M. JIMÉNEZ 22 abril 2016
Control preventivo de identidad: la pulsión de Bachelet que impactó en Burgos
por J. ARELLANO Y
Si bien el foco público está centrado desde el martes en la muerte de Patricio Aylwin y los funerales de Estado al primer Presidente de la transición, una vez que terminen los homenajes y se coloque la última flor en el cementerio, la polémica propuesta del control preventivo de identidad de la Agenda Corta Antidelincuencia seguirá siendo el foco de tensión en el seno de la Nueva Mayoría y de La Moneda.
El fallecimiento del ex Mandatario DC eclipsó el traspié que sufrió esta semana en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Burgos, como también que ello fue producto en buena medida de las gestiones que se hicieron desde el propio Palacio para hacer naufragar, en la votación, la iniciativa.
La semana anterior a la votación del martes 19 de abril, las tratativas en el Congreso fueron cruzadas por las silenciosas gestiones que se realizaron desde La Moneda con las bancadas de la Nueva Mayoría para que se rechazara el control preventivo de identidad y la llamada Ley Mordaza, lo que dejó en evidencia la soledad en este tema.
Mientras la autoridad DC exponía a favor de estos puntos en Valparaíso, paralelamente asesores de Gobierno llamaban a los diputados para hacerles notar que la Presidenta Michelle Bachelet no miraba con malos ojos ni tampoco como una derrota que ambos temas fracasaran en la Sala de la Cámara Baja.
A la luz de los resultados, la estrategia funcionó a cabalidad.
El control preventivo fue rechazado por un voto (56 en contra, 55 a favor, dos abstenciones) mientras que la Ley Mordaza se cayó por 86 votos en contra y 27 abstenciones, por lo que ambos temas pasarán ahora a ser discutidos en una comisión mixta.
En la Nueva Mayoría hacen hincapié en que la derrota política y legislativa de Burgos fue evidente, pero en su entorno, en la DC y en el propio Ministerio del Interior aseguran que el episodio no tiene esos ribetes, que la derrota para Burgos fue el fracaso de la nominación del Contralor General de la República el año pasado o el lamentable episodio del viaje a La Araucanía del cual fue marginado por la Presidenta.
Lo de ahora –explicaron– fue un tropiezo anunciado, que sabían que el resultado sería así, que era sabido que a muchos en La Moneda no les gustaba ni estaban convencidos y, además, que el ministro no actuó por iniciativa propia en esta materia, sino por mandato de la Presidenta Bachelet, ya que la Agenda Corta Antidelincuencia lleva su firma. No por nada Burgos dijo en la Sala ese martes que él era solo “el tío” de la criatura y no el padre, apuntando a que él se hizo cargo de algo que ya estaba en marcha, que heredó y que no era de su autoría.
La explicación en el seno de La Moneda respecto a que inicialmente la Mandataria no sopesó el tema en toda su magnitud, ni la división que generaría en la coalición, que en resumen se le pasó, es cuestionada en el entorno del ministro. Además, se consideró “indigna” y fustigaron a todos los que en el oficialismo se dieron vuelta en este debate, que apoyaron, lo suscribieron inicialmente y que ahora, con falta de coherencia, “miraron para el techo”.
En el seno de La Moneda no se llega al punto de afirmar que las reservadas gestiones a nombre de la Presidenta para hacer caer estos proyectos fueron parte de “una factura” de ella a su ministro, pero sí asumen y las explican como que Bachelet cambiÓ de opinión y que en este punto “volvió a primar su corazón más de izquierda”.
Como sea, lo cierto es que Burgos quedó bastante solo en este tema y, por lo mismo, aseguran que el ministro no tiene otro camino que pasar el trago amargo y enfocarse públicamente en el resto de la Agenda Corta Antidelincuencia, en los puntos que generan respaldo, y dejar fallecer de muerte natural los temas en conflicto.
Lo que sí es asumido como una derrota de Burgos es la Ley Mordaza, porque –explicaron en Palacio– equivocadamente el ministro se embarcó con un proyecto cuestionable, mal planteado y mal explicado.
Pero esa lectura no es compartida en la Nueva Mayoría.
