A días de cumplirse un año del estallido social del 18 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Emilia Nuyado (PS), realizó sesión para escuchar al Ministerio Público y Carabineros, en relación al número de funcionarios de la fuerza pública que se encuentran denunciados, investigados y sancionados por violaciones a los derechos humanos y determinar si el actuar de Carabineros cumple con los estándares para la investigación y sus obligaciones legales.
A juicio del Ministerio Público, ha sido muy difícil determinar las responsabilidades por las denuncias, debido a la complejidad de no tener un relato inicial que incluya una declaración que contextualice los antecedentes.
Así lo detalló ante la instancia, Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público, quien sostuvo que “para cada víctima un año, indudablemente, es una eternidad. Si miramos la complejidad de estos delitos, muchas de las denuncias son situaciones de manifestaciones masivas, donde ha sido muy difícil determinar la responsabilidad individual”.
El reporte entregado por la representante del ente persecutor, sobre violaciones a los derechos fundamentales por parte de funcionarios de la fuerza pública, indica que la cifra de casos asciende a 8.575 víctimas. De esos casos, existen 919 imputados identificados, pero desconocidos alrededor de siete mil”.
Asimismo, reveló que hasta la fecha se han formalizado a 63 funcionarios policiales formalizados en 29 causas, todos los cuales están con medidas cautelares decretadas, ya sea prisión preventiva o medidas cautelares. “Se han presentado acusaciones en tres casos, tenemos un caso de condena y durante la semana del 5 de octubre se actualizará la información estadística, donde se van ingresando los casos formalizados”, explicó Ymay Ortiz.
Informó que en octubre se encuentran fijadas varias audiencias de formalización en casos de violencia institucional, por delitos cometidos en el contexto de la crisis social, por lo que “esta cifra respecto del número de formalizados va aumentar bastante durante los próximos meses”, señaló.
Además, puntualizó que “se revisó caso a caso, las causas con su historial y pudimos descubrir los delitos comunes -que realizaron agentes del Estado- que no están tipificados. Fue así como encontramos el de lesiones oculares, desnudamiento, hacer sentadillas, entre otras”.
Finalmente, resaltó que están en un proceso donde todas las fiscalías regionales están despejando información, con el fin de quedar con el grueso de las investigaciones que permitan determinar una responsabilidad penal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario