Habla periodista italiano expulsado del país: “El Estado tiene miedo de los extranjeros que pueden hablar fuera de Chile”
El periodista italiano Lorenzo Spairani fue expulsado a comienzos de febrero, sin recibir explicación alguna. En una resolución firmada por el intendente Claudio Orrego, se aduce que el profesional habría sido detectado como partícipe de «diversas actividades antisistémicas». No es la primera vez que ocurre, porque en los últimos meses, el Estado ha expulsado a otras personas sin motivos contundentes.
Lorenzo Spairani.
Lorenzo Spairani es un periodista italiano que llegó a Chile el 28 de octubre de 2016, becado por la Unión Europea para realizar un intercambio de experiencias de trabajo con organizaciones sociales. El pasado viernes 3 de febrero, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) golpearon la puerta de su domicilio en Santiago y sin mediar explicaciones, lo detuvieron. Luego de ser trasladado a dos unidades policiales, fue expulsado del país.
En el documento que establece su expulsión, la orden aparece fechada el 19 de enero y es firmada por el intendente metropolitano, Claudio Orrego Larraín. Sobre el motivo que justifica la determinación de la autoridad regional, solo se afirma que «de los antecedentes remitidos se indica que el extranjero en comento, ha sido detectado participante de diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado».
Foto: Radio Villa Francia
«La policía solo dijo que ellos tenían que seguir este decreto, expulsarme, que no conocían la investigación, no me preguntaron nada», señaló Lorenzo Spairani desde Roma, en conversación con El Ciudadano.
Los funcionarios de la PDI trasladaron al periodista a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (Jenaex) ubicada en la calle Eleuterio Ramirez, comuna de Santiago. Allí identificaron al profesional y después le entregaron el documento que ordenaba su expulsión. Posteriormente fue llevado al cuartel de calle Seminario nº 11, Providencia, uno de los tres recintos habilitados por la Jenaex para los extranjeros que son expulsados del país. Su último día en Chile concluyó cuando fue puesto en un avión a Italia, escoltado durante todo el viaje por dos policías.
¿Cómo interpreta Lorenzo la decisión que terminó por sacarlo del país? «Yo creo que están muy nerviosos. Creo que tengo una mala conciencia sobre lo que hacen, no tengo otra explicación. Yo nunca fui tomado por la policía haciendo nada. Yo estuve grabando videos solamente. Creo que el Estado chileno tiene miedo de que se conozca lo que pasa con las huelgas y los trabajadores. Tiene miedo de los extranjeros que pueden hablar fuera de Chile», comentó.
Registrando el conflicto del Sename
En mayo de 2016, Lorenzo se contactó con la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras de Sename (ARMETRASE), agrupación a partir de la cual desarrollaría su tesis. En su estadía, trabajó en la construcción del sitio web de la organización y produjo material audiovisual registrando las movilizaciones al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename). También cubrió otros conflictos laborales, además de las marchas No+AFP.
En este sentido, Spairani relata: «Yo andaba buscando alguna organización que necesitara una ayuda sobre la prensa, sobre la información e internet, para hacer un estudio sobre el movimiento de los trabajadores en Chile».
En Santiago, Lorenzo vivía junto a otro profesional italiano, igualmente becado por la UE, pero que trabaja registrando las actividades de un taller de serigrafía realizado en la Universidad de Santiago de Chile (USACh). Él no fue expulsado.
Desde ARMETRASE piensan que la operación carece de fundamento. «Es una cosa sumamente arbitraria, en un régimen de la dictadura aún. Lorenzo es sumamente pacífico y la acusación que se le hace, que es un peligro para el Estado de Chile, es una cosa que no se puede suscribir por ningún sentido», señaló René Sáez, secretario de la organización de funcionarios.Otro dirigente de la agrupación, Pablo Tarifeño, cree que «hay una especie de persecución con ciertos extranjeros que vienen a colaborar o interiorizarse de la realidad chilena».
«Una política de seguridad paranoica»
Este 5 de febrero, Rodolfo Noriega, abogado peruano y secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, presentó una acción de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra de la Intendencia de la Región Metropolitana, la PDI y de quienes resulten responsables por la expulsión de Lorenzo Spairani.
El documento presentado por Noriega señala que «se le imputa al amparado la participación en “actividades antisistémicas”. Afirmación genérica de la recurrida no está comprendida en lo establecido en el Numeral 1 del Artículo 15 del D.L. 1.094, salvo que se le asimilara a realizar “actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”. La sola afirmación de participar en un supuesto acto antisistémitico, no es de por sí equiparable a las hipótesis del citado Artículo 15, ello porque no existen una definición cabal de lo que es en propiedad un acto antisistémico, además de en qué forma sería contrario a los intereses de Chile o en qué forma sería peligro para el Estado».
Por su parte, Lorenzo acudió a la Embajada de Chile en Italia, donde le manifestaron que tendría que presentar una carta con todos los antecedentes. Además, en Chile la abogada de ARMETRASE también presentará un recurso, según indicó el periodista italiano.
Rodrigo Román.
Aun cuando se iniciaron una serie de acciones, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, piensa que es difícil que se logre algún tipo de compensación. “Si bien la propia ley establece algunos mecanismos de impugnación, eso es absolutamente irrisorio, toda vez que se firma el decreto, la policía tiene la facultad de expulsarlo inmediatamente del país, razón por la cual cualquier reclamo posterior sería ilusorio», expresó a El Ciudadano.
A partir de este caso, Román considera que «el Estado chileno está dando muestras de una política de seguridad paranoica, que atenta contra la libertad de las personas, contra su libertad de tránsito y de expresión».
Angosta faja de vergüenza
En julio de 2016, el Estado expulsó al ciudadano vasco Iban Gartzia Rubio, quien se encontraba trabajando en el país junto a la radio comunitaria mapuche Kimche Mapu. Cuando fue detenido, Iban estaba en Curarrehue, región de la Araucanía, en un taller de mapudungún. En aquella ocasión, la orden también fue firmada por el Intendente Claudio Orrego.
El ciudadano vasco se encontraba desde febrero en Chile. Para su expulsión se consideró sus actividades junto a colectivos anarquistas y en concentraciones a favor de presos de la ETA.
Recientemente, en enero de este año, tres ciudadanos peruanos, miembros del Taller de Estudios Anarquista (TEA) de la Universidad Mayor de San Marcos, fueron expulsados del país. Los jóvenes pretendían participar en el seminario «Encuentro Fraternal Anarquista derribando fronteras», realizado el 27 de enero, pero fueron detenidos en La Serena y la expulsión se justificó en la prohibición de ingreso para quienes «propaguen fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a alterar el orden social».
Para el abogado Rodrigo Román, las determinaciones que afectaron a Lorenzo Spairani, Iban Gartzia Rubio y los tres jóvenes peruanos demuestran que «la inteligencia policial está muy concentrada en detectar la presencia de ciudadanos extranjeros en Chile que se vinculan legítimamente con distintos movimientos sociales, lo que en ningún caso constituye un peligro para la seguridad del Estado, sino más bien creo que es la paranoia de la inteligencia, creyendo que desde fuera de las fronteras podría provenir un enemigo capaz de corroer las bases de la institucionalidad, como creen los más conspicuos fascistas del país».
* El Ciudadano intentó contactar al intendente Claudio Orrego, para preguntarle sobre los antecedentes que tuvo en conocimiento al momento de firmar la resolución de expulsión del periodista italiano Lorenzo Spairani. La autoridad regional no quiso entregar declaraciones a este medio.
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