THE CLINIC.
En más de una ocasión Claudio Ortiz (55), encargado del Departamento de Archivos del Ministerio de Defensa Nacional desde el 2023, extendió su jornada laboral hasta tres horas después del horario habitual. A menudo permanecía hasta las 20:00 horas en el tercer piso del edificio del Ministerio de Defensa, ubicado en la calle Zenteno 45, a pasos de La Moneda, revisando documentos que durante décadas habían permanecido allí, casi inadvertidos.
Al revisarlos, se dio cuenta de que muchos de esos documentos secretos y reservados emitidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet constituían un valor histórico tremendo y que quizás podían ayudar a resolver preguntas aún sin respuestas de ese período.
Ortiz estudió en el Instituto Nacional y luego Historia en la Universidad Católica. Esos conocimientos, cuenta a The Clinic, fueron parte importante de la emoción íntima y genuina que hoy le provoca conocer de primera mano esos archivos. Esa motivación, enfocada en poner en valor los documentos, coincidió con la iniciativa del Ministerio de Defensa que en mayo de este año solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) declarar como Monumento Histórico los 230 mil documentos oficiales emitidos entre 1973 y 1990.
La sesión del CMN se realizó ayer a las 16:30 horas y dictaminó que, efectivamente, estos documentos pasarán a ser parte del patrimonio nacional y, por ende, quedarán de libre acceso al público.
Entre esos papeles aparecieron, por ejemplo, instrucciones firmadas por Augusto Pinochet el 16 de abril de 1974, donde ordenaba al Ministerio de Defensa y a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas informar al Ministerio del Interior sobre todas las detenciones realizadas y cualquier modificación posterior.
También figuraba la orden ministerial N°37, fechada el 1 de octubre de 1974, que dispuso el traspaso de trece funcionarias civiles de la Fuerza Aérea a la recién creada DINA. En ese grupo estaba Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras que hoy reside en Australia y que es requerida por la justicia chilena por su presunta participación en secuestros de dirigentes comunistas.
Los documentos mostraban, además, cómo se regulaba la relación entre la justicia ordinaria y los militares: una circular del 11 de julio de 1979 instruía al personal citado a declarar por cualquier tribunal a informar previamente a su respectivo mando institucional y al ministerio, detallando el contenido de la diligencia y la identidad del magistrado a cargo.
Años después, en plena consolidación del régimen, otra orden ministerial, la N°31 del 16 de julio de 1980, establecía normas de coordinación entre las ramas de la Defensa para enfrentar lo que definían como “la lucha antisubversiva”.
La ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD), al ser consultada por The Clinic, celebró la resolución que resguarda dichos documentos: “Declarar estos archivos como Monumento Histórico significa que el Estado a través de sus instituciones se hace cargo de su conservación. Es importante proteger este material no solo para garantizar que más personas puedan conocerlo, ya sea historiadores, investigadores o ciudadanos comunes, sino porque también es un acto simbólico en que hacemos una contribución a la memoria histórica desde un ministerio que tuvo un rol protagónico en la época”.
“Estos documentos, que por mucho tiempo pasaron inadvertidos entre miles de otros papeles guardados en nuestro archivo, son una ventana hacia un periodo de nuestra historia que nunca deberíamos dejar de observar”, agregó la ministra.
Para la secretaria de Estado, los memos, oficios, órdenes y resoluciones, hablan de “una mirada desde adentro, que permite comprender mejor cómo funcionaba el aparato estatal en manos de la dictadura”.
Con todo, esta no ha sido la única medida impulsada por la cartera. Las revisiones que realizó Salinas también nutrieron la carpeta Mnemósine, presentada por el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando anunció la política nacional del Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La revisión de archivos anteriores culminó en un informe con 66 documentos del Ministerio de Defensa, remitidos en septiembre de 2024 al Ministerio de Justicia como aporte al Plan Nacional de Búsqueda.
Hasta el momento, Ortiz ha revisado 494 tomos de aproximadamente 300 páginas cada uno. De ellos, varios fueron integrados a la carpeta Mnemósine y, desde ahora, se proyecta digitalizar todo el acervo documental. Por ahora, quienes deseen acceder pueden agendar visitas a través del correo archivoinstitucional@defensa.cl.
