En libertad quedó esta jornada el joven egresado de Relaciones Públicas, Víctor Hugo Montoya Encina, acusado de ser uno de los responsables del bombazo que afectó el retén de Carabineros de Las Vizcachas el 09 de febrero de 2013. Esto luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto decidiera su absolución. Según informó la Defensoría Popular, la jueza Camila Villablanca estimó que las pruebas presentadas no resistían análisis lógicos y en consecuencia se resolvió absolver al joven. La familia anunció que demandará al Estado por el tiempo que debió permanecer detenido. El abogado defensor, Rodrigo Román, destacó esta jornada que es la quinta vez que desde el Ministerio Público intentan sin éxito levantar una acusación de este tipo. A su juicio eso demuestra que “la Fiscalía Metropolitana Sur se quedó con el chip del poder político, de la inteligencia policial, y hoy día llegan a juicio con la misma versión que dio en el caso bombas o en el caso (de Luciano) Pitronello y por eso el tribunal les dice de manera contundente en el veredicto que se ha desarrollado una investigación, sesgada, imprecisa y que era inconducente”. Montoya debió permanecer 16 meses cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Puente Alto, luego que la Fiscalía Metropolitana Sur lo sindicara como uno de los autores del ataque. Un supuesto testigo habría visto su vehículo escapado en el sector tras la explosión. A las horas la policía allanó su hogar en La Florida y lo detuvo, confiscando material que utilizaron para vincularlo con grupos anarquistas. La versión de la familia era que Víctor Hugo Montoya acompañó esa jornada a una amiga a Pirque, lo que explica que lo hayan visto transitar por el lugar. El joven era vegano y en su habitación tenía información audiovisual sobre la ETA, un manual del Frente de Liberación Animal y música hardcore punk, todo lo que fue utilizado por la fiscalía. Además lo vinculó con el ataque contra los Juzgados de Garantía de Puente Alto donde explotó una bomba en el frontis del edificio el 4 de julio de 2012. Tras haber solicitado en varias oportunidades la ampliación del plazo de investigación, en diciembre del año pasado informó que anexarían ambas pesquisas. En marzo de este año, finalmente, presentaron acusación por el delito de colocación de artefacto explosivo terrorista por el hecho de Las Vizcachas y solicitó una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo. Al tiempo sufrirían un “revés” cuando en abril la Intendencia Metropolitana comunicó el despido del abogado Mauricio Jara, que invocó la Ley Antiterrorista en la profundización y ampliación de la querella interpuesta por el ataque al retén. Un grupo autodenominado “Amigos de la Pólvora”, que en 2012 había publicado en sitios anarquistas una reivindicación del ataque explosivo contra el Tribunal de Puente Alto, adjudicándose este hecho, también asegura ser responsable de la colocación del artefacto que estalló en el retén donde dormía un carabinero. El 22 de febrero del año pasado publicó una declaración en la que afirmaban que el joven detenido como responsable “no pertenece a nuestro grupo de afinidad”. Consultado en La Moneda por la absolución de Montoya, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, destacó que “respetamos la autonomía de los tribunales” y aseguró que “no nos vamos a apartar un minuto de esa doctrina”.