JR
En abril, Jorge Robotham Bravo (72) viajó a Buenos Aires para entregar al Equipo Argentino de Antropología Forense -dedicado a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en los ’70y ’80- una muestra de su sangre.
Cuarenta y dos años antes, recuerda, su hermano menor, Jaime, de 23 años, había hecho el mismo trayecto, pero de forma clandestina y con un objetivo distinto: había acudido a mediados de 1974, como exdirigente estudiantil del Partido Socialista, a reunir apoyo para la resistencia en Chile contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Ese fue, sostiene Jorge, la última visita de Jaime a territorio trasandino, aunque los organismos represores intentaron escribir otra historia.
El 12 de julio de 1975, el diario El Mercurio publicó una noticia titulada “Argentina: Ejecutados dos miristas chilenos”, en alusión al hallazgo de dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil, acompañados de un lienzo que aseguraba que habían sido “Dados de baja por el MIR”. Entre los restos, aparecieron dos carné de identidad, uno de Jaime y otro de Luis Alberto Guendelman Wisniak, ambos detenidos meses antes por la DINA y torturados y desaparecidos desde Villa Grimaldi.
Familiares de Jaime y de Luis acudieron a reconocer los cuerpos: no correspondían las características físicas y los documentos de identificación eran falsos.
El montaje, parte de la Operación Colombo, es hoy indagado por la Fiscalía en Argentina que espera clarificar el rol que tuvo el aparataje militar del vecino país en lo que es considerado la primera fase del Plan Cóndor que coordinó el asesinato de opositores políticos de regímenes dictatoriales de América Latina en países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Jorge ha declarado en ese proceso en Buenos Aires y también ha realizado gestiones para intentar recuperar los restos del cadáver que quisieron hacer pasar por su hermano. Está convencido de que ese cuerpo no es de Jaime, sin embargo, asegura, quiere tener certeza científica y saber quiénes fueron asesinados para sostener la mentira del ajusticiamiento entre militantes de izquierda.
Cree, y así lo ha hecho saber al Programa de Derechos Humanos, que el mayor general del Ejército y director asistente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann puede tener alguna pista ya que dirigía los operativos en el extranjero.
A esa esperanza se aferra, porque los huesos de los cuerpos quemados fueron arrojados hace años a una fosa común, por lo que su ADN aún no ha podido ser cotejado.
-Creo que el cuerpo carbonizado que encontraron en Argentina con el carné de Jaime no es él, creo que fue un montaje y quiero descartarlo científicamente a través del ADN, pero mientras no avance la investigación judicial en Argentina, no se puede hacer nada. He reunido muchos antecedentes para poder aportar a la investigación. Es muy difícil vivir un duelo cuando no hay un cuerpo. Uno sabe que lo deben haber matado, pero no sabe bajo qué circunstancias, ni cómo, ni dónde, ni nada…. Es como que nosotros le hubiéramos fallado a mi hermano-, explica con la voz quebrada.
LA BÚSQUEDA
Fue una mala casualidad. El 31 de diciembre de 1974, Jaime, que había sido expulsado de la escuela de Sociología de la Universidad de Chile, estaba con su amigo Claudio Thauby Pacheco en la intersección de las calles Sucre y Miguel Claro en Ñuñoa.
Eran las 19.00 horas y el agente Fernando Adrián Laureani Maturana, conocido como “El Teniente Pablo”, acudía junto a otros integrantes de la DINA a una calle cercana. Llevaban detenido a Manuel Alejandro Cuadra y buscaban tomar prisionera a su esposa. Ella no estaba en casa, pero Laureani divisó a Thauby, a quien había conocido en la Escuela Militar. Para Laureani, Thauby era un traidor. Detuvo a ambos muchachos y los recluyó en La Torre de Villa Grimaldi. Hoy los dos son detenidos desaparecidos.
Cuadra sobrevivió y declaró en el proceso que Thauby fue torturado por Osvaldo Romo Mena a través de profundos cortes en su abdomen y que a Jaime lo golpearon y le aplicaron electricidad.
El rastro de Jaime se perdió el 1 de febrero de 1975. Cinco meses después, la dictadura preparó el escenario para dar sustento a la tesis de sus partidarios de los opositores al régimen vivían fuera del país, y se estaban asesinando entre ellos. Por lo tanto, los detenidos desaparecidos no existían.
Así, se dejaron en Argentina, en una calle llamada Chile, los documentos de identificación de Jaime y de Luis Alberto, mirista detenido a mediados de 1974, junto a los cadáveres de dos desconocidos que habían sido, previamente, asesinados de un balazo en la cabeza.
Jaime estaba en Alemania cuando se enteró del crimen. Su hermano mayor, Guillermo, viajó a reconocer el cuerpo. Pudo dar fe, al igual que la familia de Guendelman, de que todo era mentira.
Mientras El Mercurio publicaba la versión del Régimen, Jonathan Kandell de The New York Times revelaba en Estados Unidos cómo Pinochet intentaba ocultar a través de este tipo de montajes el exterminio de 119 militantes de izquierda cuyos nombres habían aparecido en la revista Lea en territorio trasandino, entre otros medios de la región.
El artículo de The New York Times fue replicado en Argentina por el diario La Opinión: “La prensa internacional está ocupándose con gran documentación de un asunto que afecta al prestigio de la Argentina: Desde Chile se ha montado un macabro mecanismo de relojeria que asesina y hace desaparecer los cadáveres de sus víctimas con precisión cronométrica muchas veces quemando los cadáveres y esparciéndo sus cenizas al viento. En este procedimiento, se ha involucrado a nuestro país. Una gran conspiración, con vínculos en territorio argentino, imagínome todos siniestros, que superan todo lo conocido en la Alemania de Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero y a cónsules que se prestan a difundir cédulas de identidad falsificadas”, consignó este diario.
El 11 de agosto de 1975, la embajada de Chile en Argentina pidió censurar La Opinión, como queda reflejado en un documento inédito al que tuvo acceso The Clinic Online. “El matutino La Opinión sobre pasando todo lo imaginable y no satisfecho con calumniar y denostar al Gobierno de Chile, pretende vincular a la Embajada y Consulado de Chile en Argentina con acciones criminales. Esto constituye un hecho gravísimo y muy delicado, pues además de ser absolutamente falso, adquiere contornos delictuales al incitar a la violencia en contra de los representantes chilenos en este país. Es evidente que toda esta campaña está orquestada a desprestigiar a nuestro Gobierno que, con el respaldo de la ciudadanía chilena, está obteniendo grandes éxitos en su patriótica y difícil labor de reconstrucción nacional iniciada el 11 de septiembre de 1973”, reza el texto.
La diplomacia chilena de la época exige además que se “adopten las acciones apropiadas para evitar que diarios como La Opinión continúen publicando falsos y malintencionados artículos que en nada ayudan a mantener las óptimas relaciones existentes entre Chile y Argentina”.
Para Jorge, el montaje que fue replicado en Chile por los medios oficialistas y las escasas condenas en el caso de los 119, son parte del misma indolencia de un país que, asegura, “aplica la justicia en la medida de lo posible”.
Si bien, en la causa de Jorge el ministro Alejandro Solis logró sentenciar a siete exagentes, entre ellos Pedro Espinoza y Laureani, Jaime recalca que “no cumple con una pequeña equiparidad del daño que produjeron a la pena que sufren”.
Lo único que lo dejaría tranquilo, recalca, es una certeza que hasta ahora le ha sido negada:
– Quiero saber dónde está mi hermano.