EL CLARIN
La desigualdad de ingresos en Chile es una de las más altas del mundo. Pese a las promesas de transformaciones estructurales, el modelo económico sigue mostrando un rostro implacable: la mitad de las y los trabajadores gana menos de $611 mil líquidos al mes, y las mujeres aún menos, apenas $555 mil. En un país donde la renta de vivienda, el transporte y la alimentación se encarecen cada mes, esa cifra no es vida digna: es subsistencia forzada. La pregunta vuelve con fuerza: ¿por qué en Chile, a diferencia de la mayoría de los países desarrollados, los trabajadores siguen sin tener derecho a una negociación colectiva por rama productiva?
El gobierno de Gabriel Boric había comprometido desde su inicio legislar sobre esta materia. Sin embargo, solo ahora, a meses del final de su mandato, aparece la posibilidad concreta de enviar al Congreso un proyecto de “negociación ramal” —o multinivel, como prefiere llamarlo el Ejecutivo—. La iniciativa enfrenta el rechazo férreo del empresariado y de sus gremios, que históricamente han bloqueado esta discusión con el argumento de que afectaría el empleo y la competitividad. En este nudo se juega una parte importante de la brecha entre promesas y realidades.
El debate postergado
“Hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y es parte del debate que esperamos que se dé en el Congreso”, afirmó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. El secretario de Estado pidió no dejarse llevar por prejuicios y recordó que la gran mayoría de los países de la OCDE —los mismos a los que Chile aspira parecerse— cuentan con este tipo de mecanismos.
La negociación ramal, explicó Boccardo, “permite construir ciertos pisos mínimos sectoriales que tienen que ver con productividad, capacitación, empleo, salarios”. La idea es sencilla: en lugar de que cada sindicato aislado negocie contra su empleador, se establecen acuerdos colectivos por rama de actividad económica, de manera que las condiciones básicas se extiendan a todo el sector. Una empresa más productiva podrá ofrecer mejores beneficios, pero ninguna podrá rebajar el estándar mínimo fijado en la negociación sectorial.
En palabras del ministro, este instrumento también aliviaría la hipertrofia del Código del Trabajo. “Nosotros tendemos a resolver todo incorporando un nuevo artículo (…). En otros países, eso se hace justamente con este tipo de negociación colectiva”, señaló.
El corazón de la desigualdad
El economista Gonzalo Durán y el sociólogo Benjamín Sáez, de la Fundación SOL, recordaron recientemente en una carta a El Mercurio que en Chile la sindicalización alcanza solo al 15% de la fuerza laboral asalariada. En esas condiciones, el “premio salarial” que otorga la afiliación sindical llega a muy pocos. “No es casualidad”, escribieron: el marco legal heredado de la dictadura, perfeccionado en democracia, fue diseñado para fragmentar y debilitar a los sindicatos.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, Durán insistió: “Los países que negocian por rama de actividad económica tienen mejores indicadores de igualdad. Esa era una de las grandes reformas con que este gobierno podría haber pasado a la historia”. Para el economista, la postergación no es menor: lo que está en juego no es solo una técnica de negociación, sino la posibilidad de una redistribución real en un país con brechas salariales brutales.
Los datos lo ilustran. Según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, el 68% de la población ocupada gana menos de $897 mil. Apenas un 3,3% de los trabajadores supera los $3 millones. En el comercio y los servicios, donde se concentra un quinto de los ocupados, el ingreso mediano es de $500 mil. En el otro extremo, directores y gerentes —menos del 5% del total— promedian $2 millones. A ello se suman las brechas de género: los hombres superan el millón promedio, mientras las mujeres apenas alcanzan $756 mil.
La resistencia empresarial
El rechazo del empresariado a la negociación ramal no es nuevo. Durante décadas han repetido que la medida “no crea empleo” y que “rigidiza” el mercado laboral. En realidad, lo que está en disputa es el poder de negociación: la posibilidad de que los trabajadores puedan levantar sueldos y condiciones en conjunto, sin quedar aislados frente al peso del empleador.
En países como Alemania o los nórdicos, los acuerdos sectoriales han sido parte de los cimientos del Estado de bienestar. Allí, la negociación por rama no destruyó empleos ni frenó la productividad, sino que permitió un reparto más justo del valor creado. En Chile, donde los sindicatos se encuentran atomizados y la mayoría de los trabajadores no tiene voz efectiva, la resistencia empresarial revela la defensa cerrada de un modelo que garantiza sueldos bajos y altas ganancias.
Una reforma en la recta final
El ministro Boccardo insiste en que el gobierno sigue abierto al diálogo con todos los sectores, pero también en que la iniciativa es “necesaria”. Con la reforma previsional ya en curso y con un clima político polarizado, la negociación ramal aparece como la gran deuda laboral de Boric.
En la práctica, esta discusión toca la médula del conflicto capital-trabajo en Chile: sin poder sindical a escala de sector, no hay redistribución posible. Y sin redistribución, la desigualdad seguirá intacta. La mitad del país continuará sobreviviendo con sueldos de miseria, mientras una élite estrecha concentra los beneficios del crecimiento.
De aquí a octubre se verá si el gobierno se atreve a romper el cerco histórico y abrir una puerta que lleva décadas cerrada. La negociación ramal no es un detalle técnico: es la posibilidad de que los trabajadores de Chile empiecen, por fin, a disputar la riqueza que producen.
Simón del Valle
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