Expertos advierten que el dinero de la expropiación iría a los hijos de los criminales y no a las víctimas delos abusos cometidos por el pederasta alemán.
El reciente anuncio del presidente Gabriel Boric sobre la expropiación de partes del fundo de Colonia Dignidad fue bien recibido por parte de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, surgen dudas sobre cuál es el valor de los inmuebles a expropiar y quiénes recibirán el dinero que se pague por ellos, teniendo en cuenta que están controlados por sociedades administradas por Hans Schreiber y Thomas Schnellenkamp, hijos de jerarcas de la secta.
Tanto los abogados Hernán Fernández y Winfried Hempel, quienes representan a víctimas de la colonia, como Margarita Romero, presidenta de la Asociación Colonia Dignidad, coinciden en que el principal problema es que el dinero podría beneficiar a los hijos de los criminales y no a quienes sufrieron los abusos sexuales cometidos por el pederasta alemán Paul Schäfer.
«El Estado da señales esporádicas insuficientes y contradictorias. Las víctimas necesitan una declaración de justicia antes que cualquier compensación económica», afirmó Fernández a El Mostrador.
Recordó que, tras la condena de Paul Schäfer y sus adláteres, se permitió que las empresas creadas para manejar los bienes de la colonia siguieran lucrando, en lugar de pagar a las víctimas.
«Se permitió que las empresas siguieran no solo lucrándose, sino que saqueando el patrimonio de las víctimas con diversas maniobras de pseudolegalidad o de legalidad, de una legalidad superficial, civil y comercial, pero no de legalidad basada en los derechos de las víctimas”, afirmó.
De este modo, hizo referencia a las sociedades anónimas Cerro Florido, Bardana y Cinoglosa, las cuales que fueron creadas a fines de la década de 1980 y a las que fueron transferidos los bienes de la colonia antes de que en 1991 el expresidente Patricio Aylwin cancelara la personalidad jurídica de la entonces corporación “Sociedad benefactora y educacional Dignidad”.
A estas empresas se le sumaron otras más recientes, entre las que figuran las inmobiliarias Bamberg Ltda. y Bergneustadt Ltda.
Para Fernández, Aylwin cometió un error, ya que cuando se le preguntó qué sucedería con el patrimonio de la secta, respondió que “si las empresas están constituidas conforme a derecho, se tiene que respetar las empresas, porque en Chile vivimos en un Estado de derecho”, lo cual a su juicio permitió que el enclave siguiera funcionando igual, mientras seguían abusando de niños en su interior y esclavizando personas, incluidos menores de edad.
El abogado criticó que la Colonia Dignidad se ha convertido en un lugar de turismo y en una suerte de resort macabro. donde incluso instituciones gubernamentales, como la Municipalidad de Parra ly empresas privadas celebran eventos, ignorando el sufrimiento de las víctimas.
«Este grupo privilegiado de jerarcas ha hecho lugares de turismo sobre la sangre de las víctimas. No podemos aceptar esto», enfatizó Fernández.
El jurista también planteó que en la actualidad nos e tieen una cifra clara sobre cuánto asciende el patrimonio y la superficie que queda del fundo que originalmente llegó a tener 17 mil hectáreas, que se suman al las casi 1 mil del fundo El Litral, en la comuna de Bulnes-
“Las empresas a las que hoy día se les pretendería pagar, lo que nos parece un insulto y una burla, están saqueando la colonia a vista y paciencia de las víctimas. Están cortando bosques, vendiendo bosques, están vendiendo tierra, haciendo parcelas dentro de la colonia. Y eso es una prueba contundente. ¿Dónde está la autoridad en este país? ¿Dónde está el señor Altamirano, de la subsecretaría de Derechos Humanos, que es muy bueno para los discursos, pero muy malo para las acciones?”, criticó en referencia al subsecretario Xavier Altamirano.
¿Estado financiará a los hijos de los jerarcas?
Por su parte, Winfried Hempel, abogado de la Asociación por la Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad de los ex Colonos (ADEC) señaló que los colonos de mayor edad están nerviosos por la expropiación. Muchos temen ser desalojados y revictimizados, tras décadas de abusos sufridos en la colonia.
«No vaya a ser que, por un lado, esa plata no llegue a las víctimas y, por otro lado, el Estado financie a los hijos de los jerarcas», advierte Hempel.
«Sabemos, aterrizando lisa y llanamente en el plano legal, que el Estado tiene que pagarle el precio a quien es el dueño legal inscrito en el Consorcio de Raíces de Parral”, afirmó.
Por tal motivo, explicó que se encuentran evaluando un mecanismo que haga posible que el dinero que se reciba por la expropiación vaya a parar a un fondo dedicado a la reparación de los abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos por Schäfer en contra de la mayor parte de los colonos alemanes y una buena parte de los chilenos que llegaron al enclave, la mayoría de ellos víctimas de adopciones ilegales
Falta de participación de las víctimas en el proceso de expropiación
En la misma línea, Margarita Romero criticó que la mayoría de las decisiones sobre la expropiación se han tomado sin la participación de las asociaciones de víctimas.
Destacó que en 2016 se declararon como Monumento Nacional 182 hectáreas del predio, pese a la oposición de los hijos de los jerarcas. Sin embargo, planteó que debería expropiarse todo lo que es Monumento Nacional.
«La decisión de expropiar solo ciertos lugares y no otros, parece arbitraria. Se debería expropiar todo lo que es Monumento Nacional», afirmó Romero
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