte del Core.
Por Martín Browne
Pedro Pablo Herreros Bejares trabaja en la Municipalidad de Colina desde 2019, en la que ha estado a cargo de diferentes funciones. En marzo de 2025, según Transparencia, seguía activo en sus labores y recibió un sueldo de $3.118.261 brutos (solo cuenta con enseñanza media). En el mismo portal su cargo se define así: “Profesional, técnico o Personal con experiencia para apoyo al gabinete de alcaldía para el desarrollo de sus labores, entre otras, destinadas a coordinar la agenda del jefe de servicio; prestar asesoría jurídica a este; gestionar asuntos de prensa y comunicaciones y realizar la coordinación entre las organizaciones sociales, vecinos y el municipio en los diferentes sectores de la comuna”. Es uno de los asesores más cercanos a la alcaldesa Isabel Margarita Valenzuela y participa habitualmente de actividades con ella.
Pero no es la única función pública que cumple Herreros. En la elección municipal del año pasado resultó electo como consejero regional (core) por la Provincia de Chacabuco, que incluye a las comunas de Colina -donde trabaja-, Lampa y Tiltil. Por ese cargo recibe, según Transparencia, un total de $2.129.781 brutos. Lo que suma un sueldo de $5.248.042 entre ambas funciones.
Herreros difunde habitualmente sus labores como core, varias en la comuna de Colina. “Ayer viernes estuvimos presentes en el cierre del proyecto “Villa Segura”. Son 250 alarmas comunitarias para las familias de la Villa Fernando Alegría de #Colina, financiadas a través del Fondo Comunidad Activa (8%) del @gobierno.santiago y aprobado por el @corestgo. ¡Felicidades a su presidenta @yovanka2015 por este gran proyecto en beneficio de sus vecinos!”, escribió en su cuenta de Instagram.
No solo eso, en el acta del 27 de febrero del Consejo Regional, que encabeza el gobernador Claudio Orrego, Herreros sometió, en su rol de presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación, a votación un tema que involucraba planos en la comuna de Colina.
Específicamente, según el acta, una propuesta de plano para el sector “Colina, Rol 1116-3 y 1303-1, con dirección Carretera General San Martín Nueva s/n, Parcela 1 Lote 3, y Avenida del Valle s/n, Parcela 1, 2 y B PC-A. Solicitante del plano don Víctor Villanueva”.
La votación fue aprobada por unanimidad, tras analizar una serie de antecedentes, entre ellos, un informe de la Municipalidad de Colina, donde trabaja Herreros, quien no se abstuvo ni inhabilitó en la tramitación y aprobó el proyecto.
Herreros no ve inconvenientes en su doble rol. “No hay impedimento, estoy a honorarios y la ley me ampara. No se puede tener cargo directivo en una Municipalidad”, dijo a The Clinic.
Pero fue el mismo gobernador Claudio Orrego, quien abordó el tema de eventuales conflictos de interés en ese consejo en una conversación sobre temas medioambientales. Así, al menos, se lee en el acta: “Yo creo que sería bueno que todos tuviéramos claro cuáles son las causales de inhabilidad y cuándo se aplican o no, particularmente, en el caso medioambiental”, dijo el gobernador. A modo de ejemplo, mencionó que la consejera Cristina Soto está casada con el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos (PPD), y se abstiene de las discusiones que involucran a la comuna.
El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, no está de acuerdo con la visión de Herreros. “Debería estar prohibido. En Chile hay mucho relajo con estos temas. En parte porque hay muchos intereses creados, en parte porque hay poca conciencia. Espero al menos que ninguno de estos cores vote, opine o intervenga en asuntos que tengan que ver con los municipios donde trabajan. Ahí el estatuto administrativo es claro, y se podría estar cometiendo un delito”, dice Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia.
Según la propia definición institucional, al Consejo Regional le corresponde, entre otros asuntos, “aprobar los Planes Reguladores Intercomunales”, “aprobar los Planes Reguladores Comunales”, y también aprobar recursos que son distribuidos desde la Gobernación, y también desde el Ejecutivo, hacia las comunas.
El caso en San Miguel
María Valeria Ponti Risseti (Renovación Nacional) se sumó al equipo de la Corporación Municipal de San Miguel tras la elección de la actual alcaldesa Carol Bown. Su incorporación fue anunciada por correo electrónico a los funcionarios por la Municipalidad de la comuna. Pero, en dichos comicios, también fue elegida como consejera regional por las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Pintana y San Miguel, comuna en la que trabaja como subdirectora de Cultura (no aparece su remuneración en Transparencia). Como consejera regional recibe $2.185.792.
En el acta de la reunión del 27 de febrero también participó de una elección que involucraba a su comuna. De hecho, ella misma abrió la votación en su rol de presidenta de la Comisión de Coordinación y Relaciones Institucionales, para modificar “para identificación presupuestaria del proyecto Programa
de Prevención y Control de la Escasez Hídrica en 17 comunas”, poryecto que distribuye $440.000.000 en 17 comunas, entre ellas, San Miguel.
La aprobación fue unánime y contó con el visto bueno de Ponti, quien no se abstuvo ni inhabilitó por su doble función en la Municipalidad.
“Como consejera regional, tengo la obligación legal de ejercer mi rol de representación y votación, salvo en casos donde exista un conflicto de interés efectivo y comprobable. En este caso, no existe tal conflicto”, dice Ponti a The Clinic.
Y agrega: “Mi vínculo contractual no es con la Municipalidad de San Miguel, sino con la Corporación Municipal, que es una entidad de derecho privado, distinta jurídica y administrativamente de la Municipalidad. Además, mi contrato se enmarca en funciones relacionadas exclusivamente con materias propias de Cultura, sin ninguna incidencia en áreas como medioambiente o gestión hídrica”.
También aseguró: “La modificación presupuestaria votada en el Core está relacionada con el Programa de Prevención y Control de la Escasez Hídrica, cuya ejecución y competencias corresponden directa y exclusivamente a la Municipalidad de San Miguel y no a la Corporación. Por lo tanto, no existe una vinculación funcional, operativa ni contractual entre mi trabajo en la Corporación y el proyecto sometido a votación. Por lo anterior, no correspondía inhabilitarme, ya que no se configuraba ningún conflicto de interés que lo justificara. La normativa establece que la inhabilitación debe fundarse en una relación directa y concreta entre la función que uno ejerce y el beneficio que se obtendría, lo cual no ocurrió en este caso. Cabe destacar que es una iniciativa regional, año 2024, donde además este año fue una aprobación a una modificación presupuestaria del gobierno regional”.
Además, hay otros casos como el de Nicole Aguilera, quien según su cuenta de LinkedIN también tiene doble función con una Municipalidad. “Actualmente me encuentro a cargo del departamento de Tarjeta Vecino de la comuna de Providencia; y siendo Consejera Regional en la Región Metropolitana, dice en su página. Pero hay una diferencia: no fue electa en ese sector de la RM y representa a las comunas de Bernardo, Calera de Tango, Buin y Paine.
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