Quien se desempeñó como secretario de la Comisión Rettig defiende que si bien pueden haber casos como el de Bernarda Vera, son apenas el 0,5% de los más de 900 detenidos desaparecidos registrados en Chile.
THE CLINIC.
El verano de 1991 el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil (71) pasó varios días durmiendo en el mismo lugar en que se encontraban elaborando el Informe Rettig.
Correa Sutil se desempeñó en ese entonces como secretario general de la instancia, y a treinta años de lo que fue la entrega de uno de los documentos más relevantes respecto de lo que ocurrió con las miles de personas a las que se les violaron los derechos humanos en la dictadura militar de Augusto Pinochet, reflexiona de lo que es la perspectiva actual de los derechos humanos.
Con el informe en mano, el abogado explica en profundidad cómo fue que pudo ocurrir el caso de Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida desde 1973, mientras se encuentra, según un reportaje de Chilevisión, residiendo en Argentina.
Explica que, según el informe, Vera habría sido incluida en el listado de personas detenidas el 10 de octubre de 1973, entre las 9 y las 11 de la noche, en Liquiñe, una zona de grupos del MIR, y que luego fueron llevadas al puente sobre el río Toltén, donde les dispararon y empujaron los cadáveres al río.
“Una de las personas que empujan al río no había recibido balas, y testimonia ante la comisión Rettig de haber sido lanzado al río después de haber percibido la ráfaga de disparos sobre sus compañeros. Él resulta ileso, pero sí lo lanzan al río, y él naturalmente se hace como que está muerto para que no le disparen encima y el río se lo lleva y luego logra salir bastantes kilómetros más abajo”, explica Correa Sutil.
Algunos de estos cuerpos fueron vistos a la orilla del río por testigos, que declararon ante la comisión, por lo que todos ellos quedaron como desaparecidos, y es ahí que el informe agrega que “es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba Vera Contardo, 27 años, profesora”.
“¿Por qué lo presume el informe? Porque es una profesora que es del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, de la escuela de Puerto Fuy. Militante del MIR, del mismo grupo de varios de los que son detenidos, que fue detenida en Trafún, ya que también hay informes de que fue detenida en Trafún. Y hay testigos que declaran de que ella se habría escondido en el Complejo Maderero, porque era intensamente buscada por las autoridades del lugar, y desaparece. Sin que nosotros tengamos certeza de que haya sido tomada detenida por el mismo grupo, pero presumimos que pudo haber sido muerta en el mismo episodio, porque nunca más toma contacto con nadie de sus familiares, nunca más hasta el año 1990. Entonces ahí hay una presunción que los miembros de la comisión hicieron sobre la base de la militancia, sobre la base de la intensa represión que hubo en el lugar, sobre la base de que ella nunca más tomó contacto con su familia. Pero al parecer fue una presunción errada”, explica el abogado.
—Pero en esa misma línea, si es que hay otros casos de presunción, ¿puede haber otros casos donde hayan también conclusiones erradas o no?
—Sí, pueden haber, hay cuatro casos ya detectados de errores del Informe Rettig, de personas que se dan por desaparecidas que no lo fueron. Este es el cuarto o quinto caso, entonces yo diría que la verdad del informe no está cuestionada por estos casos que han venido a figurar 30 años después como errores.
—Desde la oposición este caso ha dado pie para que surjan dudas respecto del funcionamiento ahora del Plan de Búsqueda, pero también respecto de los resultados del Informe Rettig, del Informe Valech…
—A mí me parece que el Informe Rettig y el Informe Valech están bastante inmunes de críticas respecto de que no sean veraces. Puede haber un número ínfimo de casos con error, pero eso no desacredita, me parece a mí, las conclusiones globales, ni las cifras, ni la verdad de lo ocurrido de esos informes. Distinto es el caso que suele sumarse a esto, al de los exonerados políticos. Ahora, los errores que se imputan al Informe Rettig o al Informe Valech son de muy distinta naturaleza que aquel que se está imputando al Plan de Búsqueda.
