La primera pista de esta arista retrotrae a diciembre de 2014, cuando el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, detalló al ministro de Defensa de la época, Jorge Burgos, los fraudes masivos ocurridos en su institución en un informe de veinte páginas.
Por Mauricio Weibel Barahona@mauricioweibel
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) investiga hoy un nuevo fraude cometido con facturas pagadas con la Ley Reservada del Cobre, según documentos confidenciales a la que accedió El Desconcierto.
“El departamento de Delitos Tributarios (…) ha estado desarrollando un proceso de recopilación de antecedentes relacionado con irregularidades derivadas de la causa”, informó ya a mediados de 2016, el jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII, abogado Mario Moren, al ministro en visita del caso Milicogate, Omar Astudillo.
En ese marco, el último ilícito investigado consiste en la duplicación y venta de facturas por repuestos de automóviles que fueron usadas para desfalcar a la institución y que una vez empleadas fueron supuestamente vendidas a privados, para que éstos descontaran tributos.
El Ministerio de Defensa, comandado por el radical José Antonio Gómez, dijo a El Desconcierto no tener antecedentes de los hechos aún.
La primera pista del caso, sin embargo, retrotrae a diciembre de 2014, cuando el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, detalló al ministro de Defensa de la época, Jorge Burgos, los fraudes masivos ocurridos con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
En un informe de veinte páginas, el jefe castrense admitió que su institución pagó entre 2010 y 2014 facturas falsas y de empresas con términos de giro, como PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Cruz y Dávila Ingenieros Consultores, Mauricio Importadora e Importadora Limitada, Inversiones y Comercio Capellán y Centro de Entrenamiento Kaufmann.
Inversiones y Comercio Capellán, una de las empresas indagadas en la causa, incluso pidió abrir una investigación a la Fiscalía, para determinar quiénes copiaron sus instrumentos de comercio.
Los fraudes con la Ley Reservada del Cobre, el llamado caso Milicogate, suman ya 5.000 millones de pesos, según los peritajes de la Policía de Investigaciones en poder del ministro Astudillo, los que sólo abarcan el período comprendido entre 2010 y 2014.
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“Nadie”
Los antecedentes, aún difusos, apuntan en esta nueva arista tributaria a quienes tenían acceso preferente a las facturas duplicadas.
Al explicar el funcionamiento de los flujos y documentos relativos a la Ley Reservada del Cobre, el mayor José Marchant, de la Dirección de Finanzas, no tuvo dudas. “La planificación, asignación de recursos y el pago (…) está centralizado en el Comando de Apoyo al Ejército y la Tesorería”, dijo ante la VI Fiscalía Militar.
Sin embargo, una de las dificultades de la investigación en la VI Fiscalía Militar es la inutilización del servidor donde fueron respaldadas estas operaciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de tramitar las compras con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
“Nadie”, dijo uno de los principales implicados en el caso, el cabo Juan Carlos Cruz, cuando funcionarios de Investigaciones le preguntaron justamente quién estaba a cargo de salvaguardar la información sobre compra de material bélico contenida en ese computador.
Su compañera de trabajo, la sargento Liliana Villagrán, desmintió las palabras de Cruz y dijo que los respaldos existían, no obstante la información contable jamás pudo ser recuperada desde el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza.
“Nuestra misión era buscar facturas”
En ese marco, desde hace meses el ministro Astudillo investiga el hallazgo de una caja con material del cabo Juan Carlos Cruz en el Edificio Bicentenario del Ejército, donde es guardada la documentación en desuso del Comando de Apoyo a la Fuerza.
“Nuestra misión era buscar facturas y documentación anexa”, reveló de hecho el cabo José Aguilera al ministro sobre la operación que permitió ubicar ese material luego de dos meses de trabajo en el subterráneo de la mencionada sede institucional.
El suboficial agregó que actuó por orden del coronel Eduardo Weisser, a cargo entonces de efectuar la investigación sumaria administrativa por los fraudes con la Ley Reservada del Cobre.
Respecto de la caja del cabo Cruz, el suboficial Aguilera dijo que contenía un sobre blanco sellado. “Lo abrí y vi que en su interior tenía facturas originales”.
Dichos instrumentos de comercio, por cierto, pertenecían al proveedor Waldo Pinto de Arica, quien admitió a la Justicia que realizó depósitos en la cuenta corriente del coronel Juan Carlos Guerra como parte de pago por trabajos encargados por el Ejército, además de emitir vales vista a nombre de Cruz y Danilo Alarcón, funcionario de la Dirección de Finanzas de la institución.
El teniente coronel Eduardo Hernández, quien también participo en las pesquisas, recordó ante el tribunal que también encontraron facturas originales de Pedro Salinas, otro de los proveedores investigados en el marco del Milicogate.
Cruz, consultado por el ministro Astudillo, dijo que eran facturas que debían ser trituradas, no admitiendo ningún ilícito.
“Se acabó el pacto de silencio”
“Decidimos hablar y romper este pacto de silencio”, dijo sin embargo días después Danilo Alarcón, funcionario de la Dirección de Finanzas y amigo de Cruz, con quien incluso tuvo un stud en el Club Hípico.
El ingeniero luego apuntó todas las responsabilidades en el fraude del Milicogate a los coroneles Clovis Montero, Carlos Frez, Mario Barrientos, Pablo Cisternas y Wellington Alvarez, quien sufrió un accidente cerebral que lo dejó inimputable ante la Justicia, según pericias del Servicio Médico Legal.
“Ya es suficiente”, secundó el cabo Cruz, quien apostó unos 2.400 millones de pesos en el casino Monticello durante el período en que fue desarrollado el fraude, según información de la propia casa de apuestas.
Luego fue el turno de declarar del extesorero del Estado Mayor del Ejército, Clovis Montero. “Vengo a contarle toda la verdad”, disparó el otrora oficial al ministro Astudillo y ratificó a grandes rasgos las palabras de Cruz y Alarcón.
Ninguno de los tres, sin embargo, hizo mención algunas sobre la nueva pesquisa de Impuestos Internos.
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