Algunos parlamentarios remarcaron que Burgos, al insistir con estos dos polémicos proyectos, no advirtió de las consecuencias políticas que implica para la coalición votar nuevamente fragmentada, donde el Gobierno queda alineado con la derecha y el ala más conservadora de la DC y el ala progresista del oficialismo se rebela.
Hay diputados que consideran que la insistencia de Burgos en estos temas responde a una “agenda propia” del ministro y otros añaden una intención de poner énfasis en los temas de seguridad, porque tendría en perspectiva una posible candidatura en la IX Región, lo que hace meses es descartado por él y su círculo más estrecho.
Lo concreto es que a aquellos con quienes ha conversado Burgos estas semanas les ha insistido en que el control preventivo de identidad es una norma buena, que no es su objetivo instaurar un Estado policial ni menos por fomentar la discriminación, pero que el tema de la seguridad es fundamental para la ciudadanía y que su deber como titular de Interior es apuntar a que al Gobierno le vaya bien.
La explicación en el seno de La Moneda respecto a que inicialmente la Mandataria no sopesó el tema en toda su magnitud, ni la división que generaría en la coalición, que en resumen se le pasó, es cuestionada en el entorno del ministro. Además, se consideró “indigna” y fustigaron a todos los que en el oficialismo se dieron vuelta en este debate, que apoyaron, lo suscribieron inicialmente y que ahora, con falta de coherencia, “miraron para el techo”.
Remando solo
La soledad de Burgos fue evidente el martes en el Congreso y, por lo mismo, fue muy comentada. Treinta cinco minutos duró la intervención del ministro del Interior en la Sala de la Cámara de Diputados, donde defendió la Agenda Corta Antidelincuencia y el polémico artículo que permitía el control preventivo de identidad.
“El Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene como uno de sus ejes centrales hacer frente a la delincuencia, sabemos que esta es una preocupación primordial para los ciudadanos y esto no es simplemente una consigna, entendemos que la seguridad de las personas permite que se ejerza la libertad y que podamos desarrollar en plenitud nuestra vida en común”, dijo Burgos ese día en la sala.
Dicha frase y una serie de encuestas fueron algunos de los argumentos que puso sobre la mesa el ministro del Interior, que si bien fueron atentamente escuchados por gran parte de los diputados de la Nueva Mayoría, estos habían ya anunciado su rechazo a la norma sobre control de identidad.
No hay que olvidar que en el comité político del lunes 18 de abril, los presidentes de la Nueva Mayoría expresaron su molestia con la actitud de Burgos en este tema, le hicieron ver al ministro sus reparos en dicha reunión y, después de ella, cuestionaron que una vez más la autoridad DC pecara de no escuchar. No solo eso, tanto en público como en privado, parlamentarios oficialistas le expusieron las complicaciones que significaba una votación dividida de la coalición ante esta polémica norma, pero el ministro siguió remando casi solo.
“Nuestro país tuvo detención por sospecha durante 92 años y actualmente se encuentran vigentes dos tipos de control de identidad sin mayores cuestionamientos. Sin perjuicio de ello, quiero ser sumamente tajante: el Gobierno no propugna ni participa de la idea de retomar un sistema como la detención por sospecha por ser contrario a los ideales de un sistema democrático, y porque es un Gobierno respetuoso de los derechos humanos. Estamos hablando de algo diametralmente distinto: de un control preventivo de identidad que en ciertos casos ya se realiza en un nuestro país. Cometeríamos un profundo error y una tremenda irresponsabilidad al declarar que ambas herramientas se asemejan, ambos sistemas son totalmente diferentes”, señaló Burgos durante su argumentación en la Sala.
A esas alturas del debate era evidente que carecía de los votos suficientes para aprobar la norma, y desde las bancadas de la Nueva Mayoría criticaban que el ministro DC no hubiese ni intentado enmendar el curso de las cosas con más diálogo. “Él sigue manifestando un ostracismo legislativo”, expresó un diputado oficialista para explicar el estilo de Burgos en el Congreso en este proyecto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), dejó su puesto en la testera, se sentó en su escaño en la bancada socialista y dijo que un proyecto de esta índole “no corresponde necesariamente al sello de una coalición de centroizquierda” y advirtió que “si se consolida la idea que la mayoría vota en contra y la minoría vota con la derecha, la derrota será para todos”.
