12/02/2017 |
Por Mario López M.
Desde Orpis a Van Rysselberghe, son decenas los parlamentarios y funcionarios públicos que han sido asociados a graves casos de cohecho. Pesqueras industriales no solo se repartieron el mar entre siete familias, también pautearon las leyes que los rigen.
Increíble: Subsecretaría de Pesca entregó a Corpesca y Camanchaca -esta última acusada de ser la que habría donado dinero a la presidenta de la UDI-, la explotación de recursos en zona exclusiva de pescadores artesanales en el norte del país. Se usó un resquicio legal.
Están frescas las acusaciones de cohecho a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien habría sido pauteada por Asipes para legislar en su favor y existiendo además denuncias que incluyen a la pesquera Camanchaca S.A. como la que habría actuado como la caja pagadora a su campaña senatorial. No han terminado los estertores de Corpesca, adalid en el juego de sobornos a parlamentarios y funcionarios públicos. Aun así, la Subsecretaría de Pesca acaba de entregar por tres años la explotación de las cinco millas que son de exclusividad de la pesca artesanal en las regiones XV y I del norte del país a las naves de Corpesca y Camanchaca S.A., quienes aplicarán pesca de arrastre (industrial) sobre la sardina y la anchoveta.
Lo anterior echó al agua, literalmente, las fuertes protestas de los pescadores no industriales que ven así vulneradas sus fuentes de trabajo, pues de acuerdo a la ley esas cinco millas son de exclusiva explotación suya.
Las manifestaciones llegaron a su punto álgido en octubre pasado cuando barricadas bloquearon en Arica el acceso al puerto y calles. Allí intervino el entonces subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien ofreció mediar con la industria pesquera, según relata José Martínez Venegas, presidente del Sindicato de Tripulantes Artesanales de Arica. Solo meses más tarde la autoridad debió renunciar a su cargo tras filtrarse correos electrónicos que darían cuenta de favores a la industria del sector y que él desmintió.
Si bien la ley entrega a la pesca artesanal las señaladas cinco millas, un resquicio legal de quienes hicieron la ley -los propios empresarios del sector, según consta de las formalizaciones y antecedentes que el país ha conocido- dejaron una "ventana" que permite ingresar en esa zona a la pesca de arrastre o industrial permitida en el sector, en este caso, Corpesca y Camanchaca.
De eso se valió la autoridad marítima, pues de acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Pesca, inciso tercero, "Subpesca, previo informe del Consejo Zonal de Pesca, podrá autorizar las operaciones pesqueras extractivas (pesca de arrastre) por naves de titulares de licencias transables de pesca o de autorizaciones de pesca en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, sobre los recursos de sardina española y anchoveta". O sea Corpesca y Camanchaca.
Ley maldita
Ha pasado más de un año desde que un grupo de parlamentarios solicitaron la derogación de la llamada Ley Longueira. Incluso representantes de derecha se han abierto a analizar la materia, como el diputado de Evópoli, Felipe Kast, o el senador independiente ex RN Manuel José Ossandón, quien dijo a Cambio21 que "son tantas las irregularidades que han quedado al descubierto, tantas las evidencias, que acá el único camino posible es que el gobierno impulse una nueva ley que anule la actual e iniciemos una nueva discusión. Una ley aprobada con vicios de origen no puede ser ley".
Por su parte el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja, el diputado Guillermo Ceroni (PPD), comentó a nuestro medio que entre los parlamentarios existe una suerte de auto convocatoria en señal de molestia por el incumplimiento del ejecutivo, pues a principios del año pasado "cuando se presentó esta iniciativa, el ministro de Economía nos pidió que paralizáramos la moción de nulidad porque el Gobierno iba a presentar un proyecto con el objeto de modificar la ley y nada se ha hecho".
Para el parlamentario, "tenemos pescadores en todo el país que están muy molestos porque no ha habido ninguna iniciativa del Ejecutivo, a pesar de que incluso en la campaña del Gobierno se habló de modificar la Ley de Pesca, eliminando entre otras cosas la pesca de arrastre".
