Los dichos de Sergio Muñoz sobre apurar los procesos de investigación en las causas relacionadas a crímenes de lesa humanidad causan irritación en organizaciones de Derechos Humanos y entre abogados especializados en el tema.
Los
juicios que en el país se han llevado adelante por causas de Derechos
suman más de 1.300 causas criminales activas, que corresponden a
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, entierros
ilegales o asociación ilícita cometidas durante la dictadura de
Pinochet.Con respecto a estos procesos el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, declaró en radio Cooperativa que "las causas que actualmente se tramitan en esta materia, están siendo analizadas a partir de dar una respuesta definitiva en esta sensible materia. Se está haciendo una gestión especial en ellas, ya que la mayoría están digitalizadas, lo que permite a los jueces, que están abocados al conocimiento de estas causas, compartir información relevante".
El sistema judicial ha avanzado en la forma en que tramita los casos y con ayuda de la tecnología logró que la información necesaria para llevar a cabo los juicios se reúna de manera más rápida. Ejemplo de esto es un sistema que permite conocer la identidad de todos los involucrados en un litigio como la identidad de la víctimas, testigos y victimarios, así como los antecedentes de los imputados.
Otra ventaja es que los ministros no tienen que repetir procedimientos, ya que cuentan con una base de información única para conocer los datos relevantes de cada caso y evitar la duplicidad en la investigación. También es posible conocer las declaraciones de los inculpados cuando describen un mismo caso en otra instancia o sobre otro hecho.
Progreso en gestiones jurídicas
Sergio Muñoz se refirió además a las condiciones en las que se encuentra el poder judicial y agregó que "es necesario ir acotando los procesos a los hechos, a los victimarios y a las víctimas y poder entregarle una sentencia a todo el país, porque aquí no están únicamente comprometidos los intereses de personas individuales, sino que es el país entero el que está preocupado de conocer cuál es el resultado de estas investigaciones".
Sobre las declaraciones del juez, Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), expresó que "nosotros hemos pedido que se aceleren los juicios por razones que tienen que ver con que mientras más tiempo pasa menos posibilidades hay de detener a los culpables, testimonios fidedignos y justicia. Nosotros no hemos puesto plazos ni estamos de acuerdo con que los procesos judiciales deban regirse por ellos, sino que tiene que ver con la investigación de los responsables".
Respecto de lo mismo, el abogado especialista en temas de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, cuya designación como embajador en Uruguay fue anunciada por la Cancillería, dijo que "me parece un buen deseo, pero no sé cuán realista sea. Si yo juzgo por lo que conozco de los procesos faltan años para terminarlos, puesto que el Poder Judicial recién en octubre de 2013 dio dedicación exclusiva a los jueces de Derechos Humanos. Entonces pretender que en los meses que quedan se pueda acabar con los casos de esta índole es una buna idea, pero no lo creo real".
Al ser consultado sobre que tan viable es este propósito que manifestó el juez Muñoz, el abogado explicó que "lo que no se ha hecho en más de 15 años, desde que presentamos la primera querella con Gladys Marín en 1998 hasta ahora, es difícil que se haga en meses. Eso no ocurre en la realidad, no hay condiciones en Chile para esto. No creo en la justicia rápida y, aunque hubiera fallo este año, el que pierda va a apelar, lo que significa otro año en la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema, o sea, estamos hablando fácil de cinco años más".
"Es de extrañar este tipo de testimonio en Sergio Muñoz, pues no se corresponde con lo que él conoce sobre el planteamiento que tienen organizaciones de Derechos Humanos al respecto. Además, parece una revelación compleja por ser una opinión que podría dar pautas que finalmente signifique el cerrar procesos sin llegar a buen término", explicó Mireya García.
Disparate del ministro
Del mismo modo, Muñoz declaró que "se busca que queden todos contentos, de tal manera que se fueran cerrando estos procesos en que quedaran todos conformes, tanto las personas que están siendo investigadas como los familiares de las víctimas y desde luego el mismo juez".
Sobre esto, Mireya García expresó muy indignada a Cambio21 que "es una declaración muy poco afortunada, creo que la justicia no es para dejar a nadie contento. La justicia es para hacer justicia, para sancionar los delitos y crímenes, no para dejar a alguien contento. Por lo tanto, que el ministro Muñoz señale algo de esta naturaleza, primero me sorprende y segundo, me parece inaceptable. Creo que hay una concepción errónea al respecto de lo que significa la justicia al establecer una opinión de este tipo".
En tanto Eduardo Contreras, al comentar los mismos dichos, expresó que "nadie puede quedar contento después de una tragedia como la que vivió Chile, eso es imposible, no es una buena idea. Aquí se trata de verdad y justicia, no de dejar contento a alguien, por lo que decir eso es una declaración muy desafortunada".
Dichos de esta envergadura ameritan una conversación absolutamente necesaria e imprescindible para aclarar los significados de sus términos y es lo que la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos pedirá al magistrado.
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