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El rechazo de la derecha en el Senado a las partidas del Presupuesto 2026 destinadas a Sitios de Memoria desató una ola de críticas desde el Gobierno, organizaciones de derechos humanos y los propios espacios afectados. Aunque el Presupuesto fue despachado, la eliminación selectiva de fondos para cuatro instituciones emblemáticas —Pisagua, Estadio Nacional Memoria Nacional, Casa Memoria José Domingo Cañas y el Archivo de la Fundación Salvador Allende— fue interpretada como una señal política inequívoca: un retroceso en las políticas de memoria y una maniobra de silenciamiento.
La reacción más dura provino de la Casa Memoria José Domingo Cañas – Fundación 1367, que calificó el recorte como un “acto alarmante de regresión democrática” y un intento explícito de imponer “negacionismo por vía financiera”, debilitando décadas de trabajo en memoria, verdad y justicia.
La institución subrayó que es el segundo año consecutivo en que se les excluye del financiamiento estatal y que el recorte no fue general, sino deliberadamente dirigido a tres Sitios de Memoria y un archivo de relevancia histórica.
El comunicado advierte que la memoria no es un proyecto decorativo ni prescindible: es un deber del Estado en el marco de la justicia transicional y una herramienta esencial para garantizar la no repetición. También recuerda que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los Estados deben asegurar políticas permanentes y financiamiento estable —no concursable— para estos sitios. El rechazo, señalan, contradice tanto estos estándares internacionales como el principio de no regresividad en derechos humanos.
Un precedente riesgoso
La Casa Memoria relató además la precarización que ya vivieron en 2024, cuando la falta de recursos obligó al cierre temporal del espacio, a reducir su personal al mínimo y a apelar a colectas públicas para sostener servicios básicos. Que en 2025 se repita un recorte dirigido no solo profundiza esa crisis, sino que amenaza la continuidad de espacios que resguardan testimonios, archivos y la historia viva de las víctimas.
El mensaje a las autoridades fue claro:
“La eliminación del financiamiento a Sitios de Memoria pone en riesgo el compromiso democrático del país, debilita la educación en derechos humanos y abre espacio a discursos negacionistas que amenazan la convivencia democrática”.
Y junto a ello, un llamado directo a los parlamentarios:
“Hagan público el chantaje político que están ejerciendo sectores negacionistas y relativistas”.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la vocera Camila Vallejo expresó preocupación por el recorte y recordó que los Sitios de Memoria constituyen pilares democráticos, no solo espacios museográficos. El Gobierno defendió que estos lugares son parte de una política pública que tiene como mandato preservar la verdad histórica y asegurar garantías de no repetición en materia de derechos humanos.
La postura oficial insistió en el valor pedagógico y simbólico de estos espacios, especialmente en un contexto donde sectores políticos buscan relativizar o reescribir el pasado reciente. Para La Moneda, el rechazo presupuestario no es un gesto técnico: es una señal ideológica que erosiona bases esenciales de la democracia chilena.
La derecha: prioridad fiscal y disputa narrativa
Desde la derecha, quienes votaron en contra defendieron su postura argumentando que existen “urgencias más inmediatas” y que el financiamiento a Sitios de Memoria “profundiza divisiones”. Para algunos parlamentarios, estos proyectos serían parte de un uso político de la memoria por sectores del oficialismo.
Sin embargo, organizaciones de memoria y derechos humanos advierten que este discurso no es nuevo: lo identifican como parte de una estrategia para desplazar la memoria histórica del espacio público y restringir el financiamiento estatal, utilizando argumentos fiscales o técnicos para esconder decisiones de fondo.
Para ellos, el objetivo es claro: disputar el relato histórico y reducir el protagonismo de instituciones que resguardan testimonios incómodos sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura.
Un debate que no es técnico: es democrático
Ahora el presupuesto continuará su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el Gobierno buscará reponer los fondos. Pero el debate político ya quedó instalado:
¿Puede una democracia permitirse recortar —selectivamente— los recursos para los espacios que preservan la memoria de sus peores crímenes?
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