Exclusivo: intentan amedrentar a dirigentes sindicales de Impuestos Internos investigando sus antecedentes personales y filiación política. "Es de suma gravedad" dice diputado

Por María Elba Troncoso
El presidente de los funcionarios, Carlos Insunza, dijo a Cambio21 que se estaba en presencia de una práctica antisindical que no aceptarán. Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora en Impuestos Internos, diputado Fuad Chaín (DC) afirmó que a los que hay que investigar es a los directivos de Impuestos Internos.

Cambio21 conoció en exclusiva que a través de la página de transparencia del Servicio de Impuestos internos, un particular solicitó los antecedentes personales, financieros y políticos de los representantes sindicales de los funcionarios. Estos han participado activamente en las denuncias contra el director del organismo, Julio Pereira (RN), por el millonario perdonazo a Johnson's de más de 120 millones de dólares, antes de que la multitienda fuera vendida a Cencosud, con la cual el cuestionado Pereira tiene un contrato de arriendo por el que percibe 22 millones de pesos mensuales.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del SII, Carlos Insunza, detalló en conversación con Cambio21 que la petición de la información la hizo un particular identificado como John Campbell de la Piedra, quien solicitó los nombres de todos los dirigentes sindicales, sus horarios, situación financiera, declaraciones de patrimonio, si tienen parientes en la administración del Estado y su militancia política, entre otras cosas.

El dirigente afirmó que en su opinión "es una situación que tiene un trasfondo de amedrentamiento a funcionarios para insegurizarlos respecto a sus funciones", y señaló que "estamos ante un hecho que constituye una práctica antisindical, al margen de que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer un requerimiento a través de la Ley de Transparencia."

Adelantó que presentarán una oposición a la mencionada solicitud, porque "nos parece que no tiene destino; estamos convencidos que la información no es pública ya que mucha tiene que ver con la autonomía de la dirigencia sindical y la vida personal, ya que la Ley de Transparencia abarca los organismos del Estado en sus funciones y no a los funcionarios públicos personalmente ni menos a una asociación de ellos".

Reiteró que "tenemos fundadas sospechas de que esto es parte de acciones de amedrentamiento porque nos hemos jugado por la defensa del servicio", e insistió en que no se dejarán amedrentar.

"Nuestras actuaciones demuestran de sobra que no nos amedrentan porque contamos con el respaldo de los funcionarios y porque sabemos que nuestro rol está directamente vinculado a la defensa de los usuarios del servicio. Esto no nos va a amedrentar. No es primera vez que nos ocurre y es una manifestación más del descrédito del servicio por la actuación de nuestras máximas autoridades... y podría seguir ocurriendo".

Chahín: Es un hecho grave

El presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el "perdonazo", Fuad Chahín (DC), calificó la denuncia de "suma gravedad", porque "vulnera la Ley Antidiscriminación".

Afirmó a Cambio21 que "es evidente que es irrelevante la filiación política de los funcionarios para cumplir con su labor e integrar una organización sindical".

Chahín atribuyó esto a un "ánimo de presionar" a los dirigentes que han participado activamente en la investigación y recordó que "esto no es la primera vez que pasa, ya que durante la actuación de la comisión investigadora han tratado de presionar a través de juicios, sumarios y amedrentamientos de distinto tipo", por lo que dijo que "no me parece raro que sigan con estas prácticas antisindicales y matonescas".

El parlamentario consideró que los antecedentes personales son parte de la vida privada y no deberían ser entregados por el servicio, que cada vez tiene su imagen más deteriorada.
"La imagen del servicio no puede estar peor a causa de la actuación de su director Julio Pereira. Me parece que aquí está el ladrón detrás del juez". Finalmente reiteró que la situación es "grave y no corresponde que sean los funcionarios de la asociación los investigados sino la dirección del servicio".
Ante esta situación, el directorio de la asociación de funcionarios envió un comunicado a todos sus afiliados, que se reproduce a continuación.

Santiago, 27 de febrero de 2013
I - Nº005/2013

INFORMATIVO

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y DATOS PERSONALES DE LOS/AS DIRIGENTES/AS DE ANEIICH Y AFIICH Y FUNCIONARIOS/AS DGC
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Estimados/as Funcionarios/as, Compañeros/as

La Subdirección Jurídica del SII, nos ha informado que en el marco de la ley Nº20.285 sobre "Acceso a la Información Pública" (también llamada Ley de Transparencia), con fecha 07 de febrero se han recibido varias solicitudes de un ciudadano que requiere información sobre los dirigentes nacionales y regionales de las Asociaciones del SII, tales como sus nombres, el patrimonio personal y cónyuge, relaciones familiares (si existe familiar que trabaje en el SII o en otra repartición), afiliación a partido político, las remuneraciones de cada uno/a y los estados financieros de las asociaciones. El mismo ciudadano, ha solicitado las declaraciones de patrimonio e intereses de los/as funcionarios/as - y sus cónyuges - de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), sus deudas con casas comerciales y Bancos e informar si han efectuado "revisiones" a empresas con las que mantienen deudas.

