Gonzalo Castillo |Domingo 29 de enero 2017
Esa es la conclusión a la que el Mecanismo Civil de Prevención de la Tortura arribó luego de visitar la cárcel de Colina II y el Centro de Internación Provisoria del Sename en San Joaquín. “La tortura ha pasado a estar en el sistema penal subterráneo (…) El problema es que no hay voluntad política de acabar con esta lacra de la tortura”, señala Alicia Alonso, directora de la ONG Leasur.
El 7 de diciembre del año pasado, por primera vez se constituyó en un recinto penal de Chile el Mecanismo de la Sociedad Civil de Prevención contra la Tortura, instancia creada por la ONG Leasur y la Comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas para realizar visitas sin previo aviso a centros de reclusión de personas y velar por la protección de sus DDHH.
Ese día, el Mecanismo visitó el Módulo 16 (de aislamiento) del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina II así como al Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín, dependiente del Sename.
De esas dos inspecciones, el grupo realizó un informe que fue presentado tanto a las autoridades estatales como a organizaciones internacionales, en las cuales constataron los maltratos físicos y psicológicos a los internos.
En el caso del CIP de San Joaquín, los observadores constataron el déficit de funcionarios educadores y de salud para los adolescentes allí internados; así como “agresiones físicas, potencialmente constitutivas de torturas”.
Tipos de agresiones según testimonios de adolescentes del CIP
También verificaron la “ausencia de control profesional en suministro de psicofármacos y otros medicamentos” hacia los adolescentes, lo que recuerda el caso de la muerte de la niña Lissette Villa en un centro dependiente del Sename.
Finalmente, el Mecanismo Civil de Prevención de la Tortura hizo énfasis en el hecho que la “arquitectura carcelaria” de este centro no es apta “para la labor formativa de un centro de internación de adolescentes”.
Cabe recordar que esta estructura fue utilizada en Dictadura como centro de detención y tortura de la DINA conocida como Tres y Cuatro Álamos, razón por la cual la instancia exige que el Estado declare al edificio como Sitio de Memoria, y que deje de ser un centro del Sename.
Respecto del Módulo 16 de Colina II, los organismos constataron, de partida, que la infraestructura del recinto no reúne las condiciones mínimas para albergar la cantidad de internos que allí se encuentran, dada la “falta de ventilación y luz natural en celdas reducidas y hacinadas”. Tampoco hay camas adecuadas, se verifica falta de higiene y presencia de roedores e insectos en las celdas: “El Módulo no es apto para la habitabilidad de seres humanos”, resume el texto.
Similares observaciones hizo en febrero de 2016 un informe de la Corte de Apelaciones en el cual apuntó sus dardos hacia las concesionarias de algunas cárceles por las condiciones de los penales.
Desde los organismos de derechos humanos denuncian que el alcaide de Colina II recibió llamados de atención desde sus superiores, luego de la visita realizada por el Mecanismo Civil contra la Tortura. De hecho oficiaron a la Comisión de DDHH de la Cámara para que investigue si el sumario que se le está cursando al alcaide, tiene que ver con haberlos dejado entrar a constatar la situación en el Módulo 16 del recinto penal.
Agresiones en Módulo 16 de Colina II según testimonios
Alicia Alonso, directora de la ONG Leasur, señala que esta instancia nace a partir de la falta de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de parte del Estado, incumpliendo incluso con acuerdos internacionales de DDHH, pero también “para reinvindicar a la sociedad civil” en la observación de los centros de reclusión de personas.
La directora de Leasur señala que no existen Chile la voluntad política de acabar con la situación “inhumana” que viven los internos de las cárceles chilenas, lo que se suma al “populismo punitivo” que impera entre los legisladores “que busca a través de mensajes simples solución a problemas que son más profundos”.
“La cárcel nunca ha solucionado nada, lo comprobamos no sólo en Chile sino que en otros países, la cárcel es parte del problema, la gente que entra en la cárcel sale con muchos más problemas, entonces hemos pasado de un sistema de reinserción de las cárceles a las cárceles-depósito en donde ocultamos los problemas sociales que el sistema económico capitalista genera, los ocultamos temporalmente, pero es eso es una ocultación temporal, no es afrontar con profundidad los problemas. No importan a los políticos las personas que cometen delitos antes de cometerlos”.
Por su parte, Marta Cisternas de la Casa Memoria José Domingo Cañas, hizo énfasis en que este Mecanismo Civil contra la tortura puede ser complementario a un futuro Mecanismo Nacional que cree la institucionalidad estatal.
“La sociedad civil puede constituir su propio mecanismo. Que las puertas de los recintos de personas privadas de libertad tienen que estar abiertas para las entidades de la sociedad civil obviamente acreditadas, pero tienen que estar abiertas porque todo lo que contribuya a la prevención de la tortura, tiene que estar, no lo pueden negar”.
Marta Cisternas señaló que la visita realizada a estos centros de reclusión de personas fue la primera de muchas más que realizarán en el futuro, mientras esperan las respuestas de los organismos tanto nacionales como internacionales a las denuncias estampadas en el informe que les fue entregado a casa uno de ellos.
“Demandamos al Estado chileno la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conforme los estándares que establece el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la prohibición del recurso al aislamiento en centros de privación de libertad, por cuanto cada vez existe más evidencia que constituye una práctica extremadamente gravosa para el bienestar físico y psíquico de la persona, habilitando el terreno a la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y facilitando además su impunidad”, señalan las organizaciones de DDHH.
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