El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, acaba de fallar a favor del Estado chileno, negando una indemnización al ciudadano español-chileno, Víctor Pey, por la usurpación de sus bienes durante la dictadura, entre ellos el mítico diario Clarín. Esta es la historia en la que se entrecruzan de manera novelesca un diario popular, un ex presidente, un mito de la prensa, los agentes de la represión de la dictadura militar y el solemne Banco Central de Chile.
por Jorge Escalante
Alejandra Damiani Serrano también espera el pago. Mano derecha del gringo Michael Townley, el “ingeniero” de la DINA. Armador de la bomba que mató al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en 1974 en Buenos Aires. La querida del jefe también recibe su remuneración. Nélida Gutiérrez Rivera, secretaria de Manuel Contreras. Al final, Nélida se quedó a su lado hasta hoy, en los tiempos de sufrimiento.
Elissalde & Poblete y Cía. Limitada es la empresa pagadora. Su razón social es elegante e inconfundible: “DINA Service”. El 24 de noviembre de 1974, “DINA Service” cambió de “dueños” y pasó de “Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda.”, a Elissalde & Poblete que adquieren todos los derechos y quedan como únicos socios. Son el coronel de Ejército retirado Alberto Elissalde Müller, y el abogado Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez. Los otros dos, Lautaro Villar Requena y Leonardo Reyes Herrera.Son los tiempos en que los abogados de la DINA tienen bastante para hacer. Entre otras cuestiones, cubrir con manto legal los bienes muebles e inmuebles usurpados. Pertenecen a quienes ahora están prisioneros, exiliados o ya fueron asesinados. Poco cuesta legalizar los “trofeos de guerra” de los vencedores. Basta que se deslicen en un bolsillo en algún allanamiento, o redactar para ello un simple decreto cuando se trata de propiedades.
Es el destino de la “Casa de Piedra” en el Cajón del Maipo. A su dueño lo apodan Volpone, como la comedia teatral de Ben Jonson. Desde antes del golpe militar de 1973, Darío Saint-Marie Soruco, Volpone, es un buen amigo de Salvador Allende. Saint-Marie es el dueño del Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y de la Empresa Periodística El Clarín. Clarín es el diario que más ejemplares llegó a vender cada día en la historia del periodismo chileno. Sobre 300 mil. Ácido. Punzante. Irreverente. Lengua de serpiente. Inclinado hacia el crimen, historias policiales, amores escandalosos, de corte popular. Con el triunfo de Allende en 1970, se vuelca a un diario político que sustenta al gobierno de la Unidad Popular.
Ocurrido el alzamiento militar del 11 de septiembre en 1973, tanto el consorcio como el diario Clarín son disueltos y todos los bienes de Saint-Marie son confiscados y pasan a manos del Estado. Entre ellos, la Casa de Piedra. El decreto 165 del Ministerio de Interior firmado por los generales Augusto Pinochet en calidad de “Presidente de la República” y César Benavides como ministro de esa cartera, blanquean el manotazo. Allende está muerto y Volpone en España. De los tiempos de gloria de Clarín queda sólo el recuerdo.
El “Acta de entrega”
La Casa de Piedra es ocupada por la DINA pocas semanas después del golpe. Pero el traspaso “oficial” del Ejército a la organización llega recién en 1977, pocos meses antes de que sea disuelta y remplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI. El decreto 56 del Ministerio de Tierras y Colonización del 3 de febrero de 1977, firmado por Pinochet y el ministro de esta cartera, Luis Beytía, destina a la DINA “para sus fines propios” la amplia propiedad enclavada en hermosos parajes de la precordillera.
Quien recibe la casona como “Jefe de Infraestructura” del órgano represivo, es el mismo abogado de Elissalde & Poblete y Cía. Ltda., Miguel Ángel Armando Poblete Rodríguez, RUT 3.688.003-1, nacido el 23 de mayo de 1948. El “Acta de Entrega” no tiene fecha. En ella, Eduvigis Gajardo Pinilla, jefa del Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización, hace entrega de la propiedad al abogado Poblete Rodríguez, quien firma como “Jefe de Infraestructura”. Curiosamente, Poblete aparece en el acta de recepción como “Jefe de Infraestructura” de la CNI, cuando la casona fue traspasada a la DINA. La firma de Poblete Rodríguez la adorna un timbre de la CNI.
Desde el 11 de septiembre de 2000 y hasta hoy, este abogado forma parte del equipo de la Fiscalía del Banco Central, con un contrato indefinido. Su fecha de ingreso a la institución emisora, es paradojalmente coincidente con el inicio de su historia, 37 años antes.
