Rodrigo Illanes Naranjo, ingeniero acuícola y militante del Frente Amplio, fue nombrado delegado presidencial en Atacama por el Presidente Gabriel Boric en agosto de 2024. Illanes no es nuevo en esa región. Antes había sido asesor de gabinete en la misma Delegación Presidencial. Ahora, como delegado, su sueldo asciende a $7 millones mensuales en un mes normal y sobre los $10 millones durante los cuatro meses al año en que recibe bonos especiales, pero además tiene otro beneficio desde que asumió su nuevo cargo: una casa fiscal en Copiapó, por la cual paga un arriendo de apenas $70 mil.
Vía Transparencia, se solicitó a 90 organismos públicos de Chile (entre ellos, el Poder Judicial, los ministerios, gobiernos regionales y delegaciones presidenciales regionales) información respecto de quiénes usan las casas fiscales y cuánto pagan de arriendo por ellas. Entre los beneficiados hay más de 200 funcionarios que tienen sueldos por sobre los $4 millones, quienes están distribuidos en organismos como las direcciones del Trabajo, de Obras Hidráulicas, de Obras Portuarias, de Aeropuertos y de Planeamiento, así como la de Vialidad, además de Corfo, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Educación, Servicio Agrícola y Ganadero, Poder Judicial, Contraloría, delegaciones presidenciales y gobiernos regionales.
En general, lo que les descuentan de arriendo por propiedades fiscales a los trabajadores del Estado es el 10% de su sueldo base, el cual solo representa una fracción de su salario real, por lo cual estos montos de arriendo generalmente no superan los $90 mil mensuales.
Además –como ya ha informado El Mostrador– en la mayoría de los organismos no hay límite a la ocupación, lo que ha permitido que más de un funcionario lleve más de una década habitando estos inmuebles. Algunos servicios consultados reconocen que esto es “un problema”.
Por ejemplo, en el Gobierno Regional de O’Higgins está el caso de dos funcionarios con sueldos por sobre los $4 millones (Eduardo Ferrada y Mauricio Rojas, este último encargado de auditoría interna), quienes ocupan casas fiscales desde 1995 y 2005, respectivamente. El Gore de O’Higgins contestó sobre estos casos, señalando que la actual administración, del gobernador Pablo Silva Amaya, “implementó un plan gradual de retorno de las casas al Ministerio de Bienes Nacionales, el cual avanza favorablemente”. Y que en el caso de Ferrada y Rojas, “fueron notificados oficialmente para efectos de iniciar el proceso de devolución del inmueble”. Se les enviaron preguntas a ambos funcionarios, pero no hubo respuesta.
En Concepción buena parte de los inmuebles fiscales cedidos a funcionarios públicos se ubican justo frente a la Universidad de Concepción, en pleno centro de la ciudad. Entre los beneficiados está el abogado del Gobierno Regional del Biobío Jorge Díaz Obando, quien paga $82 mil de arriendo mensual por su departamento, el cual ocupa desde hace una década.
Uno de los organismos que administra más casas en Chile es el Poder Judicial. Entre sus beneficiarios se pudo detectar a 98 jueces, quienes tienen sueldos por sobre los $7 millones. En esta repartición los funcionarios pagan mensualmente un 15% de su “sueldo base”, por lo que los montos de arriendo varían entre los 120 y los 150 mil pesos. En 24 de estos casos, el tiempo de ocupación de las viviendas supera los 10 años.
Entre estos jueces con más de una década de beneficio, hasta junio de este año, según la información entregada por el Poder Judicial, están los ministros Pablo Zavala (Corte de Apelaciones de Arica), Marilyn Fredes (Corte de Apelaciones de Iquique) y Virginia Soublette (Corte de Apelaciones de Antofagasta) y Marco Kusanovic (Corte de Apelaciones de Punta Arenas). Todos ellos pagan menos de $150 mil de arriendo.
Los sueldos de los ministros de las Cortes de Apelaciones superan los $9 millones, monto que es considerablemente aumentado en función de la asignación de zona, por la cual funcionarios públicos en Arica y en Iquique perciben un adicional de 80% de su sueldo base (que es $1 millón en el caso de un ministro de Corte), que aumenta a 140% en el caso de Punta Arenas. La asignación de zona en el caso de Antofagasta es de 60%.
Según el reglamento interno del Poder Judicial sobre la asignación de casas fiscales, estas pueden ser utilizadas por periodos de 5 años, aunque con posibilidad de prórroga. Por eso en la lista figuran 46 funcionarios con más de 10 años de ocupación. El caso más antiguo es de un funcionario de Coquimbo, que empezó a usar la vivienda fiscal en 2003.
El Poder Judicial tiene más de 200 casas asignadas a sus trabajadores a nivel nacional, aunque no todas son ocupadas por jueces o ministros, que están en el tope de la escala de remuneraciones. Sin embargo, 6 de ellas están ubicadas en Vitacura y uno de los ocupantes –al menos hasta mediados de este año– era el ministro Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuestionado por su relación con el abogado Luis Hermosilla, investigado por tráfico de influencias y quien en la actualidad enfrenta un proceso de remoción por parte del Poder Legislativo.
En su caso, le descuentan $480 mil mensualmente por un departamento ubicado en uno de los sectores de mayor plusvalía de la capital, cuyo valor de mercado es del orden de los $2 millones.
Contralores regionales
Otros funcionarios estatales de altos sueldos que también tienen el beneficio de casas fiscales son algunos contralores regionales. Según la respuesta de Transparencia de ese organismo, seis de ellos tienen casas asignadas: Juan Pablo Leone (contralor de Arica y Parinacota); Eduardo Véliz (contralor de Atacama); Hugo Segovia (contralor de Coquimbo) y Víctor Henríquez (contralor del Biobío).
Los contralores pagan alrededor de $85 mil de arriendo por este beneficio, lo que representa el 10% de su sueldo base. Al igual que en el resto de los funcionarios públicos, el descuento se les realiza por planilla. Los sueldos mensuales de los contralores superan los $7 millones y, en algunos casos, en los meses en que reciben bonos, llegan a los $12 millones.
Respuesta de la Delegación de Atacama
En el caso de la Delegación Presidencial de Atacama, esta explico que “los Delegados Presidenciales son funcionarios públicos asociados a una planta, por lo que les aplica a cabalidad el estatuto administrativo. Esta normativa contempla bajo ciertos requisitos la posibilidad de utilizar viviendas fiscales, pagando un monto por concepto de arriendo conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la ley. N18.834, siendo este el caso del delegado Illanes, quien dispone del inmueble consultado. Dicho inmueble está ubicado a una cuadra de la Delegación y los servicios públicos, por lo que ha sido utilizado históricamente por diversas autoridades regionales, entendiendo que este emplazamiento les permite estar permanentemente disponibles y con pronta capacidad de respuesta”.
Algunos organismos se negaron a entregar los datos completos solicitados para este reportaje. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos no dio los nombres de sus funcionarios beneficiados y el Poder Judicial tampoco entregó la lista de todos los que tienen asignada casa fiscal, ya que algunos de los ocupantes se negaron a ser individualizados.
NOTA: en este reportaje colaboraron Eloísa López y Lukas Figueroa.
