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La mañana del 18 de octubre de 2025 el centro de Santiago amaneció con calles cortadas, un puñado de manifestantes en Plaza Dignidad que se mantuvo hasta la noche y un despliegue policial que contrastaba con la magnitud de lo que alguna vez fue el estallido social. A diferencia de aquellos días de 2019 en que millones marcharon, se reunieron en cabildos y ocuparon el espacio público en la mayor protesta ciudadana desde el retorno a la democracia, este aniversario se conmemoró con pequeñas concentraciones, algunas barricadas y la persistente presencia de Carabineros.
El contraste no es solo en la escala de las movilizaciones, sino también en la narrativa política que domina el recuerdo. A seis años, la elite chilena convive con dos discursos que se retroalimentan: por un lado, el silencio oficial frente a las demandas sociales que encendieron la protesta —pensiones, salud, educación, abusos estructurales— y frente a las víctimas de la violencia estatal; por el otro, la imposición de la derecha de que lo ocurrido fue, en esencia, un estallido de delincuencia y vandalismo.
La memoria en disputa
La derecha ha logrado instalar con eficacia su relato: que el 18-O no fue un movimiento social masivo y legítimo, sino un quiebre del orden protagonizado por encapuchados. El concepto de “estallido delictual” se repite en vocerías, programas de TV y columnas de opinión, y se ha convertido en un eje de la campaña presidencial en curso. La insistencia en reducir el 2019 a saqueos y violencia invisibiliza que, durante semanas, millones de personas participaron en marchas pacíficas y asambleas territoriales, construyendo una experiencia inédita de organización popular.
En paralelo, el oficialismo y sectores de centroizquierda han preferido callar. Tras prometer verdad, justicia y reparación, el gobierno se ha quedado cortos. La senadora Fabiola Campillai lo resumió ayer con crudeza: Boric “defraudó” a las víctimas y cumplió apenas “el 1%” de sus compromisos.
El rol de los medios
La consolidación del relato conservador no habría sido posible sin la labor de los grandes medios de comunicación. En Chile, el mapa mediático está en manos de conglomerados privados que responden en su mayoría a intereses de derecha y extrema derecha. Esa concentración permitió instalar en el imaginario la imagen de un país sitiado por delincuentes durante el 18-O, ocultando deliberadamente la magnitud de la movilización social y la violencia ejercida por las fuerzas del orden.
Los noticiarios repitieron en loop imágenes de incendios, saqueos y enfrentamientos, mientras minimizaron o invisibilizaron los cabildos ciudadanos, las marchas familiares y las asambleas territoriales. Se construyó así un consenso artificial que hoy se reproduce en la política: el estallido no como demanda social legítima, sino como amenaza al orden.
Demandas vivas, respuestas ausentes
El 18-O fue la expresión de un malestar social profundo: las pensiones insuficientes, la precariedad de la salud pública, la desigualdad de acceso a la educación, el costo de la vida. Seis años después, esas demandas no han sido respondidas. Hubo un proceso constituyente frustrado, reformas truncas y una agenda social que se diluyó en medio de cálculos políticos y presiones del gran empresariado.
Hoy, con un nuevo ciclo electoral en marcha, la pregunta es si un eventual gobierno de derecha podrá gobernar olvidando esa experiencia. La historia reciente indica lo contrario: el 18-O permanece vivo como herida y advertencia. Lo que se intentó borrar con represión, impunidad judicial y olvido institucional sigue latente en la memoria de miles que se volcaron a las calles convencidos de que el sistema no daba más.
Una herida abierta
Que las concentraciones de este aniversario hayan sido pequeñas no significa que la revuelta haya sido borrada. Por el contrario, su potencia está en haber revelado un malestar estructural que atraviesa a toda la sociedad chilena. La persistencia de la narrativa oficialista de silencio, de la derecha de criminalización y de los medios de distorsión no logra ocultar la realidad: las demandas sociales siguen pendientes, y sin justicia para las víctimas, la democracia chilena continuará marcada por una deuda que no prescribe.
Seis años después, el 18 de octubre sigue recordando que Chile cambió, aunque la elite política insista en mirar hacia otro lado.
Recuadro: Cifras y voces del 18-O
11.500 causas por apremios ilegítimos investigadas por la Fiscalía desde 2019.
464 víctimas de trauma ocular confirmadas por organismos de DD.HH.
Menos del 15% de los casos de violaciones a los derechos humanos ha terminado en condena.
20.727 víctimas totales asociadas a delitos en el contexto del estallido, de las cuales un tercio corresponde a violencia institucional.
Fabiola Campillai, senadora: “El Presidente hizo apenas el 1% de lo que comprometió. Aquí hay una deuda tremenda en materia de derechos humanos”.
Gustavo Gatica, psicólogo y candidato a diputado: “La derecha ha querido instalar que el estallido fue solo delincuencia. La verdad es que fue una protesta social legítima, una manifestación de malestar de la gente por derechos básicos como pensiones y salud”.
Simón del Valle
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