por HÉCTOR CÁRCAMO E IVÁN WEISSMAN 16 febrero, 2017
Hace ya dos meses que la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) requirió a Bancard la entrega de correos electrónicos intercambiados entre el gerente general de la firma, Nicolás Noguera, y el hijo homónimo del ex Presidente, Sebastián Piñera Morel, para determinar si el ex Mandatario tuvo intervención en la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar mientras el Gobierno se enfrentaba a la disputa por límites marítimos con el país andino.
La Fiscalía –que investiga la querella del diputado Hugo Gutiérrez (PC) contra Piñera por supuesta negociación incompatible y uso de información privilegiada– no solo requirió documentación acotada a las fechas donde se concretó el negocio –entre noviembre de 2010 y febrero de 2011– sino que también amplió la solicitud de 2009 a 2014.
A pesar de que el abogado de Bancard, Juan Domingo Acosta, dice que se entregaron “todos los antecedentes pertinentes" a la Fiscalía, fuentes afirman que entre estos antecedentes no hay correos electrónicos.
Acosta ha insistido en su versión, pero no confirma ni desmiente que entre esos “antecedentes pertinentes” estén los correos electrónicos referidos. Señala literalmente el abogado Acosta: “Como se informó en su oportunidad, entregamos a la Fiscalía todos los antecedentes pertinentes a esta investigación. Posteriormente hemos seguido prestando la colaboración necesaria para el pronto término de la causa. Lo anterior lo hemos hecho directamente al Ministerio Público, como corresponde a un trabajo profesional serio. Respecto de otros trascendidos, no nos hacemos cargo de rumores de prensa en los que no existe una fuente responsable e identificable que, con la misma seriedad, pueda afirmar algo distinto”.
El requerimiento incomoda en el entorno de Piñera. Fuentes cercanas al caso advierten que la mayor preocupación del ex Mandatario no está en lo que puedan revelar los correos en lo que atañe a la operación con la pesquera. Más bien –aseguran– la inquietud está en lo que pudiera descubrirse en las comunicaciones hacia atrás, en particular, en los meses previos a que asumiera la Presidencia y en los primeros días de su administración.
El próximo 23 de febrero vence el plazo de reserva de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente y que quedó en dicha situación luego que en diciembre pasado la defensa de Bancard se negara a entregar voluntariamente los correos de 2009 a 2014, como requiriera el Ministerio Público.
Fuentes cercanas al caso confirman que Bancard y Noguera han seguido colaborando, pero dicha colaboración no ha incluido correo alguno.
Ante esta negativa, la Fiscalía dio un paso más antes de pedirle al juez de Garantía que autorice la orden de incautación obligatoria o por la fuerza de los correos: la testificación del entorno familiar inmediato de Piñera, incluyendo a su mujer, Cecilia Morel, y a sus hijos Magdalena y Sebastián. Esta diligencia fue solicitada por el diputado Gutiérrez.
Si la estrategia del Ministerio Público obtiene resultados positivos, desde fines de este mes podría comenzar a abrirse la investigación a las pistas que den los correos electrónicos incautados, partiendo por los que evidencian comunicación entre Sebastián Piñera Morel (que integra Bancard) y Nicolás Noguera (su gerente).
El pasado te persigue
Y es que el pasado siempre le ronda. Cuando Piñera asumió como Presidente en marzo de 2010, aún no vendía el canal Chilevisión, así como sus acciones en la concesionaria de Colo-Colo, Blanco y Negro, y su participación en la aerolínea Lan, hoy fusionada con la brasileña TAM.
Dichos negocios dejaron esquirlas. En particular, la salida de Piñera desde Lan. La fórmula del negocio incluyó un acuerdo con Bethia, el holding de negocios de una rama de la familia Solari, accionistas de Falabella, y que lidera el controlador de Azul Azul, Carlos Heller Solari.
Un reportaje de Ciper develó que la venta del paquete de acciones de Lan en manos de Piñera al grupo Bethia incluyó un aporte –de vuelta– de Heller a Renovación Nacional (RN), el partido de Piñera, y al cual este le entregó la mayor donación en la historia de la colectividad.
El requerimiento incomoda en el entorno de Piñera. Fuentes cercanas al caso advierten que la mayor preocupación del ex Mandatario no está en lo que puedan revelar los correos en lo que atañe a la operación con la pesquera. Más bien –aseguran– la inquietud está en lo que pudiera descubrirse en las comunicaciones hacia atrás, en particular, en los meses previos a que asumiera la Presidencia y en los primeros días de su administración.
Tal aporte no lo hizo directamente el ex Presidente, sino a través de Axxion, la sociedad con que él participaba en Lan y que fue adquirida por Bethia, de Heller, por casi US$ 500 millones en marzo de 2010, haciéndose así con los papeles de la aerolínea. La operación habría incluido el acuerdo con Heller para que su sociedad, la señalada Bethia, instruyera en Axxion el pago de varios cheques por un total de US$ 2.057 millones entre julio y diciembre de 2010.
Fuentes que conocen esa operación aseguran que todavía no se conoce toda su historia. Por un lado, si bien Bancard aseveró en su momento que los impuestos que pagaría por la venta de Axxión superarían los US$ 100 millones, surgieron varias voces sosteniendo que Piñera estaba eludiendo impuestos, mediante el mecanismo de vender a Bethia la sociedad Axxion (propietaria de sus acciones de Lan), y no directamente las acciones de la referida aerolínea. Es el caso, por ejemplo, en mayo de 2010, del senador DC Andrés Zaldívar, quien cuestionó la fórmula, asegurando que solo buscaba eludir el debido gravamen.
