21/07/2017 |
Por Mario López M.
El oficial en retiro defraudó al fisco en casi seis mil millones de pesos, endeudándolo con diversos bancos y entes financieros. El método, que denunciara en exclusiva Cambio21, incluía facturas ideológicamente falsas por trabajos no prestados.
Una empresa que emitió documentos ilegales es de familiares de Mauricio Lazcano Silva: su madre y su hermano Patricio, exconcejal de RN, quien ha sido investigado por prestar boletas a una fundación de Longueira y que fueron giradas a SQM.
A pesar de quedar inhabilitado para desempeñar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, el militar (r) presta servicios para una empresa que trabaja con ministerios y municipalidades, justamente en el mismo giro por el que lo condenaron.
La administración del Ejército del general Humberto Oviedo, que comenzara el 10 de marzo de 2014, ha sido una de las más difíciles que ha debido enfrentar un comandante en jefe de esa institución en las últimas décadas.
Ello no solo porque le ha tocado enfrentar temas de alto impacto social, como el Milicogate, el inminente cierre de Punta Peuco y otros casos que heredó, sino porque además ha debido encarar sus propios demonios, como la compra con fondos públicos de una suntuosa casa para ser ocupada por él, o un lujoso auto para su traslado, o la detención en una causa de DDHH del general (r) de Ejército Carlos Oviedo Arriagada, su hermano, acusado de encubrir un homicidio ocurrido en 1974, entre otras denuncias.
Sigue ligado al Estado
Sin embargo una arista en particular -y que denunciara oportunamente Cambio21-, ha sido la primera en que se materializa una condena durante su mandato y que ha pasado casi inadvertida, a pesar de los más de seis mil millones de pesos que se "perdieron" en el pago a terceros por prestaciones jamás efectuadas, y donde se usaron facturas "ideológicamente falsas" por parte de su autor principal dentro de la institución armada, el teniente Coronel (r) Mauricio Lazcano Silva, quien cometió los ilícitos siendo jefe del Comando de Bienestar (COB) del Ejército.
Los beneficios que obtuvo el uniformado durante el tiempo en que desarrolló el fraude resultaron ciertamente mayores que los costos pecuniarios a que fue condenado. La cárcel jamás será visitada por el teniente coronel en retiro, experto en materia informática y que se desempeña -según sus redes sociales-, como "Jefe de Proyectos en Inversiones y Asesorías Informáticas" de una empresa que efectúa millonarias "Adjudicaciones por licitaciones o Convenio Marco".
No deja de llamar la atención que, a pesar de quedar por la sentencia "inhabilitado de forma perpetua de sus derechos políticos, así como para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena" -la que aún no cumple-, el militar (r) presta servicios para una empresa que trabaja con ministerios y municipalidades, entre ellas el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Recoleta. Hace su trabajo dentro del mismo giro por el que ha sido condenado y para entes públicos...
La tibia condena
Este mes se conoció la sentencia de primera instancia que recayó en contra de Lazcano Silva. El Séptimo Juzgado de Garantía lo condenó a tres años y un día por los delitos de estafa, pena que cumplirá en libertad vigilada. También a pagar una multa de $104 millones. El fallo fue parte de un "acuerdo" con la fiscalía, que dio lugar a un juicio abreviado y que alcanza solo a dos licitaciones del Comando de Bienestar institucional (COB), donde favoreció a la empresa Power-Ti, previo pago de sobornos y a haber recibido y visado facturas de esa sociedad por servicios que nunca se prestaron.
El acuerdo implicó no incorporar otros ilícitos que se le imputaban. Incluso se le dio por cumplida la pena por los sobornos (541 días por cohecho como funcionario público) por el tiempo en que permaneció durante la investigación en arresto domiciliario nocturno. Le afectan otras sanciones, como no poder ocupar de por vida cargos o empleos públicos.
Lo concreto es que el Ejército se encuentra demandado por varios bancos que están cobrando judicialmente las facturas que validó Lazcano a sabiendas que eran falsas, por montos que superan los $5.856.259.846, hechos "que se dan por probados sobre la base de la aceptación del imputado" y los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, sostiene la sentencia de la jueza (s) de garantía Carolina Mella.
Todo queda en familia
Lazcano Silva conocía muy de cerca la treta de las facturas ideológicamente falsas; incluso un familiar directo se había visto mezclado con ellas en los casos de connotación política que afectaron a partidos y parlamentarios de derecha. Desde el puesto en que se encontraba, para el teniente coronel las posibilidades de realizar operaciones a su "sola firma" eran una tentación. Por ello favoreció a una empresa de familiares, compuesta por su madre y hermano: Silva Computadores Ltda.
Patricio Lazcano Silva, su hermano, es un ex concejal de RN por San Joaquín entre 2008 y 2012. Además fue director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea y abogado del municipio de La Reina durante 2013. Ejerció las mismas labores en Ñuñoa, La Florida y Santiago en periodos en que los municipios eran regidos por alcaldes de derecha. También fue abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano durante 2013.
Este fue imputado por entregar boletas por $12.241.122 a Soquimich a petición de "la fundación Chile Justo, quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Desconozco el motivo por el cual me solicitaron esto, pero el servicio sí lo realicé. Respecto de Soquimich S.A, no conozco sus oficinas ni tampoco a alguna persona que trabaje ahí", declaró ante el Ministerio Público, asegurando que sí habría hecho un informe para la fundación cercana a Pablo Longueira.
El modus operandi
"Ayudar a la familia" no le fue suficiente, también desde la sociedad familiar le tendieron la mano. De acuerdo a la causa que terminó por condenarle, en su calidad de jefe del Comando de Bienestar del Ejército Mauricio Lazcano recibió sobornos de otro oficial por aquel entonces retirado, Eduardo Olmedo Prado, quien trabajaba en Power-Ti S.A., y de Claudia Marín Aguilera, quien se desempeñaba como gerente general y representante legal de la misma. El objetivo era que interviniera en dos licitaciones y les consiguiera la adjudicación de los contratos.
