En mayo la institución ordenó un sumario administrativo que aún no arroja resultados

La historia del estudiante que acusa secuestro y tortura por parte de funcionarios de la PDI

El 8 de mayo pasado César Reyes participó en una marcha estudiantil que tuvo un final que ahora lo tiene enfrentado a la justicia. Por este hecho, el lunes, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó que un oficial de la Policía de Investigaciones debía permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia. “Es un precedente”, dice Rodrigo Román, abogado de Reyes. 

por Bastián Fernández

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A las 12.30 terminó la marcha en la que César Reyes participó el ocho de mayo pasado. Tres horas después, en Cumming con Alameda, esperaba el bus del Transantiago que lo llevaría a su casa. Pero –según cuenta– de un Chevrolet Optra plateado se bajaron varios agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y lo obligaron a subir con la excusa de que se estaba robando un notebook. Comenzaba para César uno de los episodios más duros de su vida.

Esta semana se marcó un hito del caso en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. El juez a cargo decretó que el oficial de la PDI, Flavio Torres, involucrado en el secuestro y las torturas contra César, debía permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia.

Al día siguiente de su detención, en el frontis del Centro de Justicia de Santiago (CJS), ubicado en Rondizzoni, el entonces estudiante del Liceo Barros Borgoño, aún afectado y nervioso, entregó su testimonio a la Oficina de Prensa para América Latina (OPAL), el cual reproducimos a continuación:

“Ellos dicen que fue una detención, para mí es un secuestro. Me metieron a un auto entre varias personas. Algunos no estaban dentro del auto pero aparecieron y dijeron que me estaba robando un notebook, así justificaron ante la gente que estaba allí que me metían al auto”.

“Fui llevado a la calle Agustinas en las inmediaciones del Liceo Amunátegui.  Me bajaron y me subieron a otro auto, negro, con los vidrios polarizados, donde pude ver el entorno y así supe que estaba en ese sector. Cuando me subieron me esposaron con las manos en la espalda y la cabeza entre las piernas. Los oficiales me golpearon con codazos y puños en la espalda, la cabeza y por ello perdí parte de una pieza dental. Después de más de una hora de mi detención llegué a un cuartel de la PDI en Las Condes donde en ningún momento dijeron que eran de la PDI. La única forma en la que supe que estaba ahí fue porque vi a un funcionario con un chaleco que decía PDI”.

“Se me metió a una oficina. Cerca de diez oficiales, o más, me sentaron en una silla, todavía esposado. Me golpearon, me hicieron preguntas, me obligaron a entrar a mi Facebook, a punta de amenazas y de maltrato. Me obligaron a dar mis contraseñas, se metieron en mis contactos. Me dijeron que buscara entre ellos quienes estaban en la marcha. Se metieron a ver las fotos de los contactos y me preguntaron específicamente por cada uno de ellos, y si estaban en la marcha”.

“Me obligaron a desnudarme, me quitaron los cordones y me dejaron en el calabozo para que me vistiera. Recién pude salir cuando llegaron mis familiares a verme (…)”.

“El oficial Torres me amenazó personalmente que me iba a seguir toda la vida, que si botaba un papel en la calle se iba a bajar a sacarme la cresta. Que en un rato más me iba a sacar las esposas y, en sus propias palabras, nos íbamos a ver frente a frente, mano a mano peleando”.

Este año César terminó enseñanza media en el Liceo Barros Borgoño, dio la PSU, y espera el resultado de su postulación a Sociología en la Universidad de Chile. Como segunda opción entraría a Licenciatura en Historia. “Ahora estoy bien. Pude superar algunas complicaciones que tuve en mayo, cuando todo sucedió, pero está la desconfianza por cómo se va seguir la investigación, ya que no se quiere dar los nombres de los otros involucrados. Puede ser una estrategia política”, cuenta César a El Mostrador desde su casa en Quinta Normal.

PRISION PREVENTIVA OFICIAL

El lunes, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó que el oficial de la PDI, Flavio Torres, debía permanecer privado de libertad durante los 90 días de plazo de indagatorias fijados en la audiencia.

Torres fue formalizado por los delitos de apremios ilegítimos y delito informático en contra de César Reyes, lo que en buen chileno se diría: detención ilegal con torturas.

“Esto es uno de los delitos más graves de nuestra legislación cometido eventualmente por un agente del Estado lo que le atribuye una mayor dañosidad”, sostuvo el juez Daniel Urrutia.

