Exclusivo: Impactante revelación

Abogado de Álvaro Corbalán confirma que existe información sobre el destino de desaparecidos. La cambian por beneficios

03/04/2016 |

Por Mario López M.

Terror de Álvaro Corbalán a los insultos y las amenazas o a ser agredido en la cárcel abre las puertas a una “transacción” de verdad por perdón.Teme que su traslado desde Punta Peuco sea la punta de lanza para el cierre de ese penal y el envío de los presos emblemáticos a Colina II.

Un incidente al interior de un centro penitenciario de máxima seguridad entre un condenado por delitos de lesa humanidad y un procesado por actos terroristas, hecho que a diario sucede en todas las cárceles del país debido a la saturación de internos por penal, no pasó para nada desapercibido. Por el contrario, ha levantado polvareda en el mundo de los derechos humanos y judicial.

Y ello es comprensible si uno de los involucrados es Álvaro Corbalán Castilla, uno de los mayores violadores de DD.HH. durante la dictadura, actualmente encarcelado. El otro personaje de la trama es un desconocido joven universitario con residencia en la acomodada comuna de Vitacura, que abraza ideales anarquistas.

Ni golpiza ni paliza

Los hechos ocurrieron en un estrecho pasillo de la cárcel de Alta Seguridad, estando Corbalán a la espera de ser conducido a su dormitorio del cuarto piso del penal tras la visita de su abogado. Un muchacho de 22 años, José Joaquín García, transitaba de vuelta del locutorio (lugar de visitas familiares) y de pronto se abalanzó sobre él dándole un cabezazo que golpeó  el rostro del exagente de seguridad, quien no alcanzó a reaccionar, salvo llevarse la mano al rostro para constatar una leve herida en el labio.

Las primeras noticias fueron al antojo de quien quisiera difundirlas. "Un joven tomó venganza en contra del represor Álvaro Corbalán golpeándolo de puños hasta hacerlo caer al suelo", relataban alborozados algunos, elevando al carácter de héroe a García. Otros protestaban por el atropello "que un extremista a mansalva y traición había propinado al comandante Corbalán, quien no habría alcanzado a defenderse", destacando los "servicios a la patria" del otrora agente de seguridad.

Nadie imaginaba que el video del momento exacto en que sucedieron los hechos sería filtrado a la prensa y pondría las cosas en su lugar: ni paliza ni golpiza, pero q sí sirvió para instalar la discusión acerca del destino de Corbalán y, de paso, el cierre de Punta Peuco. Las sospechas acerca de la "filtración voluntaria" serían justificadas precisamente para desmitificar el incidente y quitar el carácter de héroe y víctima a uno y otro.

Nadie sabe para quién trabaja

El anarquista terminó castigado sin visitas por 30 días y Corbalán tomando las banderas de la victimización que justificarían sus reclamos de que solo Punta Peuco puede garantizar sus derechos. Nunca imaginó el exagente represor que semejante ayuda a sus fines provendría de un "idealista joven revolucionario de Vitacura". Durante los casi 5 meses que lleva en la cárcel de Alta Seguridad, en vano había levantado varios reclamos de sentirse atemorizado y ninguno había resultado. Ahora cree que con esta "ayuda" podrá lograrlo.

Corbalán había sido trasladado desde Punta Peuco a la cárcel de Alta Seguridad en cumplimiento de una medida de castigo por habérsele encontrado por tercera vez con un notebook, teléfonos celulares y chip de conectividad. La medida fue dispuesta por un plazo de 60 días, el que se amplió hasta la fecha por orden de la dirección regional metropolitana de Gendarmería. Así que el mentado cabezazo le vino de perillas para fundamentar la "inseguridad de la cárcel de alta seguridad".

"Es un antecedente muy importante para acreditar los fundamentos del recurso de protección", según su abogado (contratado exclusivamente para este fin) Raúl Meza, quien busca revertir lo dispuesto por Gendarmería. La institución ordenó la permanencia indefinida del exagente en esa unidad en razón a la gravedad y naturaleza de la falta, la reiteración de ella  y fundamentalmente porque no existe otro penal en el país que pueda entregar a Corbalán una seguridad a su integridad física o personal, como es la cárcel de Ata Seguridad.