"En aras del compromiso que adquirió el ministro de Economía esperamos que el Gobierno solucione el impase presentando la prometida modificación a esta ley de dudosa gestación, sospechosa por la influencia que en ella tuvieron las pesqueras, de origen absolutamente poco ético, y vea la forma de hacer justicia con los pescadores artesanales que fueron perjudicados, especialmente en lo que dice relación con la depredación de los recursos marinos que los barcos industriales producen con las cuotas de arrastre, con derechos que se concedieron a las pesqueras por 20 años renovables, etc. El Gobierno no se puede quedar sin dar respuesta a los pescadores", sentencia el legislador a nuestro medio.
¡Basta!
Acusados de comprar legisladores, crear "barcos ideológicamente falsos" o de "papel" usados por las grandes pesqueras para aumentar dolosamente las cuotas de extracción, pasando por denuncias respecto de funcionarios del gobierno de Piñera por prevaricación -Pablo Longueira y Pablo Galilea, entonces ministro y subsecretario respectivamente-; un juez primo de la mujer de Angelini, el ministro de la Corte Suprema Guillermo Silva, quien falló en una causa que involucra al propio Angelini favoreciéndolo y sin inhabilitarse; la remoción del fiscal Emiliano Arias, quien investigaba a Corpesca, Asipes y el resto de la industria del sector cuando fue desafectado por el Fiscal Jorge Abbott para que no siguiera investigando. Esas son solo algunas de las triquiñuelas que han aparecido asociadas a la Ley de Pesca y las industrias pertenecientes a las siete familias.
Lo último es el decreto que favorece a las cuestionadas Corpesca y Camanchaca y el rol de la senadora van Rysselberghe durante la tramitación de una ley que era importante para los trabajadores artesanales de la pesca y que terminó favoreciendo a Asipes -que la habría pauteado- y a otras industrias del rubro.
Para el senador (País) Alejandro Navarro, "el diálogo revelado en los correos habla más de una relación de negocios, en la que Van Rysselberghe actúa como embajadora de Asipes en el Senado, que de una relación de amistad. Porque seamos francos, la senadora que es médico psiquiatra poco y nada sabía de pesca en su primer año en ejercicio cuando presidió la comisión, pero lo que sí sabía y sabe muy bien es alinearse con los empresarios".
Las cosas por su nombre
Toman relevancia los dichos de la fiscal Ximena Chong, quien investiga muchos de estos hechos: "en general cuesta asumir que el hecho de que en ciertas conductas que constituyen delito, es bueno usar el criterio correcto; sustraer dinero del fisco es delito, entregar facturas falsas es delito, pedir dinero a una empresa y no abstenerse de votar cuando involucra a esa empresa es delito, estos no son simples errores", enfatizó.
"A veces el lenguaje es mucho más fácil cuando una persona vende droga en la esquina o roba en el metro, es mucho más fácil tildar incluso periodísticamente de delincuente (...) es importante que socialmente vayamos definiendo estos términos como un delito para ir distinguiéndolo de lo que puede ser un error. Los delitos de corrupción son delitos graves en el ámbito social", sentenció.
El abogado Mauricio Daza, querellante en causas por corrupción, dijo a Cambio21 que existe una fuerte similitud entre lo protagonizado por Van Rysselberghe y el formalizado y desaforado senador Jaime Orpis. Ambos recibieron información o lineamientos sobre la tramitación de la ley, salvo que a la parlamentaria aún no se le demuestra un pago monetario, pues se desconoce si el aporte de Camanchaca se hizo o no en el marco legal.
"En la relación de la senadora hay dos elementos: recepción de instrucciones por parte de Asipes y ella habría cumplido con esas peticiones. Lo que falta para cerrar el círculo es establecer que hay un aporte financiero que se concrete con boletas ideológicamente falsas por servicios no brindados. Eso todavía se está investigando, por lo que no se puede descartar, más allá del juicio ciudadano que se pueda dar", explicó, sin descartar que sí existieran fondos como contraprestación: "no es una hipótesis improbable si se considera que la industria pesquera aparece en algunos casos derechamente coimeando a parlamentarios a cambio de que realicen determinadas acciones a favor de ellos, tanto en la llamada Ley Longueira como en otras legislaciones que afectan los intereses de la industria de forma directa", concluyó.
