Por: Carolina Ceballos | Publicado: 25.05.2024
Carlos Margotta | Agencia UnoSegún comenta Carlos Margotta, su presidente, estamos en presencia de «tendencias que al tomar fuerza, son muy difíciles de frenar o hacer retroceder. Cuando se normaliza el ejercicio arbitrario de la fuerza por parte de las policías, o se debilitan los mecanismos de control y vigilancia de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, la sociedad entera retrocede».
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, (CCHDH) emitió esta semana un comunicado de prensa evidenciado su preocupación ante la avanzada de políticas que amenazan la protección de estas garantías en nuestro país, alertando además acerca de los debates que se están generando a nivel local, lo que desde la entidad se observa con creciente inquietud.
Así lo evidencia Carlos Margotta, su presidente, relevando lo que está sucediendo en Chile en diálogo con El Desconcierto.
«Se están instalando tendencias que degradan las garantías y principios más elementales del Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución, en la medida que otorgan al ejercicio de la función policial unos estándares privilegiados frente al resto de la ciudadanía, en materias altamente sensibles como, por ejemplo, el uso de la ‘legítima defensa’ como forma de exculpar a los funcionarios policiales involucrados en hechos de violencia y delitos», sostiene.
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Un hecho que, en su opinión, «es particularmente grave», dado que «la Ley Naín Retamal ya instaló una especie de “legítima defensa privilegiada” para las policías, y ahora se está yendo más allá, al desplazar esa noción por la de ‘objetivo legítimo’, un concepto que amplifica de manera extrema e irresponsable los márgenes del actuar policial, cuestión que impacta tanto en derechos de reunión y manifestación, como en la vida cotidiana de todas las personas».
Según Margotta, «esto se relaciona además con formas de actuar policial que muestran que en los hechos no ha habido reforma sustantiva alguna en la formación y doctrina policial, como muestra una serie de hechos innumerables, como el reciente caso en el barrio Bajos de Mena ,donde un funcionario de Carabineros dispara por la espalda a un joven».
«Estamos igual o peor»
«En resumen, estamos igual o peor que para el momento en que estalló la revuelta social de 2019-2020, con ciertos agravantes, como la sensación muy justificada de que hay amplios espacios para la impunidad», agrega.
Según el presidente de la Comisión, «la constatación de que la cantidad de hechos de este tipo no es la misma de los ocurridos durante la revuelta, no es prueba de que, con los mismos sucesos de manifestación y protesta social, se desaten respuestas iguales o peores a las que vimos a partir de octubre de 2019».
¿Cuánto se pone en riesgo o se debilita una democracia cuando se transita en esta dirección que ha tomado el país?, le consultamos a renglón seguido.
«Muchísimo, porque son tendencias que al tomar fuerza son muy difíciles de frenar o hacer retroceder. Cuando se normaliza el ejercicio arbitrario de la fuerza por parte de las policías, o se debilitan los mecanismos de control y vigilancia de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, la sociedad entera retrocede», complementa.
Según explica Margotta, «la experiencia muestra que se amplifican los problemas, pues entre otros efectos, se extiende la criminalidad y los grados de violencia de ella, e incluso es el terreno propicio para que se generan vínculos entre los agentes estatales y la delincuencia y criminalidad organizada, como muestran ya varios casos actuales».
«Algo que no está funcionando»
«El caso de la normalización y extensión del uso de los Estados de Excepción Constitucional, son otra muestra de ello. Hay algo que no está funcionando en nuestro Estado de Derecho, y en nuestro orden constitucional y sistema político, para que se tenga que utilizar una herramienta que, como su nombre lo indica, es de excepción», agrega.
Encima, sostiene, que «se utilice de manera tan común y con tan bajo debate democrático en torno a los problemas de fondo que no se solucionan con la militarización de ciertas regiones o provincias».
Paralelamente, cuestiona «la banalización de lo ocurrido» en el contexto del estallido social, aludiendo a una «desmemoria que tanto se intenta promover desde el sistema de medios de comunicación masiva, y de buena parte de las fuerzas políticas».
Ello, plantea, «nos sitúa en un escenario donde se están incumpliendo en altísima medida todo tipo de garantías de no repetición frente a las generalizadas y sistemáticas violaciones a derechos humanos que se cometieron en esos sucesos de hace cinco años».
Falsa dicotomía
Consultado luego de qué manera debiera abordarse la crisis de seguridad en el país desde una perspectiva basada en el respeto a los derechos humanos, Margotta comenta que «lo primero es comprender que es una falsa dicotomía la que se pretende instalar desde ciertos discursos, de que los derechos humanos estarían en oposición o contradicción con la problemática de la seguridad pública».
«Al contrario, es el marco de los derechos humanos el que plantea un cuadro adecuado y eficaz del problema en su integralidad», asegura al tiempo que recalca que «lo primero que debe tenerse en consideración es que ninguna medida en particular será autosuficiente, y menos, las que sólo atienden a factores como el equipamiento o ‘poder de fuego’ de las policías y militares, y de los márgenes de discrecionalidad y atribuciones que tengan».
De hecho, dice, «eso es un escenario propicio para el agravamiento del problema».
«El tema de la seguridad pública es multifactorial y multidimensional, y las garantías democráticas, los controles y vigilancia del actuar de los agentes del Estado, y los derechos de las personas frente a su actuar, son elementos indispensables para abordarla con eficacia», agrega.
Y respecto de «los controles a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública», comenta que «son de conocimiento público los múltiples casos judiciales en los que queda de manifiesto de que, para ir a otro tema aledaño, el de la administración financiera, no están siendo efectivos».
«Hay fuertes indicios de una cultura institucional en la que esos múltiples casos se hacen algo posible y repetido. Junto con ello, también son varios casos en los que se ha investigado y probado la participación de policías junto a delincuencia común o crimen organizado, y otras tantas denuncias sobre la materia que debiesen ser tomadas más en serio e investigadas, como ocurre con las realizadas por el ex capitán de Carabineros Miguel Toledo acerca de la industria del robo de madera, o por el ex capitán del Ejército, Rafael Harvey acerca de la corrupción en altos niveles militares», concluye.
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