Allende y Clarín
La historia de la Casa de Piedra se entremezcla entre el buen tiempo y la borrasca. Entre la amistad, la vida familiar, el sufrimiento y el crimen. Un informe de la Brigada de Investigaciones del Lavado de Activos, Brilac, del inspector Carlos Quijada Fuentes, indagó en 2007 para el juez Alejandro Madrid los distintos tiempos de la casona y otros bienes que pertenecieron a Volpone. La indagatoria concluyó que en 1972, durante el auge del gobierno socialista, el Presidente Salvador Allende compró a Darío Saint-Marie el Consorcio Publicitario y Periodístico y la Empresa Periodística El Clarín.
Según los antecedentes recogidos por este informe, Allende habría realizado las adquisiciones a través de su amigo personal Víctor Pey Casado, para ponerlas a disposición del proceso político que desarrollaba su gobierno. El dinero para la compra, sostiene el informe policial, tuvo su origen “entre otros, en el traspaso de US$ 780.000 el 26 de septiembre de 1972, desde el Banco Nacional de Cuba al Bank für Handel und Effekten en Zürich, a la cuenta 11.235 de Víctor Pey Casado, íntimo amigo de Allende”.
De acuerdo al documento de la Brilac, la información sobre esta adquisición tiene su origen en un informe que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Lorenzo de la Maza Rivadeneira, hizo con fecha 3 de octubre de 1974 para el Asesor de Justicia del Ministerio del Interior, teniente coronel Eduardo Avello Concha.
Sin embargo, Víctor Pey, que ahora perdió el litigio contra el Estado chileno por la propiedad del diario El Clarín, dijo a El Mostrador que “esa es una aseveración absolutamente falsa, Allende jamás me pidió que comprara para él el diario, a pesar de que yo tenía con él una estrecha relación”. Lo que Pey sí reconoce, es que él le compró a Saint-Marie el diario y admite que la transacción con Volpone —que en 1972 ya se había radicado en Madrid— “se hizo a través de bancos que nos dieran más seguridad de que no habría infiltración por parte de la CIA. Efectivamente, esa cuenta en Zürich era mía”. Pey sostiene que “seguramente el informe del señor De la Maza en que se basó el documento policial del que usted me habla, quiso enlodar el nombre de Allende, que era lo que más les interesaba”.
Quien también desconoce esa supuesta operación encubierta de Allende es el periodista Alberto Gamboa, quien era el director de Clarín durante el gobierno de la Unidad Popular. “Yo desconozco absolutamente eso, nunca supe de algo así”, afirmó.
Ocurrido el golpe militar, la dictadura decretó el 10 de febrero de 1975 la disolución del CPP.SA y la Empresa Periodística El Clarín. Además, resolvió que tanto los bienes de Saint-Marie como de Pey Casado pasaran a dominio del Estado, por encontrarse en la situación del decreto 77 del 13 de diciembre de 1973. Este decreto declaró ilegales los partidos políticos, confiscando todos sus bienes incluidas las sociedades o empresas que “directamente o a través de terceras personas, pertenezcan o sean dirigidas por ellos”.
En familia
Los pasos del actual abogado de la Fiscalía del Banco Central, Miguel Ángel Poblete Rodríguez en el financiamiento de los servicios represivos de la dictadura van y vienen. De pagar los sueldos a los agentes civiles de la DINA y firmar la recepción de la Casa de Piedra de Volpone, sus huellas avanzan hacia la década de los años 80.
El 8 de octubre de 1984, según escritura pública, Poblete inscribió en el Registro de Comercio de Santiago la “Sociedad Administradora de Servicios de Personal Limitada”, nombre de fantasía “Asper Ltda”. ¿Sus socios? Germán Alfredo Esquivel Caballero y Mario Zamorano Monreal. Esquivel Caballero, agente del Comando Conjunto, teniente coronel (R) de Carabineros y procesado por delitos de lesa humanidad.
Asper Limitada, antes llamada Boxer & Asper, siguió pagando los sueldos a los civiles de la CNI. A medida que se fue modificando la escritura, actuaron igualmente como socios de Asper el agente CNI Ernesto Darío Zamorano Barrueto, que ingresa en octubre de 1985. Otro agente CNI, coronel de Ejército actualmente retirado, César Atilio Risi Vignolo, es socio a partir de diciembre de 1987. En junio de 1989, llegan los refuerzos del mayor Luis Isaac Contreras Prieto. Este es uno de los pilotos de helicópteros Puma del Comando de Aviación del Ejército, utilizados para arrojar al mar los cuerpos de los prisioneros. Ningún extraño. Todo quedó en la “familia” del abogado Poblete.
