Por María Elba Troncoso
Una de las tareas más difíciles de este gobierno será mantener el
equilibrio entre el derecho a protestar y la paz social. La piedra en el
zapato, sin duda serán los encapuchados de siempre. Así se vio en la
reciente conmemoración del Día del Joven Combatiente.
Tras
pasar sin mayores problemas la primera protesta masiva el pasado 22 de
marzo, la verdadera prueba de fuego para medir cómo el nuevo gobierno se
enfrentaba a la violencia en las manifestaciones, fue la conmemoración
del Día del Joven Combatiente. Y si bien las autoridades hicieron un
positivo balance de los incidentes de la noche del 29, el reporte
policial fue de 98 detenidos, 3 carabineros lesionados y destrozos a la
propiedad pública y privada.
"Este año fueron menos los focos y disminuyeron los heridos, cosa
que por supuesto va en la dirección correcta, pero no podemos estar
satisfechos mientras subsistan en Chile personas que aprovechan estas
fechas, que no tienen otro sentido que simplemente cometer hechos
delictuales. Los chilenos quieren vivir en paz y esa es la tarea de este
gobierno, conjuntamente con la fuerza de Carabineros", señaló el
intendente Metropolitano, Claudio Orrego.
El general director de Carabineros, Gustavo González destacó que
el día fue "menos intenso que el año pasado" pero hubo daños y personas
lastimadas, señalando entre los hechos más graves la quema de un bus del
Transantiago en la comuna de La Granja y agregó "en la Villa Francia
también hubo lanzamiento de objetos contundentes, bomba molotov.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, anunció acciones
legales contra quienes resulten responsables: "No podemos permitir como
país que, aún cuando sean hechos en algunos casos aislados de
vandalismo, esos hechos afecten la vida normal de miles de personas".
Los derechos en democracia
El gobierno de Sebastián Piñera se enfrentó a fuertes
manifestaciones. Durante su periodo las protestas por Aysén y el
conflicto estudiantil, se tomaron las calles. El gobierno, las policías y
los fiscales fueron puestos en entredicho porque a pesar de los duros
enfrentamientos, los encapuchados no eran detenidos y en cambio la
ciudadanía era fuertemente reprimida. La cámara de diputados dispuso una
comisión investigadora que analizó hechos como el inédito ingreso de
Carabineros a la casa central de la Universidad de Chile y el ministerio
del Interior impulsó la polémica Ley Hinzpeter, que finalmente no dio
frutos.
Al hacer un análisis de la situación, el presidente de la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Gabriel Silber,
consideró que se necesita implementar una protección penal inteligente y
dejar de lado lo hecho por "el gobierno anterior que privilegiaba una
suerte de pesca de arrastre a la hora de hacer control en las protestas,
con detenciones masivas, con escasa efectividad, pocos medios
probatorios, sin persecución penal en tribunales, querellas que se
presentaban y que después no tenían pruebas, porque lo que espera la
ciudadanía es un trabajo serio y responsable de tal suerte de terminar
con los vándalos y el lumpen que infiltran las manifestaciones y también
con las detenciones masivas que muchas veces eran usadas para
criminalizar la protesta social, más que para poner tras las rejas a
estos vándalos".
En diálogo con Cambio21, consideró que
es una buena medida "no criminalizar la protesta social y que cuando se
convoquen actividades se hagan reuniones preventivas y trabajar con los
organizadores, para garantizar el derecho a reunión".
Coincidiendo con estas declaraciones, el miembro de la instancia
parlamentaria, Matías Walker, señaló que "el descontento en democracia
se manifiesta a través de manifestaciones pacíficas autorizadas por la
autoridad competente, prueba de ello fue lo que pasó en la marcha de
todas las marchas, que es un ejemplo de cómo se puede en democracia
ejercer el derecho a manifestarse".
En la misma línea el ex subsecretario del Interior y de
Carabineros, senador Felipe Harboe, dijo que confía en que "la autoridad
de gobierno va a ser capaz de leer bien lo que está ocurriendo en la
calle con los ciudadanos y eso significa que no debiéramos tener niveles
de enfrentamientos como hemos visto en los últimos tiempos".
Consultado por Cambio21 lamentó que
"siempre va a quedar un pequeño grupo de desadaptados que va a
aprovechar cualquier reivindicación para causar violencia y respecto a
ellos el gobierno tiene que dar garantías de que no hay impunidad, por
muy legítima que sea la reivindicación no es aceptable que alguien
intente manifestarla a través de hechos de violencia, porque justificar
la violencia en función de la legitimidad de la reivindicación es dar un
paso que este país no quiere".
"Espero que del gobierno de Piñera se haya aprendido la lección
de lo que no hay que hacer", señaló y recordó que " tuvimos los
incidentes más graves y la impunidad más grande desde el retorno a la
democracia en materia de orden público y espero que el gobierno haya
tomado lectura de eso e instruya a Carabineros para que cuide que se
mantenga el legítimo derecho a la manifestación y protección a los
manifestantes, pero que no acepte ni se toleren hechos de violencia y
cuando estos generen que exista la capacidad suficiente, para
identificarlos, detenerlos y tener la pruebas suficientes para poder
formalizarlos".
