Ministra Blanco contrata como asesor a cuestionado ex jefe de cárcel de San Miguel al momento de la tragedia
Cinco días después de que la titular de Justicia, Javiera Blanco, apareciera como la ministra peor evaluada del gabinete de la Presidenta Bachelet en la última encuesta Adimark –dada a conocer el viernes pasado–, un nuevo foco de tensión amenaza con transformarse en polémica. Se trata de la reciente contratación como asesor ministerial para temas de prisiones del cuestionado coronel (r) Patricio Campos Tapia, quien fuera una de las autoridades de máximo rango al momento de la peor tragedia de la historia de Gendarmería: la muerte de 81 reos en el incendio de la cárcel de San Miguel.
La contratación, que tomó por sorpresa a las organizaciones de DD.HH., en especial a las ligadas al tema de la defensa de los derechos de los presos, se materializó el 1 de enero de 2016, el mismo día en que comenzó a regir su jubilación.
Dos semanas antes, el 17 de diciembre de 2015, el coronel Campos había ingresado al Ministerio de Justicia su expediente de jubilación, con el que dejaba atrás 28 años de carrera al interior de la institución. Con una pensión cercana a los 4 millones de pesos mensuales –gracias a la asignación crítica que recibió durante los últimos meses, cuando se desempeñó como Jefe de Gabinete de la Dirección General–, Campos Tapia se sumó al equipo de asesores de la ministra Blanco con un salario superior a 1 millón 500 mil pesos.
Quienes conocen de cerca a Patricio Campos califican su perfil como altamente técnico, lo que proviene de su formación como licenciado en Psicología. Hasta 1997 –sostienen las fuentes– era conocido todavía como un abierto defensor de Pinochet, pero su orientación política cambió "radicalmente" cuando el 2000 ingresó a la filas del Partido Radical (PRSD), en momentos en que el ministro de Justicia de la época era José Antonio Gómez, hoy ministro de Defensa de Bachelet.
En Gendarmería pasó por diferentes cargos. Trabajó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso, en la Ex Penitenciaría, en Santiago Uno, en el Grupo Especial Antimotines (GEAM) y en la Dirección General de Gendarmería. Su paso, sin embargo, por el Centro de detención preventiva de San Miguel, marcó su carrera.
El 8 de diciembre de 2010, Patricio Campos se desempeñaba como el segundo jefe administrativo del penal cuando se desencadenó el incendio en el ala sur del recinto penitenciario en el que murieron calcinados 81 internos, luego que no se abrieran las rejas de las galerías y no pudieran escapar del fuego.
La tragedia dio origen a una investigación de la Fiscalía Sur que duró cuatro años. En la acusación el Ministerio Público pidió 7 años de prisión como autor de cuasidelito de homicidio para Campos por su responsabilidad en los hechos, pero el fallo del juicio oral absolvió a todos los uniformados, remarcando que en la tragedia le cupo responsabilidad al "Estado".
Campos se reintegró en 2012 a la institución tras una orden de Contraloría y se desempeñó como jefe de gabinete durante el periodo en que asumió Juan Letelier como director nacional.
Una burla
La incorporación de Campos ha generado diversas críticas al interior de la propia cartera de Justicia, debido a lo "inapropiado"de la contratación. "En este caso, se acreditó que no hubo responsabilidad penal, tampoco administrativa, pero claramente hay responsabilidad política porque él estaba al mando cuando ocurrió el incendio y contratarlo, ahora, podría verse como un error político", dicen fuentes al interior del ministerio.
La incorporación de Campos ha generado diversas críticas al interior de la propia cartera de Justicia, debido a lo "inapropiado"de la contratación. "En este caso, se acreditó que no hubo responsabilidad penal, tampoco administrativa, pero claramente hay responsabilidad política porque él estaba al mando cuando ocurrió el incendio y contratarlo, ahora, podría verse como un error político", dicen fuentes al interior del ministerio.
César Pizarro, presidente de la ONG "81 Razones", una organización social territorial que se formó con familiares de lo que denominan "la masacre de San Miguel", señaló que contratar a un imputado que fue responsable del penal, constituye "una burla para toda la ciudadanía".
"Se están burlando de las familias, de la sociedad. Es una deshonra para el país que premien de esta manera a quien estuvo al mando cuando murieron quemados nuestros familiares", sostiene Pizarro.
Para la agrupación, que ha seguido atenta los pasos de Campos Tapia, su incorporación al Ministerio de Justicia los ha tomado por sorpresa. "Al principio creíamos que era un chiste, sobre todo porque este último tiempo habíamos venido trabajando juntos con Justicia para una mayor dignidad de los presos", señalan.
Antes de acogerse a retiro, Campos figuró como uno de los candidatos para asumir la Dirección General de Gendarmería, lo que finalmente recayó en Tulio Arce. En esa oportunidad, la ONG envió una carta a la ministra Blanco, haciéndole saber lo inapropiado que resultaría para las familias de las víctimas que Campos ocupara tal distinción.
Justicia defiende contratación
En el ministerio señalan que "gestionar técnica, económica y políticamente todos los recursos fiscales involucrados en este proceso, requiere de políticas públicas claras y coherentes que impidan que hechos tan lamentables y dolorosos como los acaecidos en la cárcel de San Miguel el año 2010, vuelvan a repetirse".
En ese contexto, sostienen que "buscar asesoría técnica altamente calificada para el gabinete de la señora Ministra, es una condición que el señor Patricio Campos cumple a cabalidad, en virtud de su experiencia profesional, reflejada en 28 años de trayectoria en la institución".
Respecto de los cuestionamientos, en Justicia "no existe ninguna razón ni ética, ni jurídica que le impidiera desempeñar las funciones que se le ha encomendado".
Para arribar a esa conclusión, explican en el Ministerio, jugaron un rol clave los dictámenes de Contraloría y el resultado del proceso judicial (causa RIT 11324-2010), que no solo absolvió a Campos.
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