Según el documento, el exceso de poder que ejercen las grandes forestales y consorcios agrícolas en Wallmapu se suma a los abusos de Carabineros, una realidad que se replica en América Latina contra todos los defensores y defensoras de la tierra.
Por eldesconcierto.cl@eldesconcierto
Foto: Agencia Uno
El reciente informe “Consulta Regional sobre Empresas y DD.HH” de las Naciones Unidas en América Latina dio cuenta del incremento en la violencia estatal que viven las comunidades indígenas en La Araucanía. Las conclusiones del organismo, según constató Radio Universidad de Chile, se enmarcan en las múltiples violencias denunciadas por el pueblo originario de La Araucanía, vinculadas principalmente el abuso de las policías.
A fines de 2016, se vivió uno de los puntos más críticos de esta situación, expresada en la peligrosa huelga de hambre de 14 días que sostuvo la machi Francisca Linconao, autoridad ancestral del pueblo mapuche, a quien se le negó por meses su derecho a esperar el juicio en libertad.
Según el documento, el exceso de poder que ejercen las grandes forestales y consorcios agrícolas en Wallmapu se suma a los abusos de Carabineros, algo que se reflejó en el brutal disparo de un policía contra el joven Brandon Hernández Huentecol, el menor de 17 años que fue baleado por la espalda en medio de un control de identidad.
“Hemos identificado una tendencia creciente en América Latina y el Caribe a ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos y la criminalización de líderes, en el cual su oposición a proyectos empresariales es respondido de manera violenta por el Estado que ataca directamente a manifestaciones pacíficas, incluso ocupaciones pacíficas de carreteras o instalaciones empresariales”, señaló Amanda Romero, investigadora y representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. El informe, además, contempla las denuncias contra el Estado chileno por detenciones y juicios arbitrarios contra comuneros/as mapuche.
Otra de las falencias de Chile en la materia se vincula al ejercicio arbitrario de la Consulta Indígena, promovida por el Convenio 169 de la OIT al que Chile suscribe. Esto es especialmente importante en casos de intervención de proyectos energéticos o extractivos.
“En el caso chileno se da una dificultad respecto del discurso de las empresas y la responsabilidad directa en la debida diligencia, por ejemplo, para consultar comunidades. Un mecanismo muy recurrente de la información que se recibe desde Chile es cómo han dividido a las comunidades entre las que consideran que los procesos de consulta previa, libre e informada, han sido transparentes y eficaces, y los que consideran que no”, explicó la investigadora.
Con base en esta muestra, los sectores donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras de la tierra son: energético (41%), minero (27%), construcción (13%) y agrícola (12%). Además, los países más afectados por amenazas y muertes contra personas en este ámbito son Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.
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