06/04/2016 |
Por Equipo Cambio21
La medida apunta a que sean los responsables de los detenidos en marchas quienes paguen los destrozos de lugares públicos, considerando que un menor de edad no tiene la capacidad para asumir los daños monetarios ni tampoco una sanción penal.
El gobierno anunció una nueva medida para intentar disminuir los daños durante las marchas sociales, sobre todo en las convocadas por temas educacionales. Se responsabilizará y detendrá a los padres de los responsables que sean menores de edad.
La idea es que sean ellos quienes paguen por los destrozos que cada año cuestan varios millones al Fisco y distintas municipalidades (sobre todo Santiago) en reparaciones. Los principales daños se los llevan buses y paraderos del Transantiago, seguidos por quioscos y locales aledaños a la Alameda.
Eso sí, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, explicó que la acción tiene limitaciones. "Nosotros podemos, como Gobierno, recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que actuemos sólo en aquellos casos donde un juez determina que hubo un delito y participó un menor de edad, no es en cualquier caso. No es que alguien cometa un desorden o haga alguna cosa en la calle, se dañe infraestructura pública nos vamos a ir con demanda", detalló.
La medida divide al oficialismo y la diputada comunista Camila Vallejo se manifestó en contra de la medida y abogó por caminos alternativos para salvar la situación.
"Existen formas distintas donde los jóvenes pueden, por ejemplo, hacer trabajo social, trabajo comunitario, poder aprender de esa forma y no tener que responsabilizar a las familias con multas que son exorbitantes y que, al final, ni siquiera van a poder pagar", dijo Vallejo, insistiendo en que la idea no aborda el conflicto de fondo.
"Populismo penal"
A visión de sus protagonistas, los dirigentes estudiantiles no ocultaron su malestar, diciendo que esta medida responde a un "populismo penal" de parte del gobierno. A visión del coordinador nacional de la Cones, Marcelo Correa, la propuesta del Ejecutivo "son políticas que buscan aumentar castigos para tratar de calmar a algunos".
"Esto se enmarca dentro de una política de populismo penal, como lo muestra la reinstauración de la detención por sospecha en la agenda corta antidelincuencia (...) pero se ha demostrado que no tienen impacto", agregó Correa.
El dirigente agregó que "demandar a los padres significa que hay una justicia para los que pueden pagar y otra para los más pobres. Sería mejor establecer trabajos comunitarios de los involucrados, reparando el daño causado a los vecinos".
El gobierno "con una mano habla de diálogo y con la otra aumenta la represión. Algo no cuadra", apuntó.
El gobierno ignora el tema de fondo
Por su parte, desde la Confech, la presidenta de la Feusach, Marta Matamala, dijo que la propuesta busca evitar estas consecuencias y no ataca el fondo. Es por ello que la dirigente llamó al gobierno a actuar sobre esa base.
En conversación con nuestro medio, la dirigente acusó que esto "es una réplica en miniatura de pensar que por encarcelar una persona se dejan de cometer delitos. Hoy estos escenarios se deben a la herida profunda en el país que se llama desigualdad. En la medida que se tratan los síntomas y no la enfermedad es que las cosas no cambian".
"Este tipo de legislación viene a confirmar que la gente debería actuar en la medida en que se le sanciona y no en que comprenda en que algo no está bien", agregó Matamala.
La representante de la Usach reconoció que esto no se soluciona fácilmente ni de manera corta y que es necesaria una solución rápida, pero "sancionar a los padres no es una solución buena o que traiga arreglos rápidos. Muchas veces obligan a pagar a terceros algunos delitos y eso no baja las tasas"
El fracaso del Sename
En tanto Benito Baranda, director de América Solidaria y exHogar de Cristo, también tomó una postura en contra del plan del Ejecutivo, aludiendo a que con ella no se soluciona el problema social y que "esto demuestra el fracaso de las políticas del Estado para integrar a los jóvenes que están excluidos", como dijo a La Segunda.
A juicio del psicólogo, la iniciativa no responde al origen del problema, "que hay jóvenes que destruyen bienes públicos, y que tienen historias de marginalidad".
"Hay un fracaso de la política del Servicio Nacional de Menores (Sename) vinculado a los jóvenes que han cometido actos delictuales, ya que su reincidencia es altísima", lamentó.
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