18 DE MAYO DE 2025
Por KIKE MUJICAEste viernes cayó el persecutor que tenía a cargo el caso ProCultura. Las interceptaciones telefónicas -un método de investigación altamente riesgoso según exfiscales consultados para esta columna- lo condenaron tras el fallo de la Corte de Apelaciones, que determinó que las escuchas del teléfono de Josefina Huneeus fueron “improcedentes, inconstitucionales e ilegales”
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Hablé para este reportaje con cuatro exfiscales. Antes del viernes, todos consideraban altamente improbable que el fiscal nacional Ángel Valencia le quitara a Patricio Cooper uno de los tres casos de alto impacto político que investigaba.
Ni hablar de removerlo de ProCultura.
El viernes todo cambió. Fue tan brutal el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que Valencia ni siquiera esperó la apelación ante la Corte Suprema.
Los exfiscales -me lo dijeron antes del fallo- coincidían en que no fue la mejor decisión poner a Cooper a cargo –responsabilidad de Valencia- de tres casos peliagudos y mediáticos.
¿Por qué?
“Nunca ha investigado delitos de este tipo. No tiene experiencia. Su carrera tiene relación con delitos sexuales o criminales. Además su fiscalía, la de la cuarta región, no tiene un fiscal adjunto de alta complejidad que lo pueda auxiliar”, sostiene un expersecutor.
¿Por qué entonces Cooper?, les pregunto.
“Esta causa debería haber estado radicada en Santiago, pero Valencia nunca quiso entregársela a Armendáriz. Y la otra fiscalía lleva lo de Hermosilla. Además, Cooper es uno de los pocos fiscales que Valencia ha nombrado, era de su confianza”, dicen.
Un exfiscal me dice que el Ministerio Público debería ordenar una investigación exclusiva para ProCultura y que el encargado “debería ser el Fiscal Nacional Ángel Valencia, por las repercusiones del caso”.
Otro exfiscal sostiene que Cooper se pasó “diez pueblos cuando pidió la interceptación del teléfono del presidente Boric. No existía fundamento legal, no era una medida indispensable. Fue un gran error. Se lo atribuyo a la falta de experiencia en este tipo de casos”.
Los exfiscales relevan que la decisión de Cooper de pedir intercepciones telefónicas es “muy riesgosa para estos casos. En general, se utiliza para investigaciones sobre narcotráficoo crimen organizado. Ni en Penta ni en SQM se utilizó: ahí se revisaron correos electrónicos. El Caso Audios tampoco: a Luis Hermosilla se le confiscó el celular, nunca se lo intervinieron”.
En la revisión del recurso de amparo de Josefina Huneeus en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el abogado defensor, Alejandro Awad, lo hizo ver: “Para aquilatar la gravedad de la situación que he traído a la consideración de este ilustrísimo tribunal. Y es que estamos acá ante la única interceptación en la historia que al menos yo conozca a un Presidente de la República en ejercicio, cuya transcripción hoy anega la prensa. Un Presidente respecto del cual no había ninguna sospecha al momento de captarse esa conversación. ¿Y de dónde proviene esto? De una interceptación ilegal”, señaló.
La Corte de Apelaciones, este viernes, sentenció respecto de las interceptaciones a Huneeus: “Ninguna de esas comunicaciones tiene interés criminalístico, y se trata de escuchas ilegales de la Policía de Investigaciones, transcritas e incorporadas a la carpeta investigativa. Desde el momento en que fue implementada la interceptación, la PDI escuchó ilegalmente las conversaciones privadas de Josefina Huneeus Lagos, en lugar de las del imputado Alberto Larraín. Así, cuando el Ministerio Público se dio cuenta de esto, en vez de tomar medidas en resguardo de los derechos de doña Josefina Huneeus, hizo precisamente lo contrario: presentó ante el Tribunal una solicitud de “mantención” de la interceptación telefónica sobre el número de teléfono de marras, pero ahora explicitando que se trata del teléfono de doña Josefina Huneeus”.
