12/07/2017 |
Por Felipe Reyes
El comandante en Jefe del Ejército, en una actividad oficial, recurrió al argumento que busca minimizar la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad indicando que los militares no tenían posibilidad de negarse a las órdenes.
Por Felipe Reyes
El comandante en Jefe del Ejército, en una actividad oficial, recurrió al argumento que busca minimizar la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad indicando que los militares no tenían posibilidad de negarse a las órdenes.
En el último tiempo se ha vuelto una suerte de constante que desde diversos sectores, políticos, ciudadanos y militares, se articule una defensa activa contra los condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran encarcelados en Punta Peuco.
Todo esto, fortalecido por los comentarios oficialistas que dicen estar evaluando la posibilidad de cerrar el penal, a raíz de una "promesa" hecha por la presidenta Michelle Bachelet a la víctima de la dictadura Carmen Gloria Quintana.
Sin embargo, para muchos resulta llamativo el fortalecimiento, desde el mundo militar y político de extrema derecha, que la defensa corporativa se agrupe argumentando lo mismo: en tema de condenas, pagaron justos por pecadores.
Desde estos sectores aseguran que se ha desestimado el razonamiento de que muchos de los militares, principalmente aquellos de bajo rango, estaban sujetos a la lógica de obediencia militar.
Sumado a que el contexto vivido en los años de dictadura hacían el obrar militar unilateral: poco menos era "matar o morir". Y la defensa de la Patria merecía matar.
Reciente defensa militar
El excomandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, defendió públicamente a los presos de Punta Peuco.
En carta a El Mercurio, el sábado 8 de julio recién pasado, no solo se permitió calificar como "injusta" la decisión de la Presidenta en materia de cerrar el penal, sino que también criticar el actuar del Poder Judicial.
A su juicio, los convictos fueron "discriminados" y "condenados recurriendo a ficciones jurídicas, aplicación de normas con efecto retroactivo o solo por presunciones".
Izurieta subraya también que "una parte no menor de los condenados, en la época de los hechos, eran subalternos que cumplían órdenes". Apela al viejo argumento de la "obediencia debida" como defensa para quienes cometieron crímenes horrendos.
Sin embargo, el plato fuerte vino al día siguiente. El domingo 9 de julio, el mismísimo comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, reforzó la tesis publicada en el "diario de Agustín".
La circunstancia de sus comentarios fue especial: la ceremonia de Juramento a la Bandera.
El militar manifestó el compromiso del Ejército con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos, reclamando por las tensiones que aún existen "a pesar de las acciones de reconocimiento y las reiteradas ocasiones donde la institución ha asumido la responsabilidad que le corresponde".
Finalmente, corroboró la idea de que los militares de menor graduación, como subtenientes, cabos y soldados conscriptos hayan tenido que obedecer y cumplir órdenes superiores, "las más extremas a que se puede enfrentar todo ser humano, impedidos de objetarlas o representarlas, fueron obligados a cumplirlas como lo establece el Código de Justicia Militar vigente". A su juicio, esas actuaciones son observadas hoy "sin analizar ni considerar la situación concreta ni el contexto histórico y político en que tuvieron lugar", concluyó el general Oviedo.
Qué enseñanza tenemos
Cambio21 conversó con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), para saber su mirada de la situación.
"Los comentarios de Óscar Izurieta, y posteriormente los de Humberto Oviedo, responden a esta campaña que se ha estructurado por los beneficios carcelarios y por el indulto de los condenados de Punta Peuco. Esta defensa se radicalizó aún más después de saberse el interés por parte del Gobierno de querer cerrar el penal", afirma Lira.
"Para nuestra agrupación, las palabras dichas por Humberto Oviedo resultan altamente graves, si miramos el contexto político. Cuando él habla de "ilícitos" en lugar de delitos de lesa humanidad busca marcar un precedente que quiere minimizar las responsabilidades. Se debe tener claro que el grueso de los principales condenados que tiene Punta Peuco, no se trata de conscriptos ni de soldados rasos; muchos de ellos ya tenían jerarquía", apunta la dirigenta.
"Hablamos de generales, coroneles y de capitanes. Los defensores de Punta Peuco hablan de cosas que son verdades, donde se suman hechos realmente graves cuando se habla de minimizar lo hecho en dictadura. Se quiere invisibilizar lo cometido y quitar seriedad a los crímenes de lesa humanidad. Recordar que los condenados están viejos actualmente porque vivieron en la impunidad durante muchos años", indica Alicia Lira.
Por su parte, para el abogado de Derechos Humanos, Cristián Cruz, la situación refleja el interés de un sector por conseguir algo ya preestablecido.
"Es una conducta reiterada de los altos mandos castrenses, en servicio y en retiro, los que salen en defensa, no solo sobre el cierre de Punta Peuco, sino que también buscando otorgar la impunidad total o parcial para los violadores de derechos humanos", explica el abogado.
"Lo que diga un funcionario del Ejército en retiro es irrelevante, siendo muestra de un lobby feroz. Pero que lo diga el comandante en Jefe del Ejército, y más en la instancia del Juramento a la Bandera, y con la presencia de la Presidenta de la República, evidencia la falta de respeto que ha mantenido el Ejército y sus allegados. Pero es la reacción del ministro Gómez la que llama la atención, quien se cuadra con lo dicho por el general Oviedo", acota Cruz.
"Me parece que tenemos que tener claro que la gente podrá hacer la aproximación del dolor de las víctimas de este tipo de delitos respecto de los autores de los peores crímenes que ha visto nuestra historia. Más aún, cuando desde órganos del Estado se aprecia que se elevan defensas a sus posturas", finalizó.
Sobre el tema, la periodista Patricia Politzer escribió una columna donde crítica el obrar de los representantes del alto mando del Ejército.
"Quizás no sabe el general Oviedo, pero desde 1945, el derecho internacional no reconoce la "obediencia debida" como eximente de responsabilidad penal. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional, que dio origen a los juicios de Núremberg, estableció que, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, el haber actuado por "instrucciones de un gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad", dice la periodista.
"Serán los tribunales, como ha sido el caso de los nuestros, los que podrán calificar esa situación como una atenuante cuando lo estimen justo. Es decir, cumplir una orden inhumana puede juzgarse con mayor benevolencia cuando el acusado colabora con el tribunal en la entrega de información", completa la idea la profesional.
"Oviedo se conduele de aquellos jóvenes militares que "comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso". Olvida, el general, que los "jóvenes de entonces", que hoy están en Punta Peuco, han guardado silencio por más de 40 años, negándose a colaborar con la justicia para que los familiares de las víctimas puedan, al menos, aliviar su dolor con la verdad. Los tribunales los han juzgado de acuerdo a las normas internacionales y las leyes vigentes en nuestro país", concluye.
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