La Dirección del Servicio nos ha remitido el Ord. 339 de 22 de febrero informándonos de las peticiones antes señaladas, de acuerdo a lo previsto al artículo 20 de dicha ley, el que señala la facultad que le asiste a "tercero afectado" de oponerse a la entrega de la información si, a su juicio, ésta vulnera sus derechos.

Antes de abordar las consideraciones legales del caso, resulta imprescindible reflexionar sobre el porqué de estas acciones de la ciudadanía. Tenemos la plena convicción que son una manifestación más del deterioro de la imagen pública y el desprestigio que la actual Dirección del SII ha causado a nuestra institución. La profunda crisis en que sus acciones han sumido a nuestro Servicio, son el contexto en que generan este tipo de acciones, enmarcadas en la creciente desconfianza de los/as contribuyentes hacia las actuaciones institucionales.

Tal como lo hemos advertido reiteradamente, tras 9 meses de incesante cuestionamiento público, el irreparable descrédito de las máximas autoridades de nuestra institución, termina afectando injustamente el prestigio profesional y el respeto ciudadano de quienes somos funcionarios/as de carrera.

Porque nosotros/as lo construimos, sabemos que la piedra angular de nuestro bien ganado prestigio ha sido el irrestricto apego a los valores institucionales: excelencia, probidad, compromiso, respeto y equidad. El prestigio de nuestro Servicio ha sido gravemente dañado y resulta evidente que el camino adoptado por las autoridades responsables de resguardarlo sigue profundizando la crisis en curso.

Respecto de los alcances concretos y consideraciones legales del caso, resulta necesario puntualizar al menos 3 cuestiones que estimamos centrales para comprender cabalmente la situación.

Nos ha parecido plenamente acertada la decisión de informar a los/as funcionarios/as sobre las solicitudes de información, en calidad de "terceros afectados", para permitir el ejercicio del derecho a oposición que la Ley de Transparencia garantiza. Se trata de un cambio de criterio que nuestra Asociación ha reclamado anteriormente y que esperamos sea permanente, ya que en dos ocasiones nuestros planteamientos al respecto fueron desechados por la Dirección: ante una solicitud de información de los dirigentes de ambas asociaciones, se estimó innecesaria dicha comunicación; y al requerir nuestra organización la documentación que sustentó los descuentos aplicados en enero de 2011, la Dirección decidió asumir la representación de los/as funcionarios/as para "proteger su privacidad", dilatando la entrega de información por meses, llevando el caso hasta la Corte de Apelaciones que falló finalmente en favor de nuestro requerimiento.

En ambas solicitudes, los antecedentes requeridos exceden por mucho los ámbitos de la información pública a que las instituciones, y no los/as funcionarios/as o sus asociaciones, están obligados a entregar. La información requerida respecto de parientes, registros comerciales, militancia en partidos políticos se encuentran evidentemente en la esfera de la vida privada y, cuente o no la institución con información al respecto, no puede ser objeto de este tipo de solicitudes de información. En la misma línea, la información requerida sobre las actuaciones de los/as dirigentes/as y estados financieros de las organizaciones, constituye un claro intento por intervenir en la autonomía sindical de nuestras asociaciones y se encuentra fuera del ámbito de información pública definido en la Ley de Transparencia.

Una evaluación particular amerita el requerimiento de las Declaraciones de Patrimonio e Intereses. Nos parece evidente que este punto particular de las solicitudes se vincula directamente a la publicación en la prensa, en el mes de enero recién pasado, de las declaraciones de patrimonio e intereses del Sr. Julio Pereira y los cuestionamiento públicos que reabrió sobre nuestra institución. En ese momento, nuestra asociación requirió por Ley de Transparencia las declaraciones de patrimonio e intereses del Director y los Subdirectores del SII, teniendo en cuenta que la la Ley General de Bases de la Administración del Estado estipula que los funcionarios públicos "que se desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento" tienen la obligación de presentar dichos instrumentos y que estos tienen carácter público y que por tanto, en su caso, la declaración de patrimonio realizada en cumplimiento de la Ley Orgánica del SII, debiera estar constituida por la misma información. Dicha solicitud ha sido contestada por la Dirección del SII, denegando su entrega con fecha 22 de febrero, misma fecha de los ordinarios que informan sobre nuestro derecho a oposición, ambas con origen en la Subdirección Jurídica.

En este contexto, estas solicitudes de información que afectan a un amplio rango de funcionarios/as, presentadas sólo 7 días después de la presentación realizada por ANEIICH, nos generan la natural sospecha de que, más que una solicitud de información fruto de la curiosidad de un ciudadano, se trata de una acción de ataque hacia las asociaciones y sus dirigentes/as, orientada a provocar inseguridad entre los/as funcionarios/as.

La decisión de nuestro Directorio Nacional es ejercer la oposición a la entrega de la información requerida, por los argumentos antes expuestos, y rechazar categóricamente el que se utilice a los/as funcionarios/as de carrera para proteger intereses particulares de quienes han sumido a nuestro Servicio en la profunda crisis que lo afecta.

Saludos fraternales

DIRECTORIO NACIONAL ANEIICH