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Tras más de una década de indagatorias y un extenso juicio oral que se prolongó por casi tres años, el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles a todos los imputados en el caso SQM, uno de los escándalos de financiamiento ilegal de la política más sonados de las últimas décadas en Chile. Entre los exculpados se encuentran figuras de alto perfil, como el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
La resolución, adoptada de manera dividida por las juezas del tribunal, implicó un duro revés para la Fiscalía, que desde 2015 intentó probar la existencia de una red de cohecho y delitos tributarios vinculados a la empresa minera no metálica. El veredicto incluyó reproches directos al trabajo del Ministerio Público, acusando falencias en la presentación de pruebas y en la conducción del proceso.
Críticas al fallo y defensa de la Fiscalía
La fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien encabezó las diligencias de la causa, manifestó su desacuerdo con el fallo y defendió la labor investigativa. En conversación con Radio ADN señaló:
“Claramente no estoy de acuerdo con el veredicto. Yo considero que había prueba suficiente para condenar a todos los acusados”.
Según explicó, la Fiscalía presentó testimonios de más de 60 personas que reconocieron haber emitido boletas falsas sin haber prestado servicios a SQM. A su juicio, estas declaraciones eran pruebas contundentes de la falsedad documental, elemento que el tribunal desestimó
“La empresa, cuando estalla el escándalo, revisa y concluye que no hay respaldo suficiente para esos documentos. Por eso rectifica sus impuestos y paga lo adeudado. El tribunal dice que eso no basta, pero nosotros nunca lo presentamos como la única prueba”, precisó Perivancich.
El rol del SII y la dilación del proceso
Ante las críticas por la excesiva duración del juicio, la persecutora apuntó directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII).
“No lo puedo describir como un manto de impunidad, porque no sé quién estaría detrás de tal intencionalidad, pero sí hubo un actuar errático, poco consistente de parte del SII, que nos obligó a ir incorporando antecedentes con el tiempo”, señaló.
Un cierre con sabor amargo
El fallo representa el cierre judicial de una investigación que marcó la agenda política chilena durante años, revelando vínculos entre el dinero corporativo y el sistema político. Sin embargo, su desenlace deja un sabor amargo: ningún condenado, pese a la magnitud del caso y a la evidencia que, según la Fiscalía, resultaba suficiente para establecer culpabilidades.
El próximo 5 de agosto se conocerán los fundamentos escritos de la sentencia, instancia en que el Ministerio Público podría evaluar la interposición de recursos.
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