La primera de ellas fue en 2013 y la otra en 2014, por $117 millones y $59 millones respectivamente. Los sobornos se materializaron contra entrega de boletas de honorarios de Lazcano y mediante facturas emitidas por la empresa Silva Computadores Ltda. (la empresas de sus familiares). Por ambas gestiones recibió soborno, cometiendo cohecho por $80 millones, en el primer caso, y $21,6 millones, en el segundo.
No es todo. Lazcano y Olmedo urdieron el plan que terminó endeudando al Ejército. Debía ser aparentemente lícito y duraría mientras él estuviera en el cargo. Aparentemente, porque lo que realmente se pretendía era "obtener dinero de forma ilícita (...) en perjuicio de determinadas personas jurídicas", sostiene el fallo. Los casi seis mil millones de pesos defraudados que reclaman los bancos los deberá pagar "Moya", el Fisco, o sea usted.
Olmedo hacía entrega a Lazcano de facturas de la empresa Power-Ti S.A. por servicios supuestamente prestados al COB y que debían ser pagados por este. Sin embargo la ambición los llevó a no esperar los lentos procesos internos de pago de la institución y recurrieron a los bancos privados que factorizaron las facturas y las pagaban sin sospechas. Mal que mal detrás estaba el Ejército, o al menos eso creían.
Gol de media cancha...
¿Por qué el Ejército terminó endeudado con los bancos? La respuesta se la dieron los propios involucrados al fiscal metropolitano centro norte, José Morales: Lazcano Silva recibía de Power-Ti facturas ideológicamente falsas, las visaba como verdaderas y mientras se demoraba el pago por el Ejército, desde la empresa eran llevadas a diferentes bancos para descontarlas y así recibían el pago anticipado.
Las "facturas eran recibidas por el Teniente Coronel en conformidad a lo estipulado en la ley 19.983, estampando el sello del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, nombre que tenía el ahora Comando de Bienestar del Ejército, sello que era guardado por el citado Oficial para la recepción de las facturas, con el objeto de darle autenticidad a éstas, haciendo creíble para terceros que la prestación de trabajos y/o servicios habían sido efectivamente realizados, con lo cual la empresa Power-Ti S.A. quedaba frente al mercado bancario con un crédito a favor y el Comando de Bienestar del Ejército como deudor de las mismas", explica la resolución de su procesamiento ante la fiscalía militar.
"Con esto personal de la empresa Power-Ti S.A. y una vez que el Teniente Coronel hacía devolución de la copia cedible a la empresa, quien factorizaba las facturas en distintas empresas de Factoring del mercado nacional. Asimismo y con el objeto de dar veracidad a lo estampado en las Facturas, el Teniente Coronel de Ejército se contactaba con las empresas de Factoring, mediante correo electrónico institucional y telefónicamente, con esto daba certeza a las empresas de Factoring respecto de lo adeudado por el Comando de Bienestar", agrega el tribunal, era la puesta en escena.
Cría fama y échate a...
Todo iba bien hasta que se descubrió accidentalmente que una de las órdenes de pago iba firmada por un oficial de menor grado al que correspondía emitirla, lo que detuvo el proceso de validación producto de la investigación administrativa que se generó. Habían pasado al menos cuatro años en que la triquiñuela había dado sus frutos. Siempre que se generó alguna sospecha, Lazcano Silva confirmaba la operación, asegurando que los trabajos se habían hecho y que las facturas eran verídicas, lo que era falso.
Esta vez la demora en el pago puso en sospecha a los bancos, que decidieron demandar al Ejército. Ya no se podía ocultar el fraude y Lazcano terminó reconociendo mediante una "autodenuncia" que había recibido "comisiones" de terceros por cerca de 200 millones de pesos.
El delito admitido en principio por el teniente coronel del Ejército era de una pena de baja intensidad. Desde la institución armada se reclamó el derecho para investigar y eventualmente sancionar a Lazcano, pero el Ministerio Público reclamó la competencia por la naturaleza del delito, siendo el fisco el perjudicado. La Suprema le dio la razón a la fiscalía y así se dio origen a esta sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía.
El mal endémico: nulo o sospechoso control
En todos los casos de fraudes que han afectado a las instituciones castrenses y que se han destapado en los últimos años, un factor ha sido coincidente: la escasa, nula o cómplice fiscalización por parte de los organismos encargados del control de gastos e incluso de los organismos de seguridad e inteligencia interna y, claro, también de los organismos fiscalizadores civiles, como la Contraloría General de la República o el Ministerio de Defensa.
Desde el Senado y la cámara baja coinciden en que la falta de control permite estas aberraciones. El senador Alejandro Guillier reconoció que "hace tiempo que viene el negocio de la compra de servicios, armas y otras denuncias de irregularidades que han trascendido a los medios".
Por su parte el diputado PPD Guillermo Ceroni, integrante de la Comisión de Defensa, sostuvo que estos hechos "evidencian la debilidad de los sistemas de control al interior de las instituciones militares, pero también son un aliciente para perfeccionar el trabajo que debe hacerse de forma transversal en Transparencia".
"Por supuesto que aquí tiene que exigírsele a las FFAA lo mismo que se le exige a otras instituciones. Hoy hemos caído en una situación de desprestigio de todo el aparato público y parte de ello son las Fuerzas Armadas, que no pueden estar en una situación especial o diferente, sino con un estándar de transparencia máximo como nos hemos propuesto en el país", afirmó el parlamentario a Cambio21.
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