29.05.2026
En la víspera del Día de los Patrimonios, la autora de esta columna alerta sobre el desfinanciamiento que tienen los sitios de memoria. Sostiene que «mientras el Ejecutivo impulsa el Día de los Patrimonios señalando que ‘el patrimonio: se vive, se cuida y se comparte’, los espacios de memoria abrirán sus puertas para evidenciar su autogestión y resistencia frente al abandono del Estado; una desatención institucional que se sostiene sobre justificaciones contrarias a los derechos humanos».
Imagen de portada: Leonardo Rubilar / Agencia Uno.
Mientras el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio convoca a celebrar el Día de los Patrimonios este 30 y 31 de mayo bajo el lema “La historia que compartimos”, más de 98 organizaciones culturales, patrimoniales y de memoria denuncian un fuerte recorte fiscal. La reducción presupuestaria para 2026 asciende a $51.750 millones, lo que representa una caída del 10% para la cartera y compromete directamente el funcionamiento y la operatividad de al menos 70 sitios de memoria declarados Monumento Nacional.
Esta reducción afecta a programas culturales, patrimoniales y de acceso a la cultura en todo Chile. Entre las iniciativas perjudicadas se encuentran el Pase Cultural, la Red de Bibliotecas Públicas y los fondos para museos. Asimismo, impacta directamente a instituciones clave como el Centro Cultural Palacio La Moneda, la Fundación Teatro a Mil, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Museo Violeta Parra. Así lo denunciaron las agrupaciones firmantes a través de la declaración pública bajo la consigna #NoEsMetáfora, afirmando que se trata del recorte más importante desde el retorno a la democracia.
Los sitios de memoria son todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, de resistencia a la represión, así como aquellos resignificados por las víctimas para la conmemoración de estos hechos. De acuerdo con los estándares internacionales, su recuperación y preservación constituyen obligaciones estatales imperativas para asegurar la verdad, la justicia, la reparación simbólica y las garantías de no repetición. Adicionalmente, constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y respetar la dignidad humana.
De acuerdo a la resolución 3/19 sobre Principios de las Políticas Públicas de la Memoria en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados deben garantizar la gestión de los sitios de memoria. Para ello, es necesario establecer mecanismos de financiamiento y un diseño institucional que aseguren su normal y continuo funcionamiento. Asimismo, se debe resguardar la autonomía de las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades locales que los administran, promoviendo la creación de equipos de trabajo permanentes, interdisciplinarios e idóneos para dar continuidad a las labores de memoria (Principio XIII “Gestión Sustentable”).
Asimismo, la resolución No. 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos adoptada recientemente por la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), señala que los Estados deben asignar el máximo de sus recursos para asegurar los derechos reconocidos por los Estados, como la reparación integral de las víctimas, abarcando las medidas de satisfacción y memoria. Bajo este criterio, los argumentos de déficit fiscal o de ahorro presupuestario del gobierno no son justificaciones válidas para eludir estas obligaciones internacionales.
La desprotección de los sitios de memoria es tanto económica como institucional. Actualmente, estos espacios se rigen por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales bajo la figura de «Monumentos Históricos», una categoría concebida para el patrimonio arquitectónico y no para la preservación de la memoria histórica. Si bien el gobierno anterior ingresó un proyecto de ley al Congreso para normar su recuperación, conservación y financiamiento, la iniciativa continúa pendiente de discusión en el Senado.
Así, mientras el Ejecutivo impulsa el Día de los Patrimonios señalando que “el patrimonio: se vive, se cuida y se comparte”, los espacios de memoria abrirán sus puertas para evidenciar su autogestión y resistencia frente al abandono del Estado; una desatención institucional que se sostiene sobre justificaciones contrarias a los derechos humanos.
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