Entre los días 2 y 4 de mayo se celebró la Conferencia Mundial por la Libertad de
Prensa organizada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para
co-organizador al Gobierno de nuestro país.
En la Declaración final de este evento, figura la firma del Gobierno de Argentina
encabezado por el presidente Javier Milei, quién desde la asunción de su cargo en
diciembre de 2023, ha ejecutado una serie de medidas y políticas que son
abiertamente contradictorias con el contenido de la mencionada Declaración.
Tal como fue denunciado por delegados argentinos en el mencionado evento con
una declaración pública bajo título “Engaño mundial” del 5 de mayo, entre estas
políticas y medidas podemos citar la violencia de las fuerzas policiales en la
cobertura a las manifestaciones sociales que ha suscitado la agobiante situación
económica que aqueja a amplias franjas de la sociedad argentina, en un marco
general de represión y criminalización de la protesta social y política.
La muy difícil situación económica actual en Argentina golpea hoy a prácticamente
todos los sectores y actividades, incluyendo el de los medios de prensa y
comunicación, cuestión que se agrava en el caso específico del ejercicio de los
derechos a la libertad de prensa y expresión con políticas que le afectan
directamente, como son la existencia de una constante agresión de parte de las
autoridades gubernamentales y sus seguidores y adherentes contra cualquier
posicionamiento crítico o incluso apenas interrogativo, la toma de medidas que
tienden al desfinanciamiento y privatización de medios públicos y alternativos a la
prensa dominante, la eliminación de unidades completas del sistema de medios
públicos y la desfinanciación de universidades públicas que sustentan a un buen
número de medios de comunicación, el desmantelamiento del mundialmente
reconocido y referencial Instituto Nacional de Cine (INCAA).
Todas estas realidades y acciones configuran un cuadro de una completa regresión
y retroceso frente a los avances que contempló en su momento la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” promulgada en el año 2009,
legislación que fue vista como genuino ejemplo a nivel regional por sus fines de
democratización y pluralismo, pero cuya vigencia y aplicación efectiva ha sido, como
es conocido, objeto de múltiples disputas jurídicas y políticas que han impedido la
implementación de una parte muy significativa de sus contenidos.
Este escenario, que es consecuencia directa de las políticas y medidas del gobierno
del Presidente Javier Milei, da cuenta de la inconsecuencia de éste al firmar una
declaración que contempla una serie de principios y objetivos abiertamente
incompatibles con el programa de gobierno que está impulsando y ejecutando. Las
instancias y eventos internacionales como el que se ha celebrado a propósito del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, no debieran ser utilizados para suscribir en
ellos ideas y compromisos que se vulneran completamente en el ejercicio efectivo
del poder en el ámbito interno de los países.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago de Chile, 11 de mayo de 2024.-
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