Una foto no muestra la película
La semana pasada comenzó en Rosario el juicio por el
secuestro del dirigente gremial Manuel Casado. Pero la fiscalía y los
querellantes sostienen que un debate por un hecho no permite conocer la
verdad ni establecer la responsabilidad de los culpables.
El general
Agustín Lanusse y Ricardo Balbín lo llamaban el “cinturón rojo del
Paraná” mientras que el asesinado obispo de San Nicolás, Carlos Horacio
Ponce de León, le puso el cuerpo a las luchas obreras del cordón
industrial de San Lorenzo. La dictadura cívico-militar se cobró allí
decenas de víctimas, pero hasta ahora sólo uno de esos casos llegó a ser
juzgado en la instancia oral y pública. Se trata del juicio por el
secuestro y tormentos sufridos por el dirigente gremial Manuel Casado,
que tiene como imputados a los ex militares Horacio Maderna y Osvaldo
Cervera, y al civil Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, que comenzó el
viernes 22 de marzo y en el cual la fiscal Mabel Colalongo pedirá la
unificación con los demás casos de la llamada “causa de los
trabajadores”, que aún está en etapa de investigación.“Un debate por un hecho, de los cientos que ejecutó el brazo armado (Fuerzas Armadas) de los intereses económicos de los empresarios argentinos, torna ilusorio el mencionado derecho a la verdad, consecuentemente el de justicia y ni hablar de la obligación de determinar la identidad de los responsables, las circunstancias que rodearon las violaciones a los derechos humanos y la aplicación de la debida sanción a los partícipes en cualquier calidad de la comisión de delitos de lesa humanidad”, agregó la fiscal. La queja no es sólo de Colalongo, sino también de los querellantes y familiares de la causa que todavía está en etapa de instrucción, por 17 muertos y desaparecidos. “Resulta absolutamente imposible establecer la verdadera responsabilidad de los requeridos en la violación masiva a los derechos humanos que sufrieron los operarios, obreros, estudiantes y militantes sociales del llamado ‘cinturón rojo del Paraná’, como le solía decir el presidente de facto entre 1971 y 1973 Alejandro Agustín Lanusse, para referirse a la zona ribereña del Paraná, desde San Nicolás hasta Puerto General San Martín, por la importancia de la actividad industrial”, expuso la fiscal, y enumeró las empresas que integran ese centro fabril, entre ellas Acindar, Somisa, Jabón Kopp y Celulosa Argentina.
En el escrito con el cual pretende que sean agregados los demás casos al juicio que comenzó, la fiscal expresó que “además de la actividad política y sindical de operarios, obreros especializados, en su mayoría contrarios a las acciones desplegadas por los burócratas sindicales de turno, se sumaba la actividad de los referentes barriales, vecinales, la militancia de jóvenes estudiantes secundarios, en particular de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 y del Colegio Nacional de San Lorenzo, integrantes de organizaciones sociales que conformaron, entre otras, la agrupación Evita, Peronismo de Base y una importante actividad de gremios estatales, en particular del Sindicato de Trabajadores Municipales”. La fiscal quiere poner en evidencia que si se juzgara el conjunto de las violaciones a los derechos humanos y no un caso aislado “se podría demostrar el vínculo de los sectores económicos con la dictadura”.
Por su parte, los organismos de derechos humanos indicaron que el de Casado será un juicio “parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentarán reducirlo a un hecho aislado”. El Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial reclama, en definitiva, la unificación de la causa San Lorenzo con la de los Trabajadores.
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