Fotografías: Ecoceanos
EL CIUDADANO.
Organizaciones exigen la remoción del Fiscal Nacional a un año de la desaparición forzada de la defensora mapuche Julia Chuñil. Denuncian impunidad, montaje racista, mientras la familia es hostigada. Señalan al Estado como responsable de proteger a los poderosos y silenciar la resistencia.
Una importante manifestación convocada por Ecoceanos y la Asamblea Unidad de las Luchas se congregó este viernes frente a los Tribunales de Justicia de Santiago para exigir verdad y justicia, al cumplirse un año de la desaparición forzada de Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora de la naturaleza.
Representaciones de organizaciones mapuche, socioambientales, estudiantiles y de derechos humanos denunciaron la impunidad del Estado chileno y la complicidad de sus instituciones en este crimen, donde aparece como imputado el empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt, quien a pesar de ser sospechoso, permanece en libertad, denunciaron las organizaciones.
La investigación fiscal ha sido objeto de severas críticas por su presunta parcialidad. Juan Carlos Cárdenas, coordinador de Ecoceanos, acusó a la Fiscalía de construir “un montaje racista y clasista para criminalizar a su familia, borrar su rol como defensora mapuche de la naturaleza y proteger al poder”. En contraste con la libertad del empresario, la familia de Julia ha sufrido persecución, allanamientos y hostigamientos. Su hija fue víctima de apremios ilegítimos por parte de funcionarios de LABOCAR, hechos conocidos directamente por la fiscal Tatiana Esquivel, a quien el Fiscal Nacional Ángel Valencia se niega a remover.
Claudia Tassara, de la organización Pan y Rosas, contextualizó el crimen como parte de una estrategia sistemática. “Este crimen empresarial se hizo por el afán de lucro de las agroforestales en la expropiación y explotación histórica de las tierras”, afirmó. Señaló que la impunidad se mantiene gracias a un Estado que protege a los empresarios con fiscales y jueces coludidos, y mediante la militarización del Wallmapu y leyes que criminalizan la protesta, como la Antiterrorista.
Los manifestantes enfatizaron que el caso de Julia Chuñil no es aislado, sino un eslabón más en la persecución estatal contra defensores de la tierra y el agua. Frente a este escenario de creciente extractivismo y opresión, se hizo un llamado a fortalecer la organización y la unidad de las luchas. “Nadie se va a salvar solo. Esta lucha debe ser tomada por toda la diversidad, logrando una mayor fuerza para ganarles esta pelea”, exhortó Tassara, demandando juicio y castigo para los responsables intelectuales, políticos y materiales.
Con consignas como “Julia Chuñil no está sola. Julia Chuñil acusa. Julia Chuñil resiste”, la movilización culminó con la firme advertencia de que la demanda por justicia continuará. La persistente negativa de las altas esferas del Ministerio Público a actuar con diligencia y neutralidad consolida un sistema de impunidad que, según los denunciantes, privilegia la protección del capital sobre los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.
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