El acuerdo secreto entre Aguas Andinas y Aes Gener que saldrá a la luz en las próximas semanas
El año 2011 un convenio firmado por Gener y la sanitaria terminó con la férrea oposición de esta última al proyecto Alto Maipo, de la hidroeléctrica ¿Qué incluía el pacto? Luego de un fallo de la Corte de Apelaciones el contenido será conocido. Algunos especialistas esperan tropezar con incidencias tarifarias para los clientes, aunque aún no se sabe cuál será su magnitud. Todo en medio de la crisis por los masivos cortes que tienen a la compañía en el ojo del huracán.
por Claudia Urquieta Ch.
El convenio, que regula la forma en que ambas compañías ejercerán sus respectivos derechos de aprovechamiento de agua en el contexto del proyecto Alto Maipo, logró zanjar la disputa mantenida entre Gener y la sanitaria por el uso de las aguas contenidas en el embalse El Yeso, fuente de respaldo para abastecer a la Región Metropolitana.
Al mismo tiempo, y en vista de que nunca se hizo público, abrió una serie de interrogantes que no han podido ser respondidas por la opinión pública. Entre ellas, si los términos convenidos podrían afectar de alguna manera el abastecimiento de agua de la Región Metropolitana; una información que adquiere más relevancia después que millones de santiaguinos se vieran afectados por el corte de suministro.
La única información a la que es posible acceder obedece a hechos esenciales enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) donde se detalla, entre otros puntos, que Aguas Andinas entregará para su uso no consuntivo a Gener hasta 2,5 metros cúbicos por segundo como máximo de las aguas efluentes de las lagunas Negra y Lo Encañado, con la obligación de Gener de restituirlas. También se detalla la modalidad de pagos.
Pero el secreto en torno al acuerdo tiene los días contados, ya que en las próximas semanas la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la única entidad estatal que tuvo acceso al convenio, con el fin de revisar si el mismo podría poner en riesgo el abastecimiento de agua potable, deberá hacerlo público, acatando así la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que no consideró que “la entrega del convenio pueda comprometer el interés patrimonial de Aguas Andinas y Gener, por el contrario, la seguridad hidrológica respecto del servicio sanitario de la Región Metropolitana, es una materia de tal trascendencia social y económica, que hace necesaria el conocimiento de información que en él se contiene”.
El fallo recalca, además, que la publicidad de los actos del Estado, “en especial de la información que éste ha recogido a través de sus órganos, debe operar como un medio para el control y la participación ciudadana en los asuntos públicos”. Por ello, la Corte decidió que una parte del convenio, relativa al detalle de la regulación de las obligaciones de las empresas respecto a la captación y conducción de agua, pagos y otros puntos, debe salir a la luz.
Si bien la odisea para lograr que los detalles del convenio entre la compañía energética y la sanitaria que abastece a gran parte de la Región Metropolitana, no fue fácil, su entrega no tiene vuelta atrás, ya que según constató este medio, Aguas Andinas no recurrió ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia y el plazo para que pudiera hacerlo venció el 31 de enero.
Tampoco recurrieron Aes Gener, la SISS o el Consejo para la Transparencia.
Noticias alegres para los opositores a la instalación de Alto Maipo, entre los que se cuentan ambientalistas y parlamentarios que, representados por el abogado y ex director de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, presentaron un reclamo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) frente a la negativa de la SISS de entregarles el convenio, lo que en medio de una inédita situación, ya que dos de los cuatro consejeros tuvieron que inhabilitarse, complicó la decisión que terminó siendo rechazada por la entidad liderada por Alejandro Ferreiro. Esto los llevó a recurrir a tribunales.
Para Rodrigo Weisner, es fundamental que el convenio sea difundido, porque “dispone del agua potable del 70 % de la Región Metropolitana para generación hidroeléctrica. Al revisar el contrato podremos dilucidar si la SISS ejecutó bien su rol fiscalizador, y si no es así se interpondrán acciones ante tribunales y ante la Contraloría”.