Los titiriteros de la política
Cuando el país se escandalizó con el caso Penta, donde un grupo de empresarios derechistas se preocuparon de financiar a la UDI por debajo de la mesa y que terminó con la formalización de algunos, incluidos sus controladores, algunos parlamentarios, exsubsecretarios y unos cuantos boleteros, la ridícula condena de su líder máximo, Jovino Novoa, y la renuncia del presidente del partido, diputado Ernesto Silva, salpicado por dineros pringados y correos electrónicos que acercaban el tema a un eventual cohecho, se creyó que este caso sería la máxima expresión de la corrupción: empresarios titiriteros que manejaban a congresistas a su antojo al son del dinero.
Craso error. No sería sino una arista más de otro escándalo aún mayor, que esta vez abarcó a casi toda la clase política y donde el cohecho alcanzó a parlamentarios de varios partidos e incluso a funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, incluidos exministros y subsecretarios, excandidatos presidenciales, incluso al mismo expresidente.
Es cierto que han existido varios formalizados, pero también son demasiados a los que hasta hoy nadie les pida cuentas. Ni siquiera a su controlador, Julio Ponce Lerou, máximo responsable del descalabro.
Faltaba eso sí la guinda de la torta o, mejor dicho, la gran torta que era repartida en algunos políticos transversalmente y donde los grandes empresarios del sector se dieron el lujo de hacer la Ley de Pesca a su medida, repartirse las cuotas de pesca en mar chileno, y por lo cual son varios los exfuncionarios públicos formalizados, incluido un senador en ejercicio y desaforado y una ex diputada. Es más, se encuentra formalizada una de las mayores empresas del sector, Corpesca.
Pero aún quedaba más. Había otras empresas, aparte de la de Angelini en el juego. Ahora entró a la cancha Asipes, que incluso pauteó a una senadora de la República de sobre cómo se debía regular a los pescadores artesanales, entre otras materias.
Los mil rostros de la vergüenza
Faltaría espacio para consignar los nombres de empresarios, ex y actuales parlamentarios, ex ministros y ex subsecretarios, de los miles de boleteros -empresa y personas- que entregaron documentos ideológicamente falsos para justificar las platas de la corruptela, descubierta por primera vez en 2014 y donde aún queda mucho paño por cortar; ni el SII, que dejó de presentar querellas, siendo su deber, ni la Fiscalía que cambió la doctrina de la mano del nuevo Fiscal Nacional, y hasta el CDE, más preocupado de su conformación que de defender los intereses que le corresponde cautelar.
Hay casi un millón y medio de hojas de expedientes que dan cuenta de la corrupción, miles de imputados, unos cientos formalizados y un solo condenado, tras años de investigaciones.
Para Hernán Machuca, vocero de la Confederación Nacional por la Defensa del Patrimonio de la Pesca de Chile, "la Ley Longueira es el niño símbolo de la corrupción, el cohecho y el soborno en nuestro país", afirmó a Cambio21. Desde Jaime Orpis, pasando por Pablo Longueira y Pablo Galilea, Marta Isasi y decenas más .del variopinto político hasta llegar a Jacqueline van Rysselberghe, han aparecido ligados a hechos cuestionados como corruptelas. Una línea común los une, todos ligados a la derecha, a Sebastián Piñera.
"¿Qué dirá Piñera en los debates de la campaña presidencial, cuando se le reproche que uno de los partidos que lo apoyan está dirigido por alguien que mantenía relaciones promiscuas con las empresas que, de acuerdo con la Constitución debía contribuir a regular? Piñera ya tuvo que padecer varios casos -¿será necesario recordar la vergüenza de Longueira o de Wagner?- de promiscuidad entre los empresarios y la política que él impulsaba. El caso de la senadora Van Rysselberghe, que si sigue en el cargo hasta la campaña presidencial deberá acompañarlo, enlazar sus manos, proclamarlo, aconsejar que se le apoye, no es más que un plomo, un lastre, que lo incomoda y lo expone", se preguntó el académico Carlos Peña.
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