Los archivos, también revelan la voluntad expresa de las Fuerzas Armadas de no colaborar con las primeras investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos, las que eran descritas en esos documentos como simples “maniobras políticas”. Una orden ministerial del 11 de noviembre de 1986, por ejemplo, prohibía al personal de las instituciones castrenses declarar en procesos judiciales relacionados con esos delitos sin el conocimiento previo del ministro de Defensa. El mismo texto instruía, además, a desvirtuar cualquier “campaña de ataques” dirigida contra las Fuerzas Armadas.
Entre los hallazgos figuran también documentos relativos a momentos clave de la historia. El 23 de agosto de 1973, apenas semanas antes del Golpe de Estado, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, presentó su carta de renuncia. Meses después, el 13 de noviembre de ese mismo año, una resolución de comando destinaba a Manuel Contreras a la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINE, preludio de lo que poco después sería la creación de la DINA. Y ya hacia el final del régimen, el 29 de diciembre de 1986, una orden ministerial otorgaba la condecoración “al valor” a Augusto Pinochet por lo que se describía como su “acto de valor y arrojo” al dirigir personalmente la reacción ante el atentado que sufrió en el Cajón del Maipo el 7 de septiembre de ese año.
Las firmas de Allende, Pinochet y Prats en los documentos de la dictadura
Ortiz llegó en el año 2000 al Ministerio de Defensa, al gabinete del entonces ministro Mario Fernández. Desde entonces, y hasta 2023, trabajó en distintos equipos ministeriales, incluso bajo la dirección de Andrés Allamand. Sin embargo, reconoce que en todos esos años nunca había hecho algo que lo apasionara tanto como lo que realiza hoy.
“Esto es lo que me gusta. Para un historiador es un paraíso revisar documentos que no han sido vistos por nadie. Yo siempre digo que esto es como Disneylandia”, comenta a The Clinic.
Paralelamente a las solicitudes formales del Ministerio, Salinas aprovechaba sus ratos libres para tomar algún tomo y revisarlo. En más de una ocasión se topó con documentos que lo dejaban inquieto, que no sabía bien en qué terreno se estaba adentrando. “Llegaba a hablar con mi señora y le decía: mira, encontré esto”.
Pero su impulso no era solo historiográfico. “Esto es lo que yo quiero hacer, pero me parece un imperativo ético revisar y saber qué es lo que hay acá, porque la historia y la investigación histórica son útiles para conocer y acercarnos más a la verdad”.
Entre los hallazgos que más recuerda, está un documento que le dio luces sobre cómo funcionaba la dictadura en sus primeros años, los que describe como “los más brutales”. Se trata de un oficio firmado por Augusto Pinochet como “Presidente de la Junta de Gobierno” y dirigido al ministro de Defensa.
En el texto se constata que “desde tiempo atrás se han efectuado numerosas detenciones a ciudadanos extranjeros y chilenos, los cuales no se conducen a lugares normales de detención, sino a lugares de interrogación”.
Ese proceder, continúa el documento fechado el 16 de abril de 1974, “crea dificultades al señor Ministro del Interior, a quien recurren autoridades extranjeras y familiares para establecer el paradero del o de los detenidos”.
Para resolver la situación, Pinochet ordenaba: “Usted dispondrá que los arrestos, cuando sean realizados por los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y/o las Fiscalías Militares, y estos detenidos no sean ubicados en establecimientos fijados normalmente para el efecto, se comunique al señor Ministro del Interior lo procedido, señalando el nombre del detenido, lugar de detención y, en caso necesario, la reserva que deba mantenerse y su duración”.
Ortiz describe su labor como una campaña de exploración. “Voy con el machete cortando la maleza, aclarándole el camino a otros que quieran buscar respuestas en los documentos”.
A pesar de los hallazgos, Ortiz cree difícil que la información le dé certezas a, por ejemplo, familiares de detenidos desaparecidos, pero sí cree que estos datos pueden contribuir a una esperanza.
“Estos documentos son una pequeña vela que arde en una pieza oscura, a la espera de que se prendan otras para que se ilumine todo y conocer la verdad”, dice mientras repasa las páginas de sus archivos con guantes blancos.
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