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jueves, 14 de abril de 2016

La deuda desconocida que sigue impaga: el caso de los menores prisioneros y torturados durante la dictadura

13/04/2016 |
por Felipe Reyes
Los estudios han pasado por alto la situación de los niños que fueron apresados con sus padres. El país desconoce una triste realidad dejada por la dictadura y que recién comienza a conocerse
La historia del país esta cruzada por la dictadura. Transversal, dolorosa, divisoria, los 17 años de dictadura sirvieron para polarizar la sociedad a un nivel impensado. La búsqueda de la verdad y de la restitución por parte de algunos de los afectados de los abusos en los que incurrieron los grupos represivos ha hecho que el país tome conciencia de las verdaderas situaciones que se vivieron durante esos casi 20 años.

Sin embargo existe un punto que no ha tomado la relevancia que merece: es la realidad que vivieron los menores de edad víctimas de detención política y tortura.

Una agrupación que busca la verdad

Yelena Monroy vive en La Serena, y es una de las fundadoras de la Agrupación de Exmenores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, entidad que busca el reconocimiento de todos los menores de edad que se vieron afectados por los grupos represivos.

"La organización parte desde marzo del año 2005, y surge como una respuesta a la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, y en relación directa al anexo que habla de los menores nacidos en prisión. En ese tiempo las encargadas de la Organización eran Ana Cortéz y Vilma Blamey. Nos reunimos ese año en Santiago y así pudimos dar inicio a la entidad", explica Yelena.

"Nos dimos cuenta que el Informe Valech nunca tuvo en consideración los testimonios de los menores de edad, pues partió de un precepto en donde estableció que todos aquellos que habían sido víctimas de tortura o prisión política eran mayores de edad. Además establecía que la prisión política solamente afectaba al perseguido y apresado y no al resto de su familia, cosa que no es así. Finalmente, el informe determinó que los menores de edad no tenían mayor injerencia en las temáticas investigadas, se le asignó a los menores, hasta los 21 años, una categoría de colateralidad en el daño", indicó.

Sobre las dificultades que residieron para visibilizar la situación de los menores, Yelena explica: "el haber desestimado a los menores de edad como un sujeto legal por parte de las investigaciones se debe a un tema de carácter político, económico y social. Político porque el Estado se ha negado sistemáticamente a reconocer que fueron organismos creados por él los responsables de las torturas y de las desapariciones; el tema económico hace referencia a que la Comisión no consideró toda la información presentada por los afectados para ser acreditados como torturados, la Comisión no lo hizo, pues resulta más caro pagar una pensión a un menor de edad antes que a un adulto, y el tema social tiene relación con las violaciones sistemáticas durante 17 años de los derechos del niño. Y ahí el tema democrático y social queda en tela de juicio", comenta.

La mirada de involucrados

El abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, conversó sobre la situación de los menores que se vieron afectados durante la dictadura.

"Son numerosos los casos de mujeres embarazadas que fueron asesinadas por la dictadura. Se presentaron varios episodios, en el marco de la Caravana de la Muerte, de desapariciones de niños. Pero, la verdad, es que a pesar de la magnitud de los eventos, actualmente nosotros hacemos un llamado a las víctimas para que se nos acerquen a las distintas organizaciones, para que de esa forma denuncien. Pues necesitamos saber la verdad de otros niños asesinados o desaparecidos y de otras mujeres embarazadas", dice el abogado.

"Con los casos en investigación, tenemos la convicción que no se condicen con la realidad, pues hay muchos elementos que desconocemos", comenta sobre las cifras de desaparecidos. Al ser consultado sobre una eventual razón de tan pocas denuncias, Contreras explicó: "podemos encontrar la explicación de esto indicando que para muchos de ellos el terror continuó. Pues tenemos que ser realistas, durante los años de dictadura era imposible avanzar en alguno de estos casos. La primera querella esta fechada en 1998, hasta esta fecha muchas personas habían fallecido, y ninguna querella pudo llegar a buen término", revela.

"Un elemento también relevante es la nula información entregada por los medios de comunicación. Pues muchos de ellos no informan de nada en materia de Derechos Humanos. Salvo algunos temas espectaculares, pero es muy poca la información que se comunica", finaliza el abogado.

Un testimonio en primera persona es el que comparte Alberto Rodríguez Gallardo, familiar directo de los asesinados en el montaje de Rinconada de Maipú. "En este país se ha desestimado mucho la violencia que sufrimos los niños durante la dictadura. Es un trato injusto, incluso en lo relacionado con los montos de la reparación", desarrolla.

"Personalmente fui llevado junto al resto de mi familia a los cuarteles de Investigaciones en General Mackenna. Teniendo yo seis meses de edad, mi madre fue obligada a entregarme a mi abuela, porque ella sería llevada a Villa Grimaldi. Mi abuela comenta en sus testimonios que esa noche ella no tenía alimento ni pañales, y que la compasión de algunos de los cuidadores del lugar les hizo entregarles algo de té para alimentarme", cuenta Alberto.

"Los niveles de crueldad que se vivieron en la dictadura han dejado huella en muchas personas, especialmente en aquellos que fuimos niños durante esa época. Rompe cualquier protocolo o atisbo de humanidad. Mi prima Viviana tiene más recuerdos, incluso ella ha participado en careos con efectivos de la represión", recuenta.

Para Yelena Monroy hay una situación puntual de cuando ella estuvo detenida en La Serena. "Mi hermana y yo, somos las únicas menores que estamos reconocidas de haber padecido prisión política en el país. Estuvimos detenidas en un espacio que correspondía a una congregación religiosa, como es la Casa del Buen Pastor de La Serena. En la actualidad la congregación se ha visto sumamente resistida por la población, a pesar de desarrollar una labor social. Nos parece importante tener que hacer público que lugares como éste colaboraron con la dictadura", finaliza.

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