Además, puntualiza el abogado, “podremos verificar hasta qué punto este convenio tiene incidencia tarifaria, de manera que la empresa no obtenga una doble renta por un bien afecto a la concesión y una renta sobre la cual debiera descontarse a la tarifa de los usuarios. Estamos seguros de que eso va a ocurrir, pero no sabemos la magnitud”.
Lo concreto es que hasta que dicho acuerdo se haga público, no es posible saber a ciencia cierta sus alcances o afirmar si existe o no alguna posibilidad de que afecte el abastecimiento de agua potable.
En este sentido, Weisner recalca que éste es “un tema de transparencia que va en la línea de lo que ha dicho la Corte Suprema en los últimos años. El derecho al acceso a la información es una de las bases en que una democracia funciona porque permite a los ciudadanos controlar el ejercicio de las potestades públicas y si las resoluciones o actuaciones de las potestades públicas están o no bien razonadas. Y sí poder ejercer los mecanismos de control que la ley requiera. Cuando eso falla, fallan las democracias”.
Bajo esta óptica la difusión del acuerdo adquiere gran relevancia y además pone sobre el tapete la necesidad de mayor transparencia en el mundo privado, que como en este caso, entrega un servicio relativo a un bien público de primera necesidad para la ciudadanía.
Transparencia versus empresa privada
Según el abogado de Pro Acceso, Felipe Ibarra, la decisión del tribunal en este caso cobra relevancia para la transparencia porque “los razonamientos del fallo apuntan a que aquí se está hablando de que cuando la SISS solicitó la información sobre el acuerdo entre Aguas Andinas y Aes Gener no fue por cualquier cosa, sino porque quería revisar de qué manera se podía afectar el abastecimiento de agua en la Región Metropolitana. Y ahí es el punto clave: esa información la consideró de vital importancia, de alto interés público. Y con eso fue suficiente para que optara por entregar la información”.El ex presidente del Consejo para la Transparencia, el abogado Raúl Urrutia, va más allá y asegura que “es fundamental que todo lo que diga relación con que las empresas, por privadas que sean, puedan transparentar al público los acuerdos cuando estos puedan afectar a consumidores tan masivos como son aquellos que en definitiva son los clientes de las empresas sanitarias o de distribución de agua potable”.
Además, asegura el abogado que denunció las malas prácticas de la Universidad del Mar, “si estas empresas cotizan acciones en bolsa, todos los acuerdos deberían transparentarse y ser incluidos en sus páginas web para que los accionistas puedan tener acceso y conocimiento cabal de cuáles son los acuerdos a que se llega. Evidentemente que aquellos que digan relación con estrategias comerciales deben ser privados, pero si ello implica el hecho de buscar alianzas para el desarrollo de alguna actividad debe ser transparente”.
La Ley de Transparencia solamente permite acceder a información vinculada al Estado, no a las empresas privadas, situación que según Urrutia debería ir cambiando. “Poco a poco a Chile tendrá que llegar la transparencia a todas las empresas privadas. En los países OCDE exigen que acceso a información de las empresas privadas también sea un hecho relevante para poder celebrar contratos por parte del Estado, por ejemplo”.
Manuel Aris, de Ciudadano Inteligente, coincide con Urrutia en el sentido de que este caso “demuestra la necesidad de que la Ley de Transparencia aumente en la cobertura de organismos que afecta, como en el caso de empresas privadas que estén trabajando en mercados de servicios que son básicos. O que trabaja mercados de derechos humanos o bienes básicos para la ciudadanía, como sanitarias y clínicas. Hoy la ley está concentrada principalmente en el Poder Ejecutivo y el gobierno central, y tenemos que hacer que aumente la cobertura al Poder Judicial, Congreso, empresas del Estado y luego a empresas que se desenvuelven en mercados de bienes o servicios que afectan nuestros derechos”.
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