"Comienza el cierre de Punta Peuco"

Para Meza, los argumentos en los que se basó la medida impuesta por Gendarmería no son tales: "Esos son los fundamentos del director regional para mantenerlo recluido donde se encuentra. Sin embargo, se produjo una agresión física en contra de Corbalán por parte de otro interno del penal, lo que echa por tierra el argumento del director acerca de resguardarse allí su seguridad", afirma a Cambio21.

Según el profesional, la seguridad no sería la verdadera razón para mantenerlo alejado de Punta Peuco: "La tesis que sostiene Álvaro Corbalán y que me manifestó personalmente, lo mismo que otros internos, es que su destinación a la cárcel de Alta Seguridad es el primer paso que ha dado el Gobierno dirigido a trasladar a todos los internos al nuevo penal o a lo menos trasladar a los internos más emblemáticos", asegura.

Sospechoso...

Los exagentes en Punta Peuco toman en consideración las particulares condiciones en las que se mantiene a Corbalán, en un cuarto piso, solo y rodeado de otras 20 o 25 celdas más, sin habitantes, en situación que en todas las cárceles del país el hacinamiento es la regla. Justamente "por eso es la convicción de Corbalán en torno a que él es el primer paso para lograr el traslado de los otros internos y cerrar Punta Peuco", argumenta su abogado.

Los reclamos del ex jefe operativo de la CNI no son nuevos, ya antes había denunciado hostigamiento y amenazas provenientes de otros reclusos. Reconoce sentir miedo. "Don Álvaro es amenazado casi todas las noches, ha sido objeto de permanentes insultos, incluso un reo llegó hasta la misma celda para amenazarlo cara a cara de muerte, por lo que la agresión física que sufrió no es un hecho aislado sino que un conjunto de hechos de la mayor gravedad", afirma su defensor.

De acuerdo con el abogado, "hay un informe de la propia Gendarmería que remitió a la Corte de Apelaciones de Santiago a raíz del recurso de protección, donde reconocen que Corbalán ha sido objeto de agresiones, insultos y amenazas de muerte de forma permanente en la cárcel de Alta Seguridad".

Corbalán tiene miedo

Increíble el miedo y sensibilidad de Corbalán por los "insultos", atendida la historia que lo sitúa como uno de los más crueles e inhumanos agentes de la dictadura y que gustaba de participar personalmente en los operativos que quitaron la vida a muchas personas.

Según Meza, Punta Peuco es la única cárcel que le garantiza los derechos a su representado y en especial a la protección, aunque reconoce que es un problema el que esa unidad para condenados por delitos de lesa humanidad está llegando a su máxima capacidad. "El Ejecutivo comete un error al cerrar Punta Peuco, lo que tiene que hacer -y entiendo que lo está haciendo en Colina II-, es abrir otra galería, pues deberá derivar a los nuevos condenados a este nuevo penal, por lo que no se justifica cerrar Punta Peuco", argumenta.

Cae la careta

Cuesta entender que a pesar de los años de muchos de los internos y las carencias de salud que aducen, mantengan hasta hoy férreos pactos de silencio que impiden a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad acerca del destino de sus seres queridos y, en caso de torturados, personas violadas y exiliados, se pueda hacer  justicia.

Así, entonces, resultan impactantes dos hechos: la "transacción" que se propone desde Punta Peuco, beneficios a cambio de información y que por primera vez se reconozca que sí existe información relevante en su poder y que hasta hoy se ha ocultado. Este reconocimiento transforma en certeza las sospechas habidas. El abogado Raúl Meza ratifica que esa información existe y está en poder de varios de los habitantes de Punta Peuco, incluido Corbalán.

"Efectivamente Corbalán, en los procesos que él tiene en su contra, siempre ha tenido la disposición de entregar la información que posee o que conoce. Falta información que entregar por parte de funcionarios del Ejército, pero ese acto de reconocimiento o la entrega de toda la información respecto del destino de los detenidos desaparecidos pasa  por un gesto de reencuentro de ambas partes, es decir, si ellos están dispuestos a entregar toda la información -como así tiene que ser-, obviamente estas personas van a querer algún tipo de compensación respecto de beneficios carcelarios en relación a la pena que están cumpliendo", asegura Raúl Meza.

