Escrito por Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile
La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile lucha
por Verdad, Justicia y Reparación. Pero, refiriéndonos a la verdad no
sólo nos preocupa la Verdad Histórica. También debemos ocuparnos de la
verdad de HOY. Que se sepa lo que ocurre actualmente con las víctimas.
No nos estamos refiriendo a aquellos sobrevivientes excepcionales que
lograron surgir y sobreponerse a las terribles secuelas de la prisión y
tortura, sino hablamos por aquellos en que la huella dejada no ha podido
borrarse y que nunca más han levantado cabeza: los que siguen
olvidados, humillados, abandonados en la peor de las miserias.
Por eso, es vergonzoso
que se oculte la verdad. Que se haga creer a la ciudadanía y a la
Humanidad que Chile ya ha pagado su deuda con las víctimas. La verdad
es que hasta el reconocimiento nos llegó muy tardío. Pasaron trece años
de transición para que el país escuchara el discurso del Presidente
Lagos “No hay mañana sin Ayer”, en que se reconoció oficialmente que
teníamos decenas de miles de víctimas olvidadas y postergadas: los
prisioneros políticos y torturados. Pero, el Mandatario optó por
solicitar a la Comisión Valech que le recomiende “medidas austeras y
simbólicas” para compensar a aquellas víctimas que no hayan tenido aún
ninguna forma de reparación. Fue así como optó por legislar
otorgando apenas austeras medidas de rehabilitación de carácter
subsidiaria en materia previsional y de un supuesto beneficio
educacional, simbólico puesto que favorecía a adultos mayores que no
estaban ya en condiciones de estudiar. La pensión reparatoria vitalicia
estaba condicionada a que se careciera de previsión, dado que se la
declaró incompatible con cualquier pensión dada a los exonerados
políticos e incluso se privó del beneficio a quienes gozaban de una
modestísima pensión asistencial.
Si
se omite pagar tales deudas, de hecho, el daño sigue
acrecentándose. Las consecuencias se siguen sufriendo hoy y continuarán
mañana provocando efectos tremendamente negativos. Esa terrible
frustración se acrecienta y es compartida por toda la familia. No es
sólo pena sino rabia que se seguirá acumulando aumentando la
desconfianza en las instituciones del Estado, sus funcionarios y toda la
clase política que pasa a ser responsable no sólo de insensibilidad
sino de ignorancia o cobardía moral.
Exigimos que el Estado
se haga cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de la
Dictadura. Por ello compartimos los compromisos de la Nueva Mayoría
contenidos en su Programa de Derechos Humanos, programa de gobierno que
la ciudadanía hizo suyo y eligió con una enorme mayoría a nuestra
Presidenta de la República.
Advertimos
que el Gobierno no debe tomar el tema de las reparaciones con vista
sólo al enorme costo de las indemnizaciones y seguir postergando la
solución. El Estado que sin piedad ha atropellado los derechos humanos
debe dar a la Humanidad reales “garantías de no repetición”; es decir,
si la deuda es enorme “se debe pagar aunque duela”. Por eso el monto
elevado no debe asustar o hacer desistir a los políticos bien
intencionados, sino buscar una solución eficaz que satisfaga las
expectativas de las víctimas o familiares y lo más apropiado es que el
país busque financiamiento en un crédito internacional para pagar sin más dilación la indemnización justa y adecuada que se establece como principal obligación del Estado en el artículo 14 de la Convención Internacional Contra la Tortura.
El
crédito internacional, como deuda del Estado, deberá amortizarse durante
una veintena de años con una partida especial del Presupuesto
Nacional. Ello permitirá que periódicamente se recuerde el daño
cometido, que ello se debe pagar y también será una garantía real de
que las atrocidades no se volverán a repetir. Si no se pagare la deuda
sería una clara señal de que la triste y lamentable historia volverá a
repetirse, dado que al Estado le sale gratis torturar, asesinar o hacer
desaparecer a los ciudadanos.
Hacemos
un llamado a los medios informativos a que muestren esa patética y
dolorosa verdad, que se refiere a la mísera existencia en que sobreviven
la gran mayoría de las víctimas. Lo mismo, a los señores políticos de
todos los colores, pedimos que no cierren los ojos a la triste realidad
en que se mantienen todavía hoy los sobrevivientes de tortura y su
familia. Al mismo tiempo, que velen por que nuestra legislación
garantice a la víctima de tortura el derecho a una indemnización justa y
adecuada, como se manda en la ley internacional
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