Quien ha estado desde el comienzo en este caso como querellante es el abogado Rodrigo Román. Él cree que la  legislación chilena es “pacata”, ya que “el delito de tortura no está regulado ni tratado en nuestro régimen interno. Pero se sustituye por el delito de apremio ilegitimo”. Sin embargo, lo que más preocupa a Román es el hecho de que con este caso “se formaliza y se constata que los agentes del Estado torturan. La tortura es un delito de lesa humanidad, intolerable para los Estados”.

“No puede ser que actúen bajo esa lógica, y no son actos o conductas individuales. Los apremios ilegítimos en el contexto de la protesta social se producen a diario. La trascendencia es que por fin se formaliza a un policía por tortura en el contexto de la protesta social”, señala Román.

El análisis es compartido por el abogado Juan Pablo Delgado, miembro del Observatorio de DD.HH. de la Universidad Diego Portales (UDP). “Es inaceptable que en democracia existan estas conductas. Uno subentiende que recuperada la democracia las prácticas han cambiado. Que los interrogatorios no se dan más como en dictadura”, dice Delgado.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó que un oficial de la Policía de Investigaciones debía permanecer privado de libertad durante los 90 días que duren las indagatorias fijadas en la audiencia.

Además, señala que la legislación actual tiene un problema estructural, pues no existe el delito de tortura. “En Chile no está tipificado el delito de tortura. El artículo 150-A es de apremio ilegitimo del empleado público, se subentiende que son torturas, pero el delito es apremio. Además, la pena es bajísima, es una pena máxima de 5 años. Existe un problema estructural, ya que la pena debe ser mayor porque la gravedad del delito compromete al Estado, las libertades individuales, la integridad física y psíquica del sujeto”, dice el experto de la UDP.

También coincide con Román en que estas conductas no son aisladas y muchas veces las comete “no sólo la PDI sino que también carabineros, que tratan de intimidar para que no sigan en las manifestaciones”.

“Es un precedente”, dice Román y continúa con sus argumentos: “Efectivamente, las policías deben tener presente que su actuar debe ser en el marco de la ley. Si pasan el límite se convierten en autores de los delitos más graves, como es el de tortura. Esto es una práctica habitual. Es importante terminar el año con esta resolución que sanciona preventivamente al oficial”.

NOMBRES EN SECRETO

Una de las aristas que más preocupa a las partes involucradas en este caso es que el Ministerio del Interior aún no da a conocer los nombres de los otros oficiales de la PDI que estuvieron involucrados en la detención ilegal y las torturas que dice haber sufrido César.

El abogado Román señala que el Ministerio “amparándose en la ley de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha ocultado la identidad de ellos. Entonces, el emplazamiento que hay al poder político es que no pueden transformarse en los encubridores. No han dicho una sola palabra, han guardado un silencio que podría hacerlos cómplice”.

Consultados por El Mostrador, en el Ministerio del Interior señalaron que no harán declaraciones sobre el tema.

La PDI emitió un escueto comunicado con tres puntos en los que sostiene que “se dispuso una vez ocurridos los hechos la realización de un sumario administrativo –el que aún no finaliza– con el fin de establecer las responsabilidades del caso”. Hacia el final, la PDI reiteró “su más absoluto compromiso con la justicia, Estado de Derecho y Código de Ética institucional, con el propósito de trabajar por la seguridad y justicia de todos los chilenos”.

PRECEDENTES Y CAMBIOS

El hecho no es menor y puede marcar un precedente para las otras causas que hay en la justicia, tanto en el marco de las movilizaciones sociales como de las detenciones de cualquier ciudadano.

El caso de Reyes no es el primero en el país. En los últimos años han existido diferentes testimonios de estudiantes que acusan torturas y violencia policial. Incluso organizaciones como la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) han elaborado informes sobre estos casos, y la prensa internacional los ha seguido de cerca.

El abogado del Observatorio de DD.HH. de la UDP cree que uno de los puntos clave es la educación sobre Derechos Humanos en las escuelas matrices de la PDI y de Carabineros. “Se hacen cursos, pero tienen que ser de verdad. El tema de fondo es la enseñanza que se les da en DD.HH. Falta una política de Estado que se puede hacer en conjunto con las universidades. Se debe implementar una política pública para meterse en las aulas de las escuelas matrices. Mientras no se cambie eso, uno no puede asegurar que episodios como del 73 o los de la dictadura no se vuelven a repetir”.

Hiram Villagra, abogado de CODEPU, cree que se “instala un punto de debate entre jueces de garantías abiertos a los temas de DD.HH. y jueces de garantía genuflexos al poder”. Además sostiene que la decisión del juez “está en plena concordancia con la Convención Internacional contra la Tortura; el Poder Judicial aparece colocándose más a la vanguardia que el poder político en la aplicación de las normas internacionales de DD.HH.”.