"Nadie va a entregar información sin nada a cambio y así se lo he escuchado decir directamente a Álvaro Corbalán y a otros internos, pues tengo representación judicial de otros condenados. La posición de algunos presos es que toda la información que existe ya ha sido entregada a los tribunales de justicia, sin embargo hay otro grupo -entre los que está Corbalán-, que señala que efectivamente hay más, pero que va a estar condicionada al hecho de que hayan iniciativas, ya sea del ministro de Justicia, de Gendarmería o por parte del Ejecutivo, de entregar ciertas compensaciones o beneficios carcelarios a estas personas a cambio de su entrega".

Meza insiste que los antecedentes existen, incluso asegura: "Personalmente tengo la convicción de que sí hay más información pero que estas personas no están dispuestas a entregarla si no existen las compensaciones correspondientes".

El huevo o la gallina...

Si se aceptara la transacción de verdad por perdón, ¿quién daría el primer paso? Para Raúl Meza, las señales en Chile no son del todo claras.

"He estado en contacto con parlamentarios acerca de la denominada Ley Corta Anti Delincuencia, en que ya hay un acto de abierta arbitrariedad y discriminación hacia los internos que cumplen condena en Punta Peuco por materias de DDHH. Esa norma que va a entregar sistemas alternativos de cumplimiento de la pena a mayores de 75 años -en el domicilio, por ejemplo-, precisamente excluye a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad", señala.

"Cuando se habla de gestos de ‘reconciliación nacional', aquí hay una situación que puede servir, pues si esa norma tuviera la aplicación general de que sobre los 75 años pudieran los internos de Punta Peuco optar por cumplirlas en su domicilio, sería un gran avance y debiera condicionarse a que aquellos que opten a este beneficio entreguen toda la información de la puedan disponer acerca de los detenidos desaparecidos. Se trata de información concreta, objetiva, que pueda ser acreditable", indica Meza.

Para el abogado, el lado medio lleno del vaso pareciera estar en otra norma: "en materia de beneficios intrapenitenciarios (de reciente data), que es otra norma referida a la materia, sí hay signos concretos de avance y los internos (en Punta Peuco) debieran estar en disposición de cooperar entregando la información de que disponen si quieren optar a un beneficio de este tipo", asegura.

Y ¿qué hacer con los lanzados al mar?

El tema de verdad por perdón topa con un tremendo obstáculo. Antecedentes entregados por todas las ramas de las FFAA a la Mesa de Diálogo que buscó establecer el destino de los detenidos desaparecidos dio cuenta que una gran cantidad de los más de 2000 desaparecidos fueron lanzados al mar, algunos vivos, otros muertos e incluso restos, luego de la llamada "Operación retiro de Televisores" que ordenó personalmente Pinochet para evitar que los cuerpos enterrados clandestinamente fueran encontrados, como aconteció con el caso Lonquén.

Hechos concretos acreditan que al menos en parte ello es real. Basta recordar el hallazgo en una playa en la V región del cuerpo mutilado de la profesora Marta Ugarte, quien fue devuelta por el mar. Fue amarrada con alambres que en parte se soltaron permitiendo la liberación del cuerpo, que fue arrastrado por las olas a la orilla donde fue descubierto.

"Es efectivo que el hecho que se tiraron cuerpos al mar se ha repetido en varias declaraciones y procesos penales y será ese punto específico tremendamente complejo, porque no es susceptible de ser acreditado. Pero existe otra información que sí puede acreditarse", concluye el abogado de Álvaro Corbalán, el fiero represor que hoy siente miedo de los insultos y amenazas en su solitario alojamiento en la cárcel de Alta Seguridad.

Su permanencia allí es permanente, a menos de ser trasladado a las instalaciones que se preparan en Colina II, asegura una fuente responsable a Cambio21. Eso, a menos que el "cabezazo" le sirva de argumento para que los tribunales ordenen que sea reintegrado a Punta Peuco.