Cerca del mediodía de hoy miércoles, familiares de Alexis Cortés y Jorge Salazar, los dos chilenos acusados de la muerte de un policía en un confuso incidente ocurrido en Junín a principios de marzo, exigieron al gobierno argentino ‘detener la cacería’, y respetar la vida de sus parientes, y al chileno, clarificar su postura y participación en la persecución.
Carolina Cortés, hermana de Alexis Cortés, ex Frentista, explicó que se enteraron por la prensa argentina que los dos chilenos están siendo buscados desde la Araucanía a Neuquén, incluso por familiares del uniformado. Asimismo, señaló que la Embajada argentina dice desconocer su situación, aún cuando hay fotos de ellos en Interpol.
“Tenemos miedo, y con razón, que ambos puedan ser asesinados por las policía”, declaró.
Los chilenos son acusados de dar muerte a balazos a un Sargento de la Policía Argentina el 7 de marzo pasado, durante un control rutinario de tránsito en la ruta 23 de Neuquén.
Su temor se funda en la recompensa ofrecida por el Gobierno provincial de Neuquén (50 mil dólares), encabezado por Jorge Sapag, por cualquier información sobre su paradero. También, por el despliegue desproporcionado de policías y militares que realizan patrullajes aéreos, terrestres, y fluviales en su búsqueda, explicó.
Además, afirmó que hay más de cien efectivos chilenos colaborando: Personal de inteligencia del Gope y de la Policía de Investigaciones.
“La cacería humana desplegada por los gobiernos ratifica la complicidad de los Estados para perseguir, encarcelar y asesinar a quienes piensan distinto. Hacemos responsables a los gobiernos por lo que pueda ocurrirles. Enfrentamos públicamente esto porque tenemos la certeza de que no son asesinos ni terroristas. Los queremos libres y vivos”, concluyó la hermana de Cortés.
Una representante de la Coordinadora Vivos y Libres, que agrupa a familiares y amigos, informó de una carta enviada a la presidenta Cristina Fernández, en la que se explica la actuación de los chilenos como un acto de defensa propia impulsado por los efectos de una clandestinidad de más de 30 años, en el caso de Salazar. Además le solicitan que si se les detiene se les respete la vida y se les haga un juicio justo.
“Este no es un hecho delictual, como ha querido mostrarse, incluso vinculándolo al narcotráfico. Es un hecho político y fortuito”, dijo la representante.
Por su parte, representantes de la Asamblea Nacional de Deerechos Humanos, indicaron que se reunieron con funcionarios de la Embajada para exigir al gobierno argentino el respeto a la vida de los chilenos y solicitarles información. También se está viendo la posibilidad de entablar un recurso de protección.
“Nos parece sospechoso que el Gobierno chileno no se pronuncie claramente al respecto. No descartamos que se les detenga en territorio chileno y puedan intercambiarlo por Galvarino Apablaza, o que su captura sea utilizada políticamente”, concluyó el dirigente.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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