Las modificaciones a la escritura madre se hicieron con otro “hombre de la casa”. El notario de la DINA Hernán Blanche Sepúlveda, que hasta hoy ejerce como notario en Santiago.
Derrotada la dictadura en el plebiscito de 1988, el 8 de marzo de 1990, Asper fue disuelta.
“Yo nunca fui agente de la DINA”, dijo el abogado Poblete a El Mostrador, pero admitió que efectivamente el Poblete de “Elissalde & Poblete” es él. No obstante, explicó que “yo no sabía que esos sueldos que se pagaban eran para agentes de la DINA o la CNI, eso lo supe mucho después”. Sostuvo que “efectivamente yo hice trabajos a honorarios para la CNI” y aseguró que “el acta de recepción de esa casa”, refiriéndose a la Casa de Piedra de Volpone, “la firmé sólo por apuro” dando a entender que las cosas se hacían “desordenadamente”.
Un Claro “mecenas”
A los agentes militares los sueldos se los pagaban sus respectivas instituciones. Para eso había presupuesto. Pero los de los civiles, ¿quién los pagaba? Ni Villar, ni Reyes, ni Elissalde, ni Poblete, sociedades pantallas, eran mecenas millonarios. Lo hacían algunos empresarios amigos y beneficiarios del régimen. Hasta ahora se ha logrado establecer sólo el nombre de Ricardo Claro Valdés, que sí tenía mucho dinero. Documentos firmados no hay. Pero su participación en el financiamiento del crimen organizado está respaldada por distintas voces que así lo indican. El ex agente Eduardo Cabezas Mardones que integró la desconocida Brigada Económica de la DINA a fines de 1976, como lo relata en una declaración judicial. El ex agente Arturo Ramírez Labeé, jefe de esa brigada. Y el ex agente Jorgelino Vergara Bravo, más conocido como El Mocito, según lo contó para el libro La Danza de los Cuervos del periodista Javier Rebolledo.
Engaño a la Comisión Rettig
La Casa de Piedra fue un botín preciado por los militares. Cuartel de detención y tortura transitorio de la DINA. Escuela de Inteligencia para la formación de agentes. Centro vacacional para sus oficiales y familias. Lugar de fiestas y celebraciones. Y recepción de amistades importantes como la de Ricardo Claro. Allí se produjo el histórico encuentro entre Augusto Pinochet y el secretario general en la clandestinidad del Partido Comunista, Víctor Díaz López, después de ser arrestado. Según una declaración judicial del segundo hombre del Grupo Delfín que operó en el cuartel Simón Bolívar, Ricardo Lawrence Mires, en aquel encuentro Díaz le dijo a Pinochet que “tratar de exterminar al Partido Comunista, es como vaciar el agua del mar con un balde”.
Fue en esa casona donde se gestó el episodio del falso mártir de la DINA con el que el Ejército engañó a la Comisión Rettig en 1990. La mañana del 20 de septiembre de 1974, el agente, suboficial y comando especializado, Carlos Labarca Sanhueza, le destrozó la cabeza a balazos a su compañero de igual grado y preparación, José González Ulloa. Ambos eran instructores de agentes en la Escuela Nacional de Inteligencia que la DINA instaló transitoriamente en la casona. Ambos integraban también la Avanzada de Seguridad de Pinochet desde noviembre de 1973. Dos hombres de la elite que incluso instruían a oficiales.
Nunca se supo por qué Labarca mató a González. El segundo de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, no se lo dijo al juez Alejandro Solís a quien le relató judicialmente este crimen a comienzos de 2004, en el marco de la investigación por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires.
El Ejército presentó el caso de González a la Comisión Rettig como una “víctima del extremismo”. La Comisión lo creyó sin investigar. En su informe sobre González Ulloa la Comisión estableció: “Falleció el 20 de septiembre de 1974 en un enfrentamiento con grupos armados desconocidos al interior del Cajón del Maipo” que “presumiblemente actuaban por motivos políticos”. Agregó que la Comisión “se formó la convicción de que la muerte de la víctima fue una violación de los derechos humanos”.
Estos son jirones de una historia que hoy forma parte de la memoria colectiva de gran parte de la sociedad chilena. Y Clarín, se transformó en un mito inolvidable, entre las balas y la sangre que corrió a raudales por las calles de Chile a partir de la asonada militar de 1973.