Lo que se imputa al Plan de Búsqueda es haber tenido conocimiento de que esta persona no estaba desaparecida y no haber hecho nada para impedir que se siguieran cobrando los beneficios propios de esta víctima. Pero ese error o esa negligencia o ese ilícito de no denunciar o de no defender la legalidad nada tiene que hacer con la contundencia de la verdad de los otros informes.
—El Presidente y su jefe de gabinete se enteraron del caso de Bernarda Vera en mayo, incluso el Ministerio de Justicia en enero. ¿Usted cree que deberían haber hecho algo distinto?
—No tengo antecedentes para afirmarlo. Hay imputaciones por ahora, entiendo que hay una declaración de la subsecretaria de que tomó conocimiento en mayo, ahora no tengo noticias del gabinete del Presidente. Claro, cuando se tienen antecedentes de esta naturaleza y son ciertos o probados, hay que ser diligente en corregir las consecuencias de ese error.
—Le pregunto también por el tema de la pensión de la hija. Usted es abogado y sabe cómo funciona el tema constitucional también. ¿Qué es lo que se puede haber hecho? ¿El Estado le podría haber, en el momento en que se enteraron, haberle revocado la pensión? ¿O ahí aplica algo diferente?
—Desde el momento en que se sabía, si es cierto, que Bernarda Vera estaba viva, cosa que no me consta, pero si se tuvo conocimiento cierto de que Bernarda Vera estaba viva, sus familiares debieron en ese momento haber cesado de estos beneficios. Ahora, si ellos estuvieron de buena fe recibiéndolo todo este tiempo, que yo creo que es así, pensando que su madre estaba viva, entonces no es posible pedirle recuperar los beneficios recibidos.
Pero además hay un título bastante razonable, aunque ella hubiera estado viva, para que lo hubieran recibido. Piense que es una madre que desaparece respecto de sus hijos. El 10 de octubre del 73 desaparece en razón de la persecución política que sufría. No es una detenida desaparecida, pero desaparece y ella misma decide no tomar contacto nunca más con su familia. Si eso es así, la familia debe cargar con el hecho de que ella, habiendo sido perseguida, no hubiera querido tomar contacto con ellos. A mí me parece que si obraron de buena fe, nadie debiera poder pedirles que devuelvan lo recibido. Pero sí debe cesar el recibirlo de aquí en más.
—¿Pero usted tiene certeza o cree que realmente está viva Bernardo Vera?
—No, no tengo ninguna certeza, tengo antecedentes de prensa.
—Entonces hasta que no le hagan la prueba de ADN…
—El informe la dio por desaparecida, hay antecedentes de varias voces que dicen que está viva, pero yo no tengo opinión sobre ese punto, no tengo antecedentes para opinar.
—En ese sentido, ¿es muy pronto para sacarla de la lista de detenidos desaparecidos?
—Es que no tengo antecedentes. Son las autoridades quienes sí tienen esos antecedentes. El Plan de Búsqueda, supongo, los que tienen que decir la última palabra. Si hubieran sido negligentes en hacerlo, es una lástima, porque creo que los desprestigia, un plan que es muy importante. Pero yo creo que va a ser la autoridad que tiene que establecer que no es una víctima y por lo tanto sacarla de los listados que están, por ejemplo, en el Cementerio General, en el monumento de detenidos desaparecidos, y de Liquiñe donde hay también recuerdos de las víctimas, etcétera.
“Haber incluido a Bernarda Vera en el Informe Rettig no es un error de tipografía”
Correa Sutil defiende que lo sucedido con Bernarda Vera no responde a un error humano o de tipeo, si no a la naturaleza de lo que fue en su minuto poder catalogar a los detenidos desaparecidos, considerando que son personas de las que simplemente dejó de haber rastro.
“Pueden haber motes en el informe, etcétera. Pero haber incluido a Bernarda Vera no es un error de tipografía. El propio informe lo dice, con cierta timidez, pero en los otros 15 casos (de la matanza en el río Toltén) dice que estos son detenidos desaparecidos. Y luego dice ‘cabe presumir que Bernarda fue detenida, junto con todos ellos, por tal y cual razón’. Pero no afirma que fue detenida como en los otros casos, que sí afirma que fue detenido. El error puede haber estado en haber hecho esa presunción. Ahora, es muy honesto el informe al decir ‘mire, en este caso nosotros no tenemos certeza de la detención, pero la presumimos por tal y cual'”, dice el abogado.