No fue el único que puso el acento en ese punto.
"Con su obcecación, Burgos fue demasiado lejos, quebrando en este tema la coalición de Gobierno al perseverar con normas que mayoritariamente consideramos dañan la democracia y los derechos de las personas", agregó el diputado PS Leonardo Soto, integrante de las comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana, donde se ha discutido la Agenda Corta Antidelincuencia.
Finalmente, vino la votación y el proyecto de control preventivo de identidad fue rechazado en tercer trámite por 56 votos contra 55 a favor y dos abstenciones, lo que arrancó algunos aplausos en el hemiciclo.
Varios de los diputados del sector más de izquierda de la Nueva Mayoría salieron rápidamente a manifestar su satisfacción por la votación y a poner de inmediato la presión sobre la Presidenta Bachelet para sortear el siguiente paso, la Comisión Mixta, que quedó conformada mayoritariamente por parlamentarios que respaldan el control de identidad, como Matías Walker (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Arturo Squella (UDI).
Los parlamentarios del ala de izquierda de la Nueva Mayoría intentan poner la presión sobre Bachelet, ya que varios asumen que efectivamente la Mandataria no está de acuerdo con la polémica enmienda. Aseguran que sería impresentable que la jefa de Estado saliera a respaldar una norma que genera amplio rechazo en el progresismo, máxime cuando estamos ad portas de que deba dar su cuenta pública este 21 de mayo.
Para los parlamentarios, la composición “conservadora” de la Comisión Mixta que revisará el proyecto de ley hace insostenible que el Gobierno en su conjunto y la propia Bachelet no expliquen de manera más clara su posición.
En la misma línea, sostienen que la ambigüedad aparente del Ejecutivo permite la construcción de argumentos para defender la norma. Se espera al menos que se recalque con más fuerza aún que el control de identidad no fue parte del mensaje original del proyecto y que fue introducido inicialmente por la UDI.
La diputada PC Karol Cariola reconoció que esperan que “en esta Comisión Mixta que se va a integrar no se reponga un ápice de lo que anteriormente se discutió en el Senado al menos en esta materia (…). Su composición no es de lo más favorable respecto de las posiciones políticas (…) la señal ha sido clara: lo que tiene que hacer la Comisión Mixta es respetar la posición que ya ha tomado la mayoría, que es eliminar el control preventivo de identidad”.
Agregó que espera que el Gobierno se retracte de su respaldo a este tema, porque fue una incorporación que se hizo “a última hora, al final, de manera improvisada y que no ayuda en absolutamente nada, porque lo que queda claro es que no resuelven el problema de la delincuencia en nuestro país”.
El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, le pidió abiertamente a La Moneda una definición: “Aquí se ha dado una sorpresa, creían que tenían los votos para aprobar el control preventivo, no se abrieron a negociar y conversar y, finalmente, hemos triunfado quienes creemos que el control preventivo como está definido es nocivo para la población y atenta contra las libertad individuales (…). Es la hora de que el gobierno tome derechamente una posición, porque aquí dos más dos son cuatro y esta definición va a ser muy estrecha en la Comisión Mixta y nosotros como socialistas lo reiteramos: vamos a ir al Tribunal Constitucional si se volvieran a revertir nuevamente la ley mordaza, de control preventivo o los daños sin lesiones. Estamos dispuestos a llegar a ese órgano, pero lo que pedimos es que el Gobierno se defina”.
Desde la DC también pusieron presión a La Moneda. El jefe de diputados de dicho partido, Ricardo Rincón, dijo que “lo que debe hacer nuestro Gobierno– y entendemos por Gobierno no solo quienes están en el Ejecutivo sino a quienes lo apoyamos en el Parlamento,– es que debemos sincerar las posiciones, porque digo con total aserto que estas normas no convencen a todo el Gobierno”.
En todo caso, en el Senado aseguran que algunos legisladores están en duda respecto a participar de la Comisión Mixta, debido a la propia ambivalencia que ha mostrado el Ejecutivo.
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