Los riesgos de la interceptaciones -y las obvias filtracionesque vendrán después- quedaron expuestas en un reportaje de The Clinic este viernes: “Un informe de la PDI con el contenido de una conversación entre Josefina Huneeus y su madre, la encuestadora Marta Lagos, fue incluido por el equipo del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el expediente entregado a defensores y querellantes del caso ProCultura. Media página de ese informe está cubierta por un bloque blanco que, se supone, debía borrar el contenido de la conversación. Pero la censura fue mal aplicada y datos de la salud mental del Presidente de la República quedaron expuestos. The Clinic se reserva el contenido de la mayor parte de esa conversación, aunque es relevante aclarar que no aparecen detalles que den cuenta de alguna inhabilidad del mandatario para ejercer cargos públicos. Tampoco de que tuviera alguna afección mental no tratada, ni ningún comentario negativo sobre su estado de salud. Sí se incluye el nombre del psiquiatra que continuó atendiendo a Boric cuando asumió el cargo de Presidente de la República”.
¿Quién es?
Patricio Cooper Monti tiene 56 años. Nació en Temuco y estudió Derecho en la Universidad Diego Portales. Quienes los conocen hablan de un hombre “muy simpático, alegre, tallero”. Profesionalmente, lo catalogan de “metódico, reservado y que le gusta trabajar en equipo”.
“Inicié mi carrera profesional en el sector privado, específicamente en el Banco de Santiago, donde trabajé primero en el área Hipotecaria y después en el área Sociedades. Posteriormente trabajé en la consultora tributaria internacional Deloitte, específicamente viendo temas de inversión extranjera”, escribió él en su perfil de LinkedIn.
El año 2000 comenzó su carrera en el Ministerio Público: fue fiscal jefe de Loncoche. En 2003 fue fiscal adjunto en Viña del Mar y a fines del 2004 asumió como fiscal jefe en la Metropolitana Centro Norte, específicamente a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violentos.
Entre 2011 y 2018 fue fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Santiago Poniente y luego tuvo el mismo cargo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
A mediados de diciembre del 2023, el fiscal nacional, Ángel Valencia, lo designó fiscal regional de Coquimbo. Ahí estará hasta el 2032.
Si bien tuvo casos mediáticos, como el de Rodrigo Rojas Vade o el manifestante que cayó del puente Pio Nono, nada es comparable con la tríada que le cayó encima en esta temporada: la frustrada venta de la casa de la familia Allende, el caso Sierra Bella y el de Pro Cultura.
Los protagonistas de estos casos, en este orden son, el PS, el PC y el FA.
O, más bien, los Allende, Cariola y Boric.
Nada más y nada menos.
Por ello no hay fiscal hoy más expuesto en Chile que Cooper. En círculos políticos reflexionaban -antes de que lo sacaran del caso- si era conveniente que él tuviera tres frentes abiertos que son, cada uno por sí solo, territorios minados, más políticos que judiciales.
De hecho, hoy aún mantiene un pedido de remoción en su contra por diez diputados oficialistas por las diligencias que hizo en contra de Cariola. La Corte Suprema debería dirimir. Lo que pasó el viernes poco lo ayuda.
Cooper respondió en su momento: “Tendré que defenderme ante las instancias correspondientes. Si el poder político va a reaccionar frente al trabajo de un fiscal regional, perfecto“.
El historial bélico
Cooper mandató la incautación del teléfono de Cariola, sabiendo de la prontitud de su parto. La diligencia se concretó mientras la diputada estaba dando a luz. Él no concurrió: envió a la PDI.
Ardió troya.
La molestia derivó en irritación cuando días después se filtraron conversaciones privadas entre Cariola e Irací Hassler, en las que criticaban duramente al Gobierno y al Presidente Boric.
Fue la primera vez, de muchas, en que el oficialismo increpó con dureza a Cooper: ¿por qué en la carpeta estaba esa conversación que nada tenía que ver con la investigación de Sierra Bella? ¿Y por qué se filtró dicho diálogo?