—¿Cómo puede ser que hayan pasado 30 años y nadie se haya dado cuenta antes? ¿Cree que pueden seguir ocurriendo estas cosas?
—No creo. Puede haber un caso más. Pero no es una seguidilla de casos. Los casos tendrían que haber aparecido relativamente pronto. Estoy seguro que las fuerzas de la represión buscaron detenidos desaparecidos vivos para denunciar que el Informe Rettig había mentido. Y claro, han aparecido, creo que son cuatro los casos, de personas que huyeron a Argentina y que decidieron no tomar nunca más contacto con su familia. Entonces escaparon de la persecución, estaban perseguidos y decidieron no tomar contacto.
Esto ocurre en casi todas las situaciones en que así se produce. Por ejemplo, el bombardeo de las Torres Gemelas, varias personas se dieron por muertas porque nunca más volvieron a tomar contacto con su familia y estaban vivas. Hay personas que deciden cambiar de vida y eso no se puede descartar, pero es un número muy, muy menor. En los otros casos, las personas que se dan por desaparecidas, las personas siempre buscan tomar contacto con su familia. Es lo normal, pero hay estos casos excepcionales. En este caso el 0,5%, cuatro casos de 900. Es lo que uno podría esperar. Yo no esperaría que venga una seguidilla de casos que presenten errores de esta naturaleza.
—¿Y al revés? Como fue el caso de Luis Pino Soto, que era un detenido desaparecido, pero en los registros no aparecía como detenido desaparecido.
—En eso pueden haber muchos casos. El Informe Rettig fue bastante severo. Y luego hubo una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que funcionó después, reconsiderando algunos de los casos, porque el informe había tenido que funcionar a velocidades muy rápidas y por lo tanto reunió nuevas pruebas. Entonces, pueden haber casos, pero yo no creo que de ejecutados políticos, sí de detenidos desaparecidos. Lo que sí me atrevo a asegurar es que las cifras que finalmente suman estos dos informes son aproximadamente las que son. Puede haber un 10% más de casos que no tuvimos pruebas suficientes para considerarlos, pero yo no creo que haya mucho más.
—Me dijo en resumen que esto es la excepción a la regla, pero ¿cree que esto finalmente golpea al Informe Rettig o que lo deslegitima de cierta forma?
—Yo creo que no, creo que ya se instaló en la sociedad chilena por el Informe Rettig y por muchas otras actividades creo que queda bastante claro cuál fue el estilo de agente, la forma en que se intentó asegurar la impunidad o se aseguró la impunidad, la crueldad con que se obró, el tipo de víctimas que se persiguieron y las magnitudes de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso está instalado en la conciencia de la sociedad chilena, lo logró estos informes y otras actividades y a mí me parece que casos tan aislados como este no ponen en duda de ninguna de esas cosas.
—¿Cuál es el principal desafío que diría usted que tiene ahora el Plan de Búsqueda?
—El Plan de Búsqueda es una misión que yo creo que sigue teniendo vigencia e importancia. Si hay algo en lo cual el Informe Rettig fracasó fue en su capacidad de decir la suerte que habían corrido los detenidos desaparecidos con precisión. Se les presume muertos, y eso es lo que dijo el informe, pero sin poder decir ‘el cadáver de tal persona fue lanzada al mar en tal fecha o fue enterrada clandestinamente y luego sacada de’, etcétera. La mesa de diálogo logró más antecedentes sobre esto, pero algo globales. Y los pocos restos que han ido apareciendo, han ido apareciendo a cuenta gotas, y con mucha crueldad.
“La falta de colaboración de los perpetradores o de las personas que saben cómo se dispuso de los cadáveres causa en los familiares todavía un dolor enorme de un duelo que no terminan de poder cerrar (…). Y a mí me parece que el Plan de Búsqueda entonces tiene una misión de compasión, de empatía con los familiares de las víctimas, que es muy importante. Yo le deseo la mejor de las suertes, pero no tengo antecedentes para juzgar su eficacia”, concluye Correa Sutil.
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