"Entregar nada": el carabinero que acusó a abogado de trama bielorrusa por boicotear diligencia clave

Lunes 10 noviembre de 2025 | 17:54
Investigación
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Tulio Muñoz Fuentes es el jefe de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros. Con 53 años de edad, al oficial le correspondió —en julio del año pasado— dirigir una diligencia clave en la investigación contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco: requisar el teléfono de su conviviente, el empresario Gonzalo Migueles Oteíza.
Con autorización judicial en mano, el funcionario llegó hasta el domicilio de la exmagistrada para incautar el dispositivo electrónico. Pero todo se complicó apenas saltó en escena un viejo conocido de la pareja: el abogado (y hoy imputado en la denominada trama bielorrusa) Mario Vargas Cociña. Al menos así lo relató el propio carabinero Muñoz, cuando debió prestar declaración, en calidad de testigo.
Su testimonio —que hoy devela la Unidad de Investigación de Bío Bío— permitió a los investigadores ratificar in situ el grado de cercanía que existía entre los principales imputados de la causa y cómo —según los policías— Vargas entorpeció la diligencia: “Le sugirió no entregar nada de lo que se estaba solicitando”, dice el policía que aseveró el letrado en la instancia.
“NO ENTREGAR NADA” Y EL JAGUAR DE VARGAS
Lo primero que recordó Muñoz fue que apenas recibió la autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, él y su equipo se apersonaron en el Conservador de Bienes de Raíces de Puente Alto. La razón era simple: Migueles había registrado esa dirección como su domicilio. Pero como no lo encontraron ahí, la comitiva policial enfiló hacia la casa de Vivanco, en Las Condes. Eran las 16:50 del 22 del julio de 2024. Los funcionarios se presentaron y le dieron a conocer el mandato judicial.
Fue en ese momento —aseguró Muñoz— que Vivanco le dijo a Migueles que “se comunicara con el abogado Mario Vargas Cociña, a quien llamaron y le informaron de la diligencia que se estaba desarrollando”.
La respuesta del letrado —dijo el oficial— fue simple. Vía telefónica, le sugirió que “no entregara nada de lo que se le estaba solicitando”.
De acuerdo con el testimonio, Vargas llegó a los pocos minutos. Según declararía un segundo carabinero, Héctor Meza Tapia, el representante del consorcio Belaz Movitec arribó al lugar bordo de un Jaguar (ver imagen principal de este artículo).
“En presencia del personal policial le sugirió a su representado que entregara el teléfono celular apagado y que no diera a conocer las claves ni el numero de serie y el IMEI [Identidad Internacional de Equipo Móvil] del dispositivo incautado”, lanzó Meza.
“Me llamó poderosamente la atención la actitud del abogado Mario Vargas Cociña, puesto que mantuvo una actitud reticente con la diligencia, influyendo para que el Sr. Migueles Oteíza finalmente no entregara antecedentes que eran necesarios para la correcta ejecución de la diligencia”, complementó Muñoz.
UNA DECLARACIÓN EN ENTREDICHO
Dos días después del operativo, la incautación del celular de Migueles fue portada del diario La Segunda. “Carabineros se llevó el celular”, era parte del título de la publicación del vespertino que hoy forma parte del expediente judicial.
Precisamente esa pieza periodística también llamó la atención del carabinero Muñoz: “[Ahí] salió una declaración que habría hecho un abogado de nombre Jorge Villalobos, quien habría señalado ser el abogado de Víctor Migueles Oteíza, en cuya instancia dio detalles del procedimiento en el que se había incautado el teléfono celular de Migueles Oteíza, haciendo creer a la opinión pública que él había estado al momento que se desarrolló la diligencia”.
¿El problema? Carabineros no tiene registro de que ese letrado efectivamente concurriera. “Quien sí estuvo en el lugar fue el abogado Mario Vargas Cociña, de quien incluso fue fijado fotográficamente su vehículo particular estacionado al exterior del domicilio de Migueles y Vivanco ese día”, sentenció.
LA “ESTRATEGIA”
Según consta en un informe policial del OS7 de Carabineros, el episodio de julio del año pasado evidencian el “vínculo existente entre el abogado Mario Vargas Cociña con los imputados Víctor Gonzalo Migueles Oteíza y Ángela Vivanco Martínez”.
Respecto de la publicación de La Segunda, el documento sostiene que no se descarta que las declaraciones del abogado Jorge Villalobos “haya sido una estrategia para ocultar el vínculo existente” entre los involucrados.

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