Piñera debía tener vendida Lan antes de asumir como Presidente, según el compromiso asumido durante la campaña. Sin embargo, el proceso se demoró, dado que el tamaño del paquete accionario que estaba en su poder era tan relevante que podía afectar el precio de las acciones en Bolsa, lo que tendría efectos en su ganancia y de los demás accionistas. Existe el temor, entre quienes conocen de aquellos negocios, que las comunicaciones electrónicas de Bancard pudieren develar la participación del Mandatario cuando ya ejercía en La Moneda –la venta de Lan fue en mayo de 2010 y Piñera asumió en marzo de ese año–.
Como no todo el patrimonio del ex Jefe de Estado es público, las dudas siempre circulan en torno a sus negocios.
Por ello y porque más de dos tercios de dichos negocios están fuera del denominado “fideicomiso ciego” y se hallan invertidos fuera de Chile, principalmente a través de Bancard, es que esta sociedad de inversiones trata de negarse a entregar los correos electrónicos que se le piden, sobre todo los que son ajenos a la operación de compra de Exalmar. Cabe la posibilidad de que se conozcan operaciones en paraísos fiscales y que ahí se puedan detectar tramas tributarias.
Respecto a Bancard, Piñera ha afirmado reiteradamente que no tiene injerencia en su administración y que, por ende, desconoce sus decisiones de inversión. Justamente este es el argumento para defenderse de la investigación por las compras de acciones de Exalmar mientras presidía el país. No obstante, Bancard la administran solo personas de su particular confianza, partiendo por su hijo, Sebastián, además de su amigo de toda la vida, José Cox, y el gerente de la sociedad, Nicolás Noguera, ejecutivo clave de su entorno íntimo.
La convicción, entre los cercanos a Piñera que conocen el tema, es que la inversión en la pesquera peruana “se ve fea y fue imprudente”, pero que no hay arista que complique al ex gobernante penalmente.
Y aunque la causa está enfocada en Exalmar, la defensa de Piñera tiene claridad que casos de financiamiento a la política, como Penta, partieron por una arista y terminaron en otras, como SQM y parcialmente Corpesca. Si el ministerio público accede a las comunicaciones internas de Bancard y detecta hechos potencialmente irregulares, puede separar la investigación en distintas causas o comenzar a llamar a testificar a nuevos actores, lo que podría enredar las posibilidades de Piñera de repostularse a La Moneda.
Pero no solamente Exalmar y Lan preocupan en las huestes piñeristas. La salida de Chilevisión también ocurrió luego de asumir como Presidente, al igual que desde Blanco y Negro.
En el canal de televisión, a la luz de hechos conocidos por el caso Penta-SQM, se sabe que Bancard fue parte de otra operación llamativa: los bonos por $145 millones que Chilevisión y Bancard debían pagarle a Jaime de Aguirre en 2010, tras su salida del canal, y que fueron pagados por terceras empresas, como la sanitaria Aguas Andinas, la minera SQM, la sociedad de Cox, Illihue, y Pampa Calichera, sociedad controladora de la mencionada minera no metálica y de la que Piñera era accionista a través de las sociedades que dejó en manos del denominado fideicomiso ciego.
Hasta ahora, nadie ha podido explicar en la investigación esa operación, recayendo todos los ojos sobre Santiago Valdés, ex gerente de finanzas de Bancard y que en 2009 fue justamente el administrador electoral de la campaña de Piñera y quien es, hasta hoy, el único formalizado –en esta arista– por delitos tributarios vinculados al caso Penta, por emitir facturas falsas a SQM por $ 318 millones.
Las Cascadas
“Sin la participación del señor Sebastián Piñera, no habría caso cascadas”.
Esa es la opinión de Julio Ponce y lo dejó claro cuando tuvo que ir a declarar a la Fiscalía. Piñera fue la contraparte de Ponce en el origen del caso, a comienzos de 2008, cuando remató más del 10% de la propiedad de Pampa Calichera. Y ganó dinero con ello.
En su testimonio, el controlador de SQM acusa a Piñera de haber intervenido en el caso Cascadas al menos en dos oportunidades, una en un comité político en La Moneda –versión descartada por todos los presentes– y la otra en una “reunión social”, durante una conversación con el abogado Darío Calderón, cercano a Ponce –versión no confirmada–.
En los siguientes meses y hasta 10 días antes que anunciara la creación de su fideicomiso ciego, el 27 de abril de 2009 –en plena campaña presidencial de ese año–, Piñera invirtió US$ 54 millones en acciones de Oro Blanco y Norte Grande y realizó ventas por una cifra levemente inferior a la mitad de las adquisiciones. Esas inversiones quedaron en la parte del fideicomiso que Piñera pactó con Moneda Asset Management, donde trabaja Juan Luis Rivera, ex Bancard y hombre muy cercano al ex Presidente.
Alrededor de toda esta trama, Ponce Lerou liga a La Moneda y especialmente a Piñera. Razón por la cual, en el círculo cercano al ex Mandatario, se teme que en los correos que pide la Fiscalía por el caso Exalmar, haya información que lo complique, relacionada –también– con Las Cascadas.
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