Luego, Cooper acumuló más irritación en su contra. La Tercera filtró una conversación telefónica entre Miguel Crispi y su madre, Claudia Serrano, sobre la frustrada venta de la casa de los Allende.
Crispi dijo: “(Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Hueveando, hueveando, hueveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”.
El teléfono de Crispi había sido pinchado con autorización de la justicia en el marco del Caso Convenios.
Nuevamente hubo rudos reparos del oficialismo, ¿Por qué estaba en la carpeta una conversación íntima de un hijo y su madre sobre otro tema nada que ver con Convenios? ¿Y por qué se filtró?
La respuesta de Cooper fue considerada una provocación por la izquierda.
“Me llama mucho la atención que se hable de este tema sólo cuando se trata de determinadas personas”, dijo. Y añadió que las intervenciones telefónicas “son herramientas legales que también se aplican en casos de narcotráfico y terrorismo sin generar el mismo nivel de controversia”.
Frente a las acusaciones por su “obsesión por pinchar teléfonos” respondió:
“El trabajo del Ministerio Público está regulado por el sistema acusatorio. No actuamos solos, los jueces controlan nuestras acciones y las autorizaciones judiciales son parte esencial de este proceso”.
El Presidente pinchado
Pero ahí no terminó la tensión. Al contrario.
La indignación escaló cuando se supo que Cooper pidió dos veces la interceptación del teléfono del mismísimo presidente de la República.
Esto, porque una testigo declaró que frente a una petición de pagos atrasados, el propio Larraín le había enviado un mensaje: “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Cooper para justificar la petición sobre el teléfono de Boric dijo: “Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República”.
La justicia no dio pie a la petición.
La tesis del espionaje
El summum llegó con una nueva filtración de un pinchazo telefónico: esta vez de las conversaciones, en 2024, entre Josefina Hunneus, exmujer de Alberto Larraín, y el Presidente Boric.
Ahí el FA enarboló la teoría del espionaje: “El teléfono pinchado no es el teléfono que se quería pinchar. Luego se extiende la autorización (para escuchar el móvil de Huneeus), pero las escuchas previas (con el Presidente) no están autorizadas por un tribunal“, dijo Constanza Martínez.
Boric ha sido muy cauto y no se ha hecho cargo de la teoría de la persecución. Me dicen en La Moneda que deben alejar a ProCultura de Boric: “Descontaminarlo de ese tema: él no tiene nada que ver con esto”.
La hipótesis en off de varios miembros del frenteamplismo -en público hablan de “persecución” o “espionaje”- es que el fiscal Patricio Cooper está “operando” contra el Gobierno y en particular, contra el Presidente Boric.
Sugieren una “predisposición” negativa de Cooper hacia la izquierda.
¿Razones?
La conspiración es un reflejo pavloviano del 99% de los políticos. A veces, le apuntan; la mayoría de las veces, no.
En este caso, Cooper, me dicen dos fuentes del FA, tendría un manifiesto sesgo, motivado por sus creencias políticas o -dicen los más mal pensados- por sus “nexos con la oposición”.
El sinceramiento de estas conjeturas las verbalizó esta semana en Tele13 radio, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio.
“Lo que están buscando es encontrar una conversación con el Presidente… tuvieron pinchado tres años al jefe de asesores del Presidente (Miguel Crispi)”, dijo.
Si hay espionaje, ergo hay espías. Cooper sería, según esta tesis, el celador y vigilante del Presidente de la República. Por eso intentó intervenir no una, sino dos veces, el teléfono de Boric. La justicia le dijo que no, pero eso no importa: Cooper, dicen en el FA, “cruzó el límite”.
Daniel Jadue uno de los dirigentes más importantes de un partido gobernante, fue más allá cuando habló de Cooper y del fiscal nacional, Ángel Valencia. “Esta es una fiscalía neoliberal de derecha que persigue políticamente a los liderazgos de izquierda”, sentenció esta semana.
El fallo de la Corte y la remoción de Cooper podría ser para el Frente Amplio la reafirmación de la tesis del espionaje o, como pretende el Gobierno, su fin y olvido.
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