La Presidenta Michelle Bachelet ha vuelto a poner en el debate público el penal de Punta Peuco. Esa cárcel especial para los condenados por violaciones a los derechos humanos, que estrenaron en 1995 los ex jerarcas de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
Su eventual cierre está siendo analizado por las autoridades, ya que no basta la voluntad de la Mandataria. El traslado de los presos debe ser fundamentado y garantizar las condiciones de seguridad.
Más allá de la conveniencia y el simbolismo de tal decisión, la Jefa de Estado abrió una inesperada caja de Pandora, dejando en evidencia que en materia de derechos humanos los uniformados chilenos van marcha atrás.
En un mensaje impropio por el cargo que ostentó hasta el 10 de marzo de 2010, el ex comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, defendió públicamente a los presos de Punta Peuco. En carta a El Mercurio, el sábado 8 de julio recién pasado, no solo se permitió calificar como “injusta” la decisión de la Presidenta sino también criticar el actuar del Poder Judicial. A su juicio, los convictos fueron “discriminados” y “condenados recurriendo a ficciones jurídicas, aplicación de normas con efecto retroactivo o solo por presunciones”. Curiosa manera de buscar la reconciliación –a la que aspira en su escrito– ante hechos inhumanos que fueron investigados, comprobados y sentenciados por los tribunales de justicia.
Izurieta subraya también que “una parte no menor de los condenados, en la época de los hechos, eran subalternos que cumplían órdenes”. Es decir, apela al viejo argumento de la “obediencia debida” como defensa para quienes cometieron crímenes horrendos.
Podría pensarse que se trata de la mirada de un militar en retiro, que ya no tiene mayor relevancia. Sin embargo, esta tesis fue reforzada al día siguiente ni más ni menos que por el actual comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, durante la ceremonia de Juramento a la Bandera.
En el acto, organizado frente al Palacio de La Moneda, el militar manifestó el compromiso del Ejército con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, reclamando por las tensiones que aún existen “a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde”. Y luego, al igual que el general Izurieta, se adentró en la idea de que militares de menor graduación, como subtenientes, cabos y soldados conscriptos hayan tenido que obedecer y cumplir órdenes superiores, “las más extremas a que se puede enfrentar todo ser humano, impedidos de objetarlas o representarlas (…), fueron obligados a cumplirlas como lo establece el Código de Justicia Militar vigente”. A su juicio, esas actuaciones son observadas hoy “sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar”.
¿Qué quiere decir el general cuando plantea que no se considera el contexto en que se produjeron los hechos? ¿Sugiere acaso que el Holocausto debe entenderse y juzgarse a la luz del contexto histórico y político del nazismo?
En un mensaje impropio por el cargo que ostentó hasta el 10 de marzo de 2010, el ex comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, defendió públicamente a los presos de Punta Peuco. En carta a El Mercurio, el sábado 8 de julio recién pasado, no solo se permitió calificar como “injusta” la decisión de la Presidenta sino también criticar el actuar del Poder Judicial. A su juicio, los convictos fueron “discriminados” y “condenados recurriendo a ficciones jurídicas, aplicación de normas con efecto retroactivo o solo por presunciones”. Curiosa manera de buscar la reconciliación –a la que aspira en su escrito– ante hechos inhumanos que fueron investigados, comprobados y sentenciados por los tribunales de justicia.
Quizás no sabe que, desde 1945, el derecho internacional no reconoce la “obediencia debida” como eximente de responsabilidad penal. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional, que dio origen a los juicios de Núremberg, estableció que, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad –aquellos que afectan a los derechos humanos–, el haber actuado por “instrucciones de un gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad”. Serán los tribunales –como ha sido el caso de los nuestros– los que podrán calificar esa situación como una atenuante cuando lo estimen justo. Es decir, cumplir una orden inhumana puede juzgarse con mayor benevolencia cuando el acusado colabora con el tribunal en la entrega de información.
La Corte Penal Internacional también establece que un acusado puede ser eximido de su responsabilidad cuando “no supiera que la orden era ilícita”. Cabe preguntarse si los jóvenes militares de entonces pensaban que secuestrar, torturar y hacer desaparecer a sus compatriotas no eran actos manifiestamente ilegítimos.
Oviedo se conduele de aquellos jóvenes militares que “comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso”. Olvida, el general, que los “jóvenes de entonces”, que hoy están en Punta Peuco, han guardado silencio por más de 40 años, negándose a colaborar con la justicia para que los familiares de las víctimas puedan –al menos– aliviar su dolor con la verdad.
Los tribunales los han juzgado de acuerdo a las normas internacionales y las leyes vigentes en nuestro país.
Si el comandante en Jefe se permite discrepar de la forma en que los tribunales ejercen justicia, si se da el lujo de criticar a un Poder del Estado en una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República, quizás no comprende a cabalidad los principios democráticos a los que hizo alusión en su discurso.
Pero lo más sorprendente de la situación fue la reacción del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, quien suscribió los dichos del militar. De manera incomprensible –para un abogado y dos veces ministro de Justicia–, legitimó la posibilidad de que quienes violaron los derechos humanos se escuden en la incapacidad de desobedecer una orden inmoral.
La puerta quedó abierta. Dos días después (martes 11 de julio), El Mercurio publicó una nueva carta en el mismo tenor. Esta vez lleva la firma de Ricardo Ortega, general en retiro de la FACH y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro. Seguramente no será la última.
Si, después de 28 años del retorno a la democracia, las autoridades –civiles y militares– dan estas señales en materia de respeto a los derechos humanos, claramente vamos marcha atrás.
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