Hay solución
Dentro de las medidas para evitar incidentes ese 29 de Marzo, la
policía determinó más de una docena de zonas críticas y 122 puntos de
conflicto que "fueron copados con anticipación, se hizo una labor
preventiva y con ayuda de los vecinos pudimos evitar saqueos y problemas
mayores", señaló el general director de Carabineros.
El miembro de la comisión de Seguridad Pública, Matías Walker,
consideró que esto demuestra que hay facultades legales para terminar
con la violencia en las protestas.
"El problema de los encapuchados de soluciona aplicando el
artículo 85 del código procesal penal que establece que la policía pueda
hacer control de identidad de las personas que están encapuchadas. En
el caso de los ataques incendiarios del día del joven combatiente, los
autores ya fueron detenidos y arriesgan penas de 10 años a cadena
perpetua. Entonces está solucionado, porque el tema es un problema de
eficiencia, porque las sanciones están contempladas y lo que tenemos que
hacer es garantizar que la mayoría tenga derecho a manifestarse y
evitar que una minoría pueda afectar el ejercicio de ese derecho y si
aparecen tener la capacidad para detenerlos y pasarlos a tribunales y
también de prevenir a través de mecanismos de inteligencia".
"El problema no está en la ley si no que está en la gestión y yo
confío y espero que el gobierno haga lo que tiene que hacer en esta
materia y vamos a ver los resultados más adelante", concluyó Harboe.
La ANI a fojas cero
La presidenta Michelle Bachelet restituyó en el cargo de director
de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a Gustavo Villalobos,
quien estuvo al frente de la entidad desde el año 2004 hasta 2010,
cuando fue reemplazado por el ahora saliente director, el ex fiscal
Gonzalo Yussef, quien fue duramente criticado durante sus funciones.
"No sabemos lo que pudo haber hecho, pero lo cierto en que en
este periodo no se evitó ningún conflicto. Todos los conflictos llegaron
a la calle; tras la manifestación derivaron a violencia. No sabemos si
este es un problema de información o de mala gestión. Pero lo que marca
el gobierno de Piñera en materia de inteligencia y seguridad es el caso
bombas y del pakistaní donde el gobierno dio la hora, generando un
desprestigio que vamos a tener que trabajar mucho para poder
revertirlo", recordó el senador Felipe Harboe.
"Las labores de inteligencia son muy importantes a la hora de
desactivar las bandas, y es positivo que vuelva un profesional serio y
responsable, como Gustavo Villalobos, quien se desempeñó como abogado de
la Vicaría de la Solidaridad", destacó el diputado Gabriel Silber,
mientras que su colega Matías Walker lo calificó como "una persona muy
prudente, es una persona muy conocedora de la historia de nuestro país y
siempre respetuoso del legítimo derecho de los ciudadanos."
El por qué de un encapuchado
(Extracto de las impresiones de un activo manifestante del Día del Joven Combatiente)
¿Por qué participo en esta
conmemoración del 29 de marzo? Tiene que ver con lo que espero de esta
sociedad, a veces es difícil explicar y que entiendan de por qué lo
hago, aun a mis 40 años, y que generalmente sean los cabros los que
salen a la calle, soy una generación menor que el Eduardo y Rafael
(Vergara Toledo).
A los chiquillos los observo con admiración como hombres, capaces
de dar su vida por otra; eso me da fuerza y valor de estar en la calle,
cuando escucho a los abuelos Luisa y Manuel (así le llaman todos),
después de tanto tiempo soportando ese dolor, esa capacidad de seguir
con la misma fuerza, eso me motiva.
Ahora ¿qué saco con salir a enfrentarme a los pacos? Es la única
manera que siento yo de que la gente no olvide que ellos son los
violentos y no nosotros, ¿qué les vamos hacer con molotov, trabucos y
piedras a esos monstruos que usan para intimidarnos?... nada, pero igual
llamamos la atención al gobierno. Los poderosos, ricos etc. saben que
no somos sus esclavos, aun no se han robado lo único que nos queda y
creo que por eso aun participo y nunca dejaré de participar en la calle,
es el amor al otro que está al lado tuyo, a esa persona que es parte de
la sociedad que queremos construir.
¿Sabes? Lo que los chiquillos y en el fondo lo que hace la
familia Vergara Toledo es enseñar amar, puede ser una locura, pero
invito a cualquiera que vaya alguna vez a la Villa Francia para un acto,
gracias a ellos aun existe una comunidad cristiana y eso no quiere
decir que sea de la iglesia católica, te hablo de los valores que hay en
ese lugar, la solidaridad que vez es como un sueño y para terminar,
¿por qué me encapucho y salgo?, es para ayudar a los cabros y que la
gente se dé cuenta que esto no se va acabar hasta que esto no cambie.
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