PAÍSLa Corte Suprema ordenó al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica abstenerse de continuar la investigación del caso “Conscriptos de Putre” hasta resolver la competencia. En fallo dividido, la Segunda Sala acogió la solicitud del Ministerio Público Militar.
La Corte Suprema concedió este viernes una orden de no innovar, instruyendo al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía de Arica a abstenerse de continuar con las diligencias en la investigación del caso “Conscriptos de Putre” hasta que se resuelva el fondo de la contienda de competencia.
En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por el ministro Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, el ministro Jean Pierre Matus, y los abogados integrantes Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada, acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público Militar. La decisión fue tomada con los votos en contra del ministro Llanos y el abogado Ferrada.
El fallo establece: “Sin perjuicio de lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada”.
Este fallo surge en el contexto de la investigación por la muerte del joven conscripto Franco Vargas, de 19 años, ocurrida el pasado 27 de abril durante una marcha de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco de Putre. En el mismo evento, otros jóvenes presentaron problemas respiratorios y gastrointestinales, dos de ellos en estado grave, lo que motivó su traslado a Santiago.
La controversia ha generado una disputa legal significativa. La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, requirió la inhabilitación del tribunal civil, argumentando que el caso debe ser investigado por la Justicia Militar. Esta postura es rechazada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso por el delito de apremios ilegítimos, que sostiene que la causa debería permanecer en jurisdicción civil al tratarse de posibles violaciones a los Derechos Humanos.
La directora del INDH, Consuelo Contreras, advirtió que el Estado chileno podría enfrentar sanciones de tribunales internacionales por quebrantar tratados de protección de Derechos Humanos si el caso es visto por la Justicia Militar.
Para liderar la investigación del caso “Conscriptos de Putre”, el